La decisión del Gobierno de incorporar comisionados extranjeros en la reforma y modernización de la Policía Nacional ha despertado inquietudes entre miembros de alto rango. De acuerdo con fuentes internas, varios generales consideran que adaptar modelos policiales de otros países, cuyos contextos sociales, económicos y culturales son diferentes, podría no ser lo más adecuado para abordar los desafíos actuales de seguridad ciudadana y otras áreas en la República Dominicana.
La designación de un general retirado de la policía de Colombia, tras una asesoría inicial proveniente de España, genera preocupaciones sobre la posible implementación de modelos y tácticas que podrían no ajustarse a la realidad ni al marco jurídico nacional. Esta situación plantea cuestionamientos respecto a la viabilidad y eficacia de dichos cambios en el largo plazo, según lo indica un alto oficial vinculado estrechamente con el proceso de reforma.
Añade que la principal objeción radica en las profundas diferencias culturales, operativas y legales entre los países de origen de los asesores y la República Dominicana. En Colombia, la Policía Nacional es una fuerza adscrita al Ministerio de Defensa, con un enfoque y una doctrina forjada en años de lucha contra grupos subversivos y beligerantes (como las extintas FARC).
En contraste, la Policía Nacional Dominicana, según su Ley Orgánica (Ley 590-16), depende administrativamente del Ministerio de Interior y Policía. “Importar un diseño de acciones y un programa de formación que replique la experiencia en zonas de conflicto es darle un matiz de guerra a una nación que, gracias a Dios, no está expuesta a grupos beligerantes internos. Esto es ignorar la realidad dominicana”, añade el experto que prefirió mantenerse anónimo.
Plantea, asimismo, que la principal necesidad de la policía dominicana no es la formación en contrainsurgencia, sino la capacitación continua en aspectos legales, el respeto a la Constitución y los derechos humanos, y protocolos efectivos para el abordaje ciudadano y el uso progresivo de la fuerza, tal como lo establece el ordenamiento jurídico local.
El oficial menciona otro punto relevante: la tendencia del Gobierno a contratar personalidades extranjeras en lugar de aprovechar el talento humano de la institución. Según él, esto genera inquietud sobre por qué no se considera a generales activos o retirados de la Policía Nacional, quienes son experimentados y comprenden a fondo las estructuras operativas y de formación del cuerpo policial.
En diversas reuniones se ha planteado la inquietud de que ciertos aspectos fundamentales de la reforma podrían derivar en conflictos internos, ya que las estrategias propuestas por los comisionados, tanto el español como el colombiano, pueden no estar totalmente alineadas con las perspectivas locales, según lo señalado por la fuente consultada por Acento.
La preocupación aumenta al considerar el contexto del país de origen del actual asesor. En el último año, y más recientemente la semana pasada, el gobierno de Colombia ha llevado cabo varios cambios en la alta dirección de su policía, en respuesta a desafíos en materia de seguridad ciudadana. Esta situación genera interrogantes acerca de la posibilidad de reproducir el modelo presentado, dice el oficial consultado.
"La sociedad dominicana demanda y espera que la millonaria inversión en esta reforma se traduzca en una policía verdaderamente moderna, eficiente y respetuosa de las leyes, pero que, sobre todo, sea una reforma con rostro y soluciones dominicanas, adaptada a las necesidades reales del ciudadano, y no a escenarios de conflicto bélico foráneo", indicó la fuente.
Señala que el Gobierno enfrenta el reto de demostrar que la incorporación de asesoría extranjera, considerando sus diferencias culturales y operacionales, resultará efectiva para alcanzar los objetivos que el país requiere con urgencia.
Violaciones a normativas y decretos
Por otro lado, la fuente vinculada al proceso de reforma indica que la transformación de la Policía Nacional, promovida por el Poder Ejecutivo, enfrenta cuestionamientos institucionales debido a recientes nombramientos de directores de escuelas en el Instituto Policial de Educación Superior (IPES), los cuales podrían contradecir la normativa legal emitida por la Presidencia de la República.
La situación actual se caracteriza por cuestionamientos acerca de una posible extralimitación de atribuciones por parte de la Dirección General de la Policía Nacional, presuntamente en contradicción con lo estipulado en los decretos presidenciales. La reforma estructural emprendida tras la asunción del presidente Luis Abinader en 2020 tiene como objetivo principal modernizar la institución policial, orientándola hacia la garantía de los derechos fundamentales y su dependencia funcional respecto al Ministerio Público, indica el experto en la entrevista.
En su relato, asegura que un pilar de esta transformación es la reestructuración del órgano educativo, el IPES. Marco Legal y Régimen de Transición para estos fines; el Poder Ejecutivo emitió el Decreto 371-21 (de fecha 8 de julio de 2021, no 2022, como se consignó), que estableció la hoja de ruta para la modernización académica. "Proceso de Transición (Dos Años): Adecuaciones y medidas provisionales necesarias para optimizar el funcionamiento y los resultados del IPES. Diseño y modelo: Creación de un Instituto Policial de Educación (IPE) acorde al nuevo modelo policial, con un plazo de seis años," explicó la fuente.
Para supervisar esta transición, el mismo decreto creó una Junta Directiva con plenos poderes (previa consulta al Consejo Superior Policial) para ejecutar los cambios provisionales. Esta Junta quedó integrada por nueve miembros, incluyendo tres delegados de la sociedad civil, tres de la Comisión Técnica, y un representante de cada una de las siguientes entidades: Ministerio de Interior y Policía, IPES e Instituto Superior para la Defensa (INSUDE), indica.
El presidente Abinader promulgó el Decreto 141-24 el 6 de marzo de 2024, mediante el cual se modifican dos artículos relevantes del Decreto 20-22, que regula la Ley Orgánica de la Policía Nacional (Ley 590-16). Respecto al ingreso al IPES (Artículo 79), se establece que la edad máxima para estudiantes ha sido incrementada de 24 a 30 años.
En relación con la designación de autoridades conforme al Artículo 190, se ha suprimido la elección del rector del IPES mediante terna propuesta por el Consejo Superior Policial, anteriormente limitada a oficiales generales. La normativa actual determina que tanto el rector como los vicerrectores serán nombrados directamente por el Presidente de la República, seleccionados a partir de una lista conformada por miembros activos de la Policía Nacional que ostenten, como mínimo, el rango de oficiales superiores, explicó el especialista consulado por Acento.
Dice que el punto central de la controversia se halla en el artículo 2, párrafo III de la vigentes, el cual establece que los directores de Escuela del IPES serán designados por el rector.
La Dirección General de la Policía Nacional ha nombrado directamente a los directores de las distintas escuelas, lo cual no se ajusta a la jerarquía ni al procedimiento de designación establecidos en el decreto presidencial correspondiente.
Estas designaciones, al ser efectuadas por una autoridad distinta a la legalmente facultada (el rector del IPES), podrían constituir una irregularidad institucional. Asimismo, que tales decisiones se realicen sin la participación o consulta de la Junta Directiva —órgano establecido con atribuciones plenas para el proceso de transición— puede afectar la gobernanza de la reforma y derivar en posibles conflictos de competencia entre la autoridad policial y el Poder Ejecutivo, destacó la fuente.
El funcionario y especialista sostiene que la situación cuestiona el cumplimiento de la normativa presidencial por parte de los altos mandos policiales, lo cual puede afectar negativamente la credibilidad del proceso de reforma y la estabilidad en la gobernanza del sistema educativo.
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