El conflicto entre el Colegio de Abogados de la República Dominicana, CARD, y el Poder Judicial escaló luego de que el fiscal nacional del gremio, Césareo González Suero, rechazara categóricamente el auto mediante el cual el Tribunal Disciplinario de Honor emplazó a tres jueces del Tribunal Superior Administrativo, TSA, a comparecer ante ese órgano.
En una certificación fechada el 16 de junio de 2026, González Suero negó haber interpuesto querella alguna contra los magistrados Luisa Natividad del Carmen Canaan Polanco, William Radhamés Encarnación Mejía y Willys de J. Núñez Mejía, integrantes de la Primera Sala del Tribunal Superior Administrativo.
El documento se refiere al Auto número 028/2026, correspondiente al expediente FDN-2026-0245, emitido por el Tribunal Disciplinario de Honor del CARD, que fija audiencia para el miércoles 8 de julio de 2026, a las 10:00 de la mañana, en la avenida Bolívar número 9, Gazcue, Distrito Nacional.
La citación fue firmada por Giovanni Matos Suberví, juez presidente del Tribunal Disciplinario de Honor del Colegio de Abogados. En el auto se indica que la querella habría sido interpuesta por la Junta Directiva Nacional del CARD por presunta violación a la Ley 3-19, que crea el Colegio de Abogados, y al Código de Ética del Profesional del Derecho.
Fiscal nacional dice que no autorizó querella
En su certificación, González Suero sostiene que no ha interpuesto querella formal ni informal contra los jueces citados, que no autorizó ni delegó en persona alguna la presentación de acciones en su nombre y que tampoco fue convocado a reunión de la Junta Directiva Nacional para conocer o aprobar una actuación de esa naturaleza.
El fiscal nacional del CARD afirma que se enteró del auto por redes sociales y calificó el procedimiento como “nulo”, “ilegal”, “carente de legitimación activa” e “incompetente por razón de la materia y de la persona”.
También pidió investigar la presunta falsificación de documentos y la posible usurpación de funciones que, según plantea, habría dado lugar al auto de citación contra los magistrados del TSA.
El Poder Judicial responde
La controversia provocó una reacción institucional del Consejo del Poder Judicial, CPJ, que emitió un comunicado en el que recordó que, conforme a la Constitución y las leyes vigentes, le corresponde de manera exclusiva conocer y decidir los asuntos disciplinarios relacionados con jueces, juezas y demás integrantes del Poder Judicial.
El órgano de gobierno del Poder Judicial señaló que sus precisiones responden a “recientes actuaciones relacionadas con jueces en ejercicio” y al deber institucional de preservar las competencias establecidas en el ordenamiento jurídico dominicano.
“El Consejo del Poder Judicial reafirma su compromiso con la defensa de la independencia judicial, el respeto a la separación de poderes y el fortalecimiento de una justicia imparcial e independiente, al servicio de la ciudadanía y del Estado de derecho”, indicó el comunicado.
Una disputa por competencia disciplinaria
El punto central del conflicto está en determinar si el Tribunal Disciplinario de Honor del CARD puede citar o juzgar disciplinariamente a jueces en ejercicio por presuntas violaciones éticas.
El Consejo del Poder Judicial sostiene que no. Su posición es que la potestad disciplinaria sobre jueces corresponde exclusivamente a los órganos constitucionales y legales del propio Poder Judicial.
Esa tesis coincide con lo planteado por el fiscal nacional del CARD, quien en su certificación afirma que los jueces no ejercen la abogacía como profesionales particulares, sino una función jurisdiccional del Estado, por lo que no pueden ser sometidos al régimen disciplinario del Colegio de Abogados como si actuaran en el libre ejercicio profesional.
González Suero también invoca el principio de separación de poderes y advierte que permitir que un órgano del Colegio de Abogados procese disciplinariamente a magistrados podría afectar la independencia judicial.
El origen del conflicto
De acuerdo con una fuente que confirmó los antecedentes del caso a Acento, el episodio tiene su origen en un proceso disciplinario seguido por el Colegio de Abogados contra varios profesionales del derecho.
La fuente explicó que los abogados acudieron en amparo ante el Tribunal Superior Administrativo, que habría emitido decisiones dejando sin efecto actuaciones del proceso disciplinario. Pese a ello, según esa versión, el Colegio de Abogados habría continuado con el procedimiento y emitido una decisión sancionadora.
Posteriormente, los afectados recurrieron ante el pleno de la Suprema Corte de Justicia y también solicitaron ante el TSA la suspensión de la ejecución provisional de la sanción. En ese contexto, se habría producido la recusación y posterior citación disciplinaria contra los jueces de la Primera Sala del Tribunal Superior Administrativo.
Esa actuación generó preocupación en sectores de la comunidad jurídica, debido a que colocó al CARD en una controversia directa con jueces activos del sistema judicial.
Fiscal del CARD pide archivar expediente
En su documento, Césareo González Suero solicita que se archive el expediente FDN-2026-0245, al considerar que carece de validez jurídica.
Además, pide que se investigue la falsificación de documentos, la presunta usurpación de funciones y cualquier actuación que haya dado lugar al auto de citación contra los jueces del TSA.
También exige que se sancione a los responsables de esas actuaciones, incluyendo a cualquier persona que haya participado en la elaboración, difusión o notificación de documentos que, según afirma, fueron emitidos sin su autorización.
Un choque institucional sensible
El caso ha abierto un debate sensible sobre los límites de competencia del Colegio de Abogados frente al Poder Judicial, especialmente cuando las actuaciones disciplinarias involucran a magistrados en ejercicio.
Mientras el CARD tiene atribuciones disciplinarias sobre abogados en el ejercicio profesional, el Poder Judicial insiste en que sus jueces solo pueden ser investigados y sancionados por los órganos establecidos en la Constitución, la Ley de Carrera Judicial y la normativa interna del sistema judicial.
La controversia ocurre, además, en un contexto de tensión entre sectores del gremio jurídico y el Poder Judicial, luego de debates recientes sobre independencia judicial, condiciones del servicio de justicia y competencias institucionales.
Por ahora, el punto más delicado no es solo la citación emitida contra los jueces, sino el hecho de que el propio fiscal nacional del CARD desconoce la querella atribuida a su órgano y pide investigar cómo se produjo el auto que dio origen al emplazamiento.
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