La Fundación Institucionalidad y Justicia (Finjus) llamó este jueves a preservar el equilibrio entre la seguridad ciudadana y el respeto de los derechos fundamentales, al considerar que la respuesta del Estado frente a la criminalidad no puede limitarse únicamente a la actuación policial.
En un documento firmado por su vicepresidente ejecutivo, Servio Tulio Castaños Guzmán, la organización sostuvo que República Dominicana enfrenta desafíos importantes relacionados con la criminalidad violenta, por lo que entiende necesario desarrollar una política integral que combine prevención, política social, investigación, persecución y sanción de los hechos delictivos.
Finjus reconoció el papel central de la Policía Nacional como primer órgano de intervención ante situaciones que comprometen el orden y la seguridad pública, y consideró necesario que sus agentes cuenten con entrenamiento, preparación y respaldo institucional para actuar ante situaciones de riesgo.
Sin embargo, advirtió que la firmeza policial no debe interpretarse como una política de “mano dura” que pueda apartarse de los límites establecidos por la Constitución y las leyes.
Uso de la fuerza debe responder a la amenaza
La organización señaló que toda actuación policial debe regirse por los principios de legalidad, necesidad, proporcionalidad y responsabilidad, especialmente cuando implique el uso de la fuerza.
“El uso de la fuerza debe responder siempre a una evaluación objetiva de la amenaza existente y ser proporcional al hecho y la circunstancia concreta que motiva la intervención”, plantea el documento.
Finjus indicó que los agentes deben diferenciar entre situaciones que representan un peligro real e inminente y aquellas en las que la amenaza haya cesado o no justifique determinados niveles de fuerza, particularmente la fuerza letal.
Para la entidad, la proporcionalidad constituye el elemento que permite distinguir una intervención legítima de una actuación abusiva.
Advierte sobre ejecuciones extrajudiciales
Finjus también abordó las ejecuciones extrajudiciales y las definió como la privación de la vida de una persona en circunstancias que no están justificadas por las condiciones concretas de una intervención policial legítima.
La organización sostuvo que una actuación de esa naturaleza sería incompatible con el artículo 37 de la Constitución, relativo al derecho a la vida.
Advirtió que cuando el uso de la fuerza se aparta de los parámetros legales, las consecuencias no se limitan al caso particular, sino que pueden afectar la legitimidad de las instituciones, la confianza ciudadana y la efectividad de las políticas de seguridad.
“La ciudadanía puede valorar actuaciones firmes y enérgicas frente a la criminalidad siempre que se mantengan dentro de los márgenes establecidos por la Constitución y la ley”, sostuvo Finjus.
Respalda proceso de transformación policial
La fundación expresó su respaldo al proceso de transformación y modernización de la Policía Nacional, particularmente a la profesionalización de los agentes, la formación técnica y ética y el desarrollo de un nuevo modelo de servicio policial.
Consideró que la sostenibilidad de ese proceso dependerá de la capacidad institucional para combinar la prevención e investigación del delito con el respeto de las garantías constitucionales.
Finjus señaló además que las instituciones policiales necesitan capacidades operativas adecuadas, acompañadas de mecanismos de control y rendición de cuentas.
“La efectividad de la acción policial no puede medirse únicamente por sus resultados operativos, sino también por su capacidad de preservar la legitimidad institucional, fortalecer la confianza ciudadana y actuar conforme a los principios que sustentan el ejercicio legítimo de la autoridad pública”, indicó.
Seguridad y derechos no son objetivos contrapuestos
La organización sostuvo que la seguridad ciudadana y la protección de los derechos fundamentales deben ser consideradas condiciones complementarias y no objetivos enfrentados.
También afirmó que el control de la delincuencia requiere fortalecer otras áreas del sistema de justicia y abordar las condiciones sociales que pueden contribuir a la criminalidad.
Finjus concluyó que una política sostenible de seguridad debe permitir que las actuaciones policiales conduzcan al funcionamiento adecuado del sistema judicial, garantizando que las personas investigadas o detenidas sean procesadas conforme a los procedimientos establecidos por la legislación.
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