Cristian González Cabrera, investigador principal de HRW, declaró que -durante décadas- "estas disposiciones obligaron a los agentes LGBT a vivir con miedo a ser castigados simplemente por ser quienes son".
"Este fallo es una rotunda afirmación de que un futuro más inclusivo es posible y necesario según la legislación dominicana", añadió González Cabrera sobre la sentencia, criticada por las iglesias locales y organizaciones como el Colegio Dominicano de Abogados, que este mismo jueves la calificó como "desafortunada e innecesaria".
En un comunicado, HRW recordó un escrito presentado ante el TCRD en agosto de 2024, en el que argumentó que la criminalización de la conducta entre personas del mismo sexo viola las normas internacionales, incluidos los derechos a la protección contra la injerencia arbitraria e ilegal en la vida privada y familiar y en la reputación o dignidad de la persona.
Asimismo, HRW apuntó que el fallo del tribunal dominicano se alinea con una tendencia regional, ya que en los últimos años países de la región como Perú, Ecuador, Venezuela y Estados Unidos han eliminado leyes y políticas discriminatorias similares que penalizaban las conductas homosexuales de los agentes del orden.
Al acoger una demanda presentada por los abogados Anderson Javiel Dirocie De León y Patricia Santana Nina, la alta corte dominicana señaló que estas normas impugnadas "violan el principio de razonabilidad, discriminan de manera injustificada a las personas por su orientación sexual, afectan la intimidad, el libre desarrollo de la personalidad y el derecho al trabajo" de las personas que forman parte de la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas, por lo cual ordenó su expulsión del ordenamiento jurídico de esas instituciones.
En su nota, HRW citó a Dirocie De León quien declaró que "este resultado positivo representa el primer caso de aplicabilidad general que promueve la igualdad y la dignidad de las personas LGBTI en la República Dominicana".
En tanto, Santana Nina señaló que "esta decisión marca un paso decisivo para garantizar que estas instituciones, así como cualquier organismo público o privado, adapten sus normas y prácticas para asegurar que ninguna persona sea discriminada o sancionada por su orientación sexual".
La República Dominicana, donde sólo se reconoce el matrimonio entre un hombre y una mujer, "se encuentra rezagada en materia de derechos de las personas LGBT e intersexuales en comparación con sus vecinos latinoamericanos", según Human Rights Watch.
La organización añadió que el país carece de una legislación integral contra la discriminación civil, del derecho al matrimonio igualitario o a la unión civil, y del reconocimiento de la identidad de género para las personas transgénero, entre otras protecciones fundamentales.
En opinión de HRW, el presidente Luis Abinader y el Congreso Nacional "deberían aprovechar el impulso de este fallo histórico para promover protecciones largamente esperadas para las personas LGBT", para que República Dominicana "pueda alinearse con el progreso de América Latina y demostrar un compromiso genuino con la igualdad y la dignidad para todos".
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