El coronel de la Policía Nacional, Fausto Madé Ramírez, fue arrestado en la madrugada del jueves 2 de abril tras ser captado en video agrediendo a la joven Charlizze Altagracia Hernández Monegro en plena vía pública del sector Los Mina, en Santo Domingo Este.
Las imágenes, ampliamente difundidas en redes sociales, muestran cómo el oficial tira del cabello a la joven, provocando su caída, en un episodio que generó inmediata indignación social y política.
La víctima presentó una querella con constitución en actor civil ante la Fiscalía de Santo Domingo, incluyendo como tercero civilmente responsable a la Policía Nacional, dado que el hecho ocurrió en el ejercicio de funciones. Los abogados fundamentan la denuncia en los artículos 186, 198, 265, 266, 309, 309-1 y 309-3 (B, C y E) del Código Penal Dominicano, que tipifican delitos de agresión y violencia.
En respuesta, la Policía Nacional suspendió de inmediato al coronel Madé Ramírez y activó los mecanismos internos de investigación, a cargo de la Inspectoría General y la Dirección Central de Asuntos Internos. El oficial permanece detenido en la fiscalía de Violencia de Género, donde se le conocerá medida de coerción.
Condena oficial y antecedentes
El presidente Luis Abinader calificó la agresión como “totalmente inaceptable” y aseguró que “casos como ese serán sancionados como la ley lo establece”.
Por su parte, la ministra de Interior y Policía, Faride Raful, enfatizó: “No toleraremos abusos por razones de fuerza o autoridad”, ordenando la suspensión inmediata del agente.
Fuentes policiales confirmaron que no es la primera vez que Madé Ramírez enfrenta denuncias por hechos similares, aunque se requiere verificar el detalle y resolución de antecedentes disciplinarios previos.
Reforma policial y desafíos pendientes
Este caso reaviva el debate sobre el uso de la fuerza y la efectividad de los mecanismos de control y rendición de cuentas dentro de la Policía Nacional, en un contexto donde se impulsa una reforma orientada a fortalecer la transparencia institucional.
Organizaciones sociales y de derechos humanos insisten en la necesidad de avanzar en protocolos claros de actuación y sanción efectiva ante abusos.
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