La Cámara de Diputados tendrá que estudiar un proyecto de ley que modifica la distribución de los recursos que reciben los ayuntamientos y juntas de distritos municipales, iniciativa que ha generado críticas de la oposición por la eliminación de sanciones penales a los alcaldes y por el mayor margen de discrecionalidad que se les concede en el manejo del presupuesto municipal.
La iniciativa procura modificar los límites actuales de ejecución del presupuesto transferido desde el Presupuesto General del Estado.
En la legislación vigente, los fondos se distribuyen de la siguiente manera: hasta un 30 % para gastos de personal, tanto fijo como contratado; hasta un 40 % para la realización de actividades, funcionamiento y mantenimiento ordinario de los servicios municipales; y hasta un 5 % para programas educativos, de género y salud.
De aprobarse la reforma, se establecería que hasta un 75 % de los recursos podrá destinarse a gastos corrientes, incluyendo el pago de nómina del personal fijo o contratado que ejerce funciones administrativas, a las remuneraciones de los funcionarios electivos, al personal responsable de los servicios municipales y a gastos de funcionamiento y mantenimiento de dichos servicios.
Dentro de este porcentaje, se especifica que al menos un 5 % deberá asignarse a programas de educación, salud y género.
Este cambio otorgaría una mayor capacidad discrecional a los alcaldes para distribuir los fondos públicos entre estas áreas, lo que podría traducirse, en una primera etapa, en un aumento de los recursos destinados a la nómina municipal.
Otra modificación relevante es la eliminación de las sanciones penales para los funcionarios que incumplan la forma de ejecución presupuestaria, sustituyéndolas por sanciones de carácter administrativo.
De dos a cinco años de prisión más multas e inhabilitación
Actualmente, la violación de este artículo conlleva penas de dos a cinco años de prisión, multas equivalentes a entre cinco y veinte salarios mínimos, así como la inhabilitación para el ejercicio del servicio público, conforme a la legislación penal dominicana.
Sobre este punto, la secretaria de Asuntos Municipales del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), Francis Jorge, advirtió que eliminar las sanciones penales a los alcaldes por violaciones a la distribución del presupuesto podría dar “cancha abierta” a las autoridades municipales para manejar a su antojo los recursos públicos.
En la misma línea crítica, el diputado José Horacio Rodríguez, de Opción Democrática, calificó como preocupante el proyecto de ley, al señalar que la iniciativa parece estar orientada a garantizar impunidad en el manejo de los fondos públicos, en lugar de fortalecer la institucionalidad municipal.
La pieza legislativa, aprobada previamente por el Senado de la República, es de la autoría del senador Aneudy Ortiz, del Partido Revolucionario Moderno (PRM), representante de la provincia San José de Ocoa.
Esta sería la segunda modificación a la Ley 176-07 en menos de seis meses, luego de que en agosto de 2025 el Congreso Nacional introdujera cambios a dicha normativa.
En una carta entregada al Senado en noviembre del 2025, la Liga Municipal Dominicana (LMD) marcaba como “necesaria” una revisión de la ley, para “adecuar los topes de gastos establecidos a fin de hacerlos más acordes a las necesidades de los gobiernos locales”.
Será con la reanudación de la actividad legislativa, el próximo 27 de febrero, cuando los diputados de la Comisión de Asuntos Municipales tendrán la tarea de refrendar lo aprobado por los senadores o introducir modificaciones al proyecto.
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