El exprocurador general de la República, Jean Alain Rodríguez, afirmó que cuando la justicia deja de concentrarse en la persecución de los delitos y dirige su actuación contra las personas, se pone en riesgo el Estado de derecho y las libertades fundamentales de todos los ciudadanos.
En un artículo de opinión que circula por correo electrónico este 10 de julio, titulado “Cuando la justicia deja de perseguir delitos y comienza a perseguir personas”, Rodríguez reflexiona sobre su experiencia tanto como procurador general como imputado en un proceso penal que, según señala, se ha prolongado por casi seis años.
El abogado sostiene que esa doble experiencia le permitió comprender la importancia de las garantías procesales y la responsabilidad que implica ejercer el poder del Estado, al tiempo que insiste en la necesidad de abrir un debate sobre los límites de la persecución penal en República Dominicana.
Rodríguez asegura que las garantías procesales no fueron creadas para proteger a personas culpables, sino para impedir que el poder estatal actúe sin restricciones. En ese sentido, afirma que combatir la corrupción debe hacerse respetando estrictamente la Constitución y las leyes.
Asimismo, advierte que una investigación penal no debe convertirse en un mecanismo para afectar la reputación, el patrimonio, la familia o la actividad profesional de un ciudadano antes de que exista una sentencia definitiva.
En el artículo también cuestiona prácticas como las filtraciones de información a la opinión pública, las presiones sobre jueces, abogados y testigos, el uso de la prisión preventiva como castigo anticipado y la prolongación de los procesos más allá del plazo legal establecido.
El exprocurador cita estadísticas del Poder Judicial para señalar que miles de procesos han sido extinguidos por vencimiento del plazo máximo de duración, argumentando que el tiempo también puede convertirse en una pena cuando excede los límites fijados por la ley.
Finalmente, Rodríguez sostiene que la fortaleza de la justicia no debe medirse por la cantidad de acusaciones o condenas obtenidas, sino por su capacidad para investigar con objetividad, respetar el debido proceso y garantizar los derechos fundamentales de todas las personas, independientemente de su posición o popularidad.
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