Un juez de la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente del Distrito Nacional impuso medidas de coerción consistentes en presentación periódica, garantía económica de RD$ 400,000 mediante contrato e impedimento de salida contra el cabo de la Policía Nacional, Elpidio Antonio Acosta, imputado por la muerte del teniente coronel retirado Carmelo Polanco, ocurrida el pasado 10 de mayo en el sector La Ciénaga.
Durante el conocimiento de la solicitud de medida de coerción, el tribunal dispuso además el aplazamiento de la audiencia para permitir la realización de una entrevista mediante cámara Gesell a un menor de edad vinculado al caso. La diligencia fue programada para este lunes.
Datos sobre el hecho
El hecho ocurrió alrededor de las 10:20 de la noche, mientras Polanco compartía con familiares durante la celebración del cumpleaños de su madre.
Según la investigación del Ministerio Público, una patrulla de la unidad Topo, integrada por el imputado y otros tres agentes, realizaba labores de búsqueda de un presunto delincuente en la zona cuando se produjo el disparo que impactó al oficial retirado.
De acuerdo con la solicitud de medida de coerción presentada por la procuradora de corte Santa Matilde Reyes Valenzuela, encargada del Departamento de Asuntos Internos de la Fiscalía del Distrito Nacional, las pesquisas establecen que el disparo salió desde el interior del vehículo policial y atravesó el lado derecho de la unidad.
Tras el incidente, los agentes trasladaron a Polanco al Hospital Docente de la Policía Nacional, donde fue sometido a una intervención quirúrgica. Sin embargo, falleció a causa de la herida de bala.
La investigación técnica incluye un informe de la Dirección de Área de Policía Científica que detectó residuos de pólvora en el arma de reglamento asignada al cabo Acosta.
Asimismo, un análisis balístico realizado por el Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif) determinó que el proyectil extraído del cuerpo de la víctima coincide con los disparos de prueba efectuados con dicha arma.
El Ministerio Público indicó además que el imputado entregó voluntariamente su arma de reglamento y manifestó que el disparo ocurrió mientras la manipulaba dentro del vehículo policial.
Hecho accidental
Por su parte, la abogada defensora Yessenia Dipiton Hiciano sostuvo que se trató de un hecho accidental y que las pruebas presentadas respaldan esa versión.
Explicó que los agentes se encontraban en labores de patrullaje y seguimiento de un sospechoso cuando el cabo, quien conducía la unidad, permaneció solo dentro del vehículo manipulando su arma de reglamento.
Según la defensa, cuando el copiloto regresó y se sentó en el vehículo, golpeó involuntariamente la mano del imputado, provocando el disparo que posteriormente impactó a la víctima.
“Fue involuntario, no fue que ellos quisieron ni que él quiso hacer daño”, afirmó la jurista al concluir la audiencia.
El proceso continuará una vez se incorporen los resultados de las diligencias pendientes ordenadas por el tribunal.
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