La Junta Central Electoral (JCE) conmemoró este sábado su ciento veintitrés aniversario con un mensaje centrado en una idea que el organismo busca instalar como principio de Estado: “identidad es soberanía”.
El planteamiento fue expuesto por el presidente de la institución, Román Jáquez Liranzo, quien subrayó que la identidad no es un trámite administrativo, sino una función constitucional que sostiene la paz social, el bien común y la propia existencia del país como nación.
Ante miembros de la prensa y la comunidad local, Jáquez Liranzo describió la conmemoración como algo más que un conteo de años: “es una conmemoración de historias”, dijo, al recordar que la JCE ha administrado procesos electorales “dentro de dictaduras, autoritarismo y democracia”, manteniéndose operativa “a pesar de los vaivenes” de la vida política nacional.
El titular del organismo destacó el papel regional de la entidad. Afirmó que la JCE es “el órgano electoral más antiguo de toda Latinoamérica” y que en la actualidad figura como “referente de integridad electoral” entre las autoridades electorales de la región, además de ubicarse “entre los primeros cinco” en confianza ciudadana, según expresó en su intervención. En su relato, ese posicionamiento no sería el resultado de una sola gestión, sino “el constructo de un cuerpo colegiado” y de “hombres y mujeres” a quienes definió como “soldados de nuestra democracia”.
Sin embargo, el discurso giró hacia el eje que la JCE considera inseparable de la vida democrática: la identidad.
“Lo electoral solo es una de las dos grandes responsabilidades de la Junta Central Electoral. La otra es la identidad, de ahí su lema, identidad y democracia”, sostuvo Jáquez Liranzo. En ese marco, afirmó que la identidad “es una afirmación de quiénes somos como personas y sobre todo como nación dominicana”.Román Jáquez Liranzo, presidente de la JCE.
El presidente de la JCE insistió en el carácter constitucional y transversal de ambas funciones —elecciones e identidad— y las vinculó directamente con la soberanía estatal. “Particularmente, la identidad es un requisito de nación, de su soberanía como Estado”, afirmó. A partir de esa premisa, explicó que el Pleno del organismo ha acuñado la expresión “identidad es soberanía”, idea que busca sintetizar el alcance del registro civil y del documento de identificación en la vida pública.
Jáquez Liranzo enumeró las tareas que sostienen esa afirmación: la JCE es responsable y guardiana del registro civil, es decir, “de las actas de nacimiento, de matrimonio, de divorcio, de defunción”, entre otras. “La Junta Central Electoral impacta a la persona desde su nacimiento hasta más allá de su muerte”, añadió, al remarcar que la identidad legal acompaña la trayectoria completa del ciudadano y, en consecuencia, ordena derechos, deberes y relaciones con el Estado.
En esa misma línea, recordó que la institución también es “constitucionalmente” responsable y guardiana de la cédula de identidad y de la cédula de identidad y electoral, documento que, en la práctica, articula la identificación cotidiana y el ejercicio del sufragio.
Para la JCE, esa doble condición —civil y electoral— refuerza la idea de que la identidad no puede ser tratada como un mero servicio administrativo: es, en términos del discurso, una infraestructura institucional de la soberanía.
Con ese encuadre, el presidente anunció lo que calificó como el paso más importante en la historia reciente de la identidad dominicana: el inicio del proyecto de renovación de las cédulas. “Damos inicio al ya realidad, proyecto más importante en la historia de nuestra identidad: la renovación de las cédulas, la misión de otorgar a más de nueve millones de dominicanos y dominicanas una nueva cédula”, declaró.
Jáquez Liranzo enfatizó que el plan debe entenderse como un proyecto de Estado. Insistió en que no se trata “de un simple trámite burocrático” ni de “un simple cambio de un plástico”, sino de una iniciativa cuya “importancia del documento es trascendental”, según remarcó.
En su mensaje, el titular de la JCE buscó consolidar una narrativa institucional que vincula el orden civil con la estabilidad democrática: sin identidad confiable —actas protegidas, registro civil robusto, documentos seguros y vigentes— no solo se comprometen servicios o estadísticas, sino el propio pacto ciudadano que sostiene al Estado. En palabras del presidente de la Junta, la identidad no es un accesorio del sistema: es una condición de soberanía.
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