El psicólogo Juan Raddamés de la Rosa Hidalgo, director ejecutivo de la Asociación Casa Abierta, criticó las políticas dominicanas de prevención y tratamiento de adicciones tres días después de conocerse que EEUU quiere al país a cargo de la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (ONUDD).
Mientras las autoridades dominicanas destacan como un logro que “la República Dominicana es modelo a seguir en la prevención de drogas sintéticas” y exhiben su “estrategia global contra esta amenaza” con el fentanilo como centro, De la Rosa asegura que la realidad nacional es diametralmente opuesta.
“Con frecuencia fallecen personas por sobredosis de heroína o fentanilo porque no existen capacidades instaladas en hospitales públicos ni medicamentos antagonistas como la naloxona, indispensables para evitar muertes”, afirmó en una declaración escrita.
Es evidente, subrayó, que, en materia de la cooperación internacional, especialmente con los EE.UU., las políticas de “guerra contra las drogas” de la República Dominicana, "tiene los bonos bien altos", pero los programas de prevención del Estado son más “estrategias de marketing o relaciones públicas” que verdaderas políticas públicas, mientras el consumo aumenta, los puntos de drogas se multiplican en los barrios y líderes comunitarios denuncian la complicidad de autoridades corrompidas.
Declaración íntegra
Nuestras autoridades destacan con orgullo sus muy publicitados éxitos en materia de control y represión al tráfico internacional de drogas.
Resaltan, especialmente las acciones en contra de las nuevas sustancias psicoactivas, que son las drogas sintéticas, en especial el fentanilo. Se afirma que “la República Dominicana es el modelo a seguir en la prevención de drogas sintéticas: primer país y presidente en establecer una estrategia global contra esta amenaza”.
Recientemente, se ha anunciado que el gobierno de los Estados Unidos propone que el gobierno dominicano presente candidatura para participar en la elección del director ejecutivo del organismo de las Naciones Unidas especializado contra la Droga y el Delito, la ONUDC.
Es evidente que, en materia de la cooperación internacional, especialmente con los EE.UU., las políticas de “guerra contra las drogas” de la República Dominicana, tiene los bonos bien altos.
Mientras nos solazamos con todos estos elogios y reconocimientos de los EE.UU., muy diferente es lo que está sucediendo a nivel local, con las estrategias nacionales de prevención y tratamiento de las adicciones. Ni hablar de la investigación, reducción de riesgos y daños, formación, reinserción social, que son solo sueños de ilusos en estos momentos.
Paradójicamente, son estas las estrategias y no la llamada “guerra contra las drogas” las que se llama a priorizar en toda política nacional que pretenda ser exitosa. Una gran contradicción.
Aunque no es noticia, con mucha frecuencia fallecen personas por sobredosis de heroína o fentanilo, porque no existe en los hospitales públicos las capacidades instaladas ni los medicamentos antagonistas de los derivadores del opio, como la Naloxona, indispensables para evitar las muertes.
Esto está sucediendo a pesar de que se afirma que somos el “modelo a seguir en la prevención de drogas sintéticas” y que tenemos una “estrategia global contra esta amenaza”.
La realidad es que de ese “modelo” solo se conoce que las autoridades niegan la presencia del fentanilo en el país. En la acera de enfrente están indicadores de fallecimientos por sobredosis y las organizaciones que atienden a estas personas, que afirman lo contrario.
Los programas preventivos del Estado, por su escasa cobertura, se asemejan más a estrategias de marketing o relaciones públicas que a verdaderas políticas.
Los consumos crecen y las personas que desarrollan consumos problemáticos o adicciones no tienen las atenciones que se merecen.
La venta de sustancias ilegales ya no es un tema clandestino. Se multiplican los llamados “puntos de drogas” en todo el país. Líderes comunitarios con frecuencia denuncian connivencia de autoridades corrompidas.
Las organizaciones sociales, cargando con la responsabilidad estatal, languidecen por falta de apoyo. Estas organizaciones han visto cómo se violan o eliminan los mandatos legales que les protegen, sin que jamás se haya cumplido con ellos cabalmente.
Estos han sido modificados o eliminados de las leyes 50-88, 72-02 y 155-17, dejando a estas instituciones abandonadas a su suerte. Estas organizaciones trabajan con las personas más vulnerables de nuestra sociedad. Pero, estas personas parece no entran en los radares de quienes toman decisiones.
La “Ley 60-23 para Administración de Bienes Secuestrados, Incautados, y Abandonados en los Procesos Penales y en los Juicios de Extinción de Dominio” dio el tiro de gracia. Se dispuso la eliminación del artículo 33, de la ley 72-02, vigente de forma transitoria en la ley 155-17, aunque modificado por la Ley 196-11.
Las autoridades parecen escudarse en la aplicación de esta Ley 60-23, para negar la entrega del 15% de estos recursos que pertenecen a esas organizaciones.
Violación a la Constitución dominicana
Se actúa así en franca violación a la Constitución dominicana que establece en su artículo 110 que las leyes no tienen efecto retroactivo, asegurando que los ciudadanos no se vean afectados por leyes nuevas que les perjudiquen en situaciones ya establecidas.
La Constitución dominicana no admite discusión cuando establece que “en ningún caso los poderes públicos o la ley podrán afectar o alterar la seguridad jurídica derivada de situaciones establecidas conforme a una legislación anterior”. Pero, es de nuevo la lucha del huevo y la piedra.
Indiferencia, violaciones a la leyes, contradicciones e incoherencias es lo que se vive en nuestro país, en materia de las estrategias de reducción de la demanda de drogas.
Haría bien el presidente Luis Abinader en bajar un poco la mirada de su estrategia global, pues en situaciones como estas la sabiduría popular suele sentenciar: “En casa de herrero, cuchillo de palo”.
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