El Gabinete de Política Social dio un paso hacia la descentralización de sus programas al iniciar una alianza formal con organizaciones de la sociedad civil, en un encuentro celebrado este miércoles en Santo Domingo. La coordinadora del organismo, la doctora Geanilda Vásquez, convocó a fundaciones y colectivos comunitarios con un mensaje claro: los programas del Estado no pueden quedarse dentro de las instituciones.
Una apuesta por la articulación en terreno
La reunión reunió a más de una docena de organizaciones que operan directamente en comunidades vulnerables, entre ellas la Fundación Fuente de Amor, la Fundación Acción por El Progreso de Pedro Brand, la Fundación Griffin, el Proyecto Te Veo y la Asociación de la Comunidad Dominico-Haitiana, entre otras.
El encuentro no fue solo protocolar. Incluyó presentaciones de los programas bandera del Gabinete que buscan escalar con apoyo de la sociedad civil: el programa Oportunidad 14-24, orientado a la inserción educativa y laboral de jóvenes; el CEDI-Mujer, para la atención integral de mujeres en situación de vulnerabilidad; y los Centros Tecnológicos Comunitarios (CTC), que funcionan como puntos de acceso digital en barrios y comunidades de bajos ingresos.
"Para nosotros, la colaboración con ustedes es esencial. Así como ustedes pueden contar con nosotros, nosotros contamos con ustedes", afirmó Vásquez ante los representantes de las organizaciones.
Mujeres y comunidades, en el centro de la agenda
El encuentro puso especial énfasis en el empoderamiento femenino y el desarrollo local. Participaron activamente la Asociación Mujeres Unidas por el Porvenir de La Caleta, el colectivo Mujeres Socio Política Mamá Tingó, la Fundación Club de Madres y Mujeres Emprendedoras y el Cemujer, instituciones que presentaron sus iniciativas para el bienestar económico de las mujeres.
Esta orientación no es casual. Desde que Abinader asumió su segundo mandato, el Gabinete de Política Social —ahora bajo la conducción de Vásquez, quien reemplazó a Tony Peña Guaba en enero de 2026— ha reforzado el enfoque de género como eje transversal de la política social. En abril pasado, Vásquez juramentó una nueva directora regional del CEDI-Mujer en Santiago, señal de una reorganización institucional en curso.
El contexto: pobreza a la baja, pero desigualdad persistente
La iniciativa llega en un momento en que el gobierno presume de avances en la reducción de la pobreza —del 25.8 % en 2019 al 17.3 % en 2025, según cifras del propio Ejecutivo— pero enfrenta cuestionamientos sobre la persistencia de la desigualdad. Un informe de la ONU publicado en abril advirtió que la brecha entre ricos y pobres sigue creciendo a nivel global, y República Dominicana no escapa a esa tendencia estructural.
En ese marco, la apuesta por articular el aparato estatal con organizaciones que ya tienen presencia y credibilidad en las comunidades apunta a resolver uno de los problemas históricos de la política social dominicana: la distancia entre el diseño institucional y la realidad del territorio.
Vásquez lo resumió con precisión: "Queremos que tengan la certeza de que estamos abiertos a escuchar sus sugerencias y propuestas. Ese es nuestro compromiso: trabajar juntos para transformar vidas y construir oportunidades."
La pregunta que queda abierta es si esta articulación derivará en acuerdos formales con presupuesto asignado, o si quedará como un espacio de diálogo sin mecanismos concretos de seguimiento y rendición de cuentas.
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