El Ministerio de Cultura presentó explicaciones y solicitó reconsiderar las observaciones de la auditoría de 2024. Tras evaluar sus argumentos, la Contraloría General de la República ajustó el cálculo de la subejecución presupuestaria y dio ese punto por subsanado, pero mantuvo los otros siete señalamientos, uno de ellos con una reducción del monto observado.
En materia presupuestaria, Cultura sostuvo que el cálculo de los fondos sin ejecutar incluía dependencias que, según su interpretación, quedaban fuera del alcance de la revisión. Sobre los ingresos señalados como no depositados en la Cuenta Única del Tesoro, afirmó que la mayor parte sí ingresó a esa cuenta y que el resto se depositó por error en una cuenta operativa.
La auditoría comprende las operaciones del 1 de enero al 31 de diciembre de 2024, período correspondiente a la gestión de Milagros Germán al frente del Ministerio de Cultura. Las ocho observaciones abarcan presupuesto, tesorería, control interno, inventarios, registros de bienes, cuentas por pagar y expedientes de personal.
La fiscalización de 2024 se suma a la realizada para el período 2021-2023. Una parte importante de los hallazgos de la nueva experticia corresponde a deficiencias advertidas en la revisión anterior que aún no se habían corregido.
El alcance del cálculo presupuestario
Uno de los puntos cuestionados fue la subejecución presupuestaria, es decir, los fondos que no se utilizaron durante el año. Según la observación reproducida en la réplica, la institución tenía un presupuesto vigente de 4,128.36 millones de pesos y gastos devengados por 4,057.49 millones de pesos en 2024. La diferencia era de 70.87 millones de pesos.
El ministerio sostuvo que ese cálculo incluía los saldos de órganos desconcentrados, aunque, según su interpretación del requerimiento de auditoría, la revisión se limitaba a la sede central. Argumentó que esas dependencias tienen autonomía presupuestaria y financiera y que sus resultados no debían incorporarse al monto evaluado.
Para la sede central, presentó un presupuesto vigente de 2,695.19 millones de pesos y gastos devengados por 2,650.98 millones de pesos. Esos valores arrojan un saldo sin ejecutar de 44.21 millones de pesos y una ejecución del 98.36 %.
La institución atribuyó los saldos a solicitudes de servicios y materiales que no se formalizaron dentro del calendario fiscal, facturas de servicios básicos recibidas después de los plazos de cierre y actividades de campo que no se realizaron o fueron reprogramadas. Sobre las transferencias de capital, explicó que los desembolsos dependían de solicitudes formales de las unidades beneficiarias.
Tras examinar los argumentos y los documentos de respaldo, la Contraloría aceptó limitar el cálculo al presupuesto de la sede central, con un monto sin ejecutar de 44.21 millones de pesos. Dispuso reformular el señalamiento y dio el punto por subsanado después de la presentación y discusión del informe.
Depósitos en la cuenta del Tesoro
En tesorería, la observación reproducida en la réplica señaló ingresos extrapresupuestarios por 196 mil 580 pesos no depositados en la Cuenta Única del Tesoro. Cultura respondió que 195 mil 880 pesos sí ingresaron a esa cuenta y que los 700 pesos restantes se depositaron por error en una cuenta operativa.
El ministerio atribuyó el depósito de 700 pesos a un error de la Editora Nacional, una de sus dependencias. Citó recibos de ingresos y comprobantes bancarios como respaldo y pidió que la observación no se extendiera a los 196 mil 580 pesos.
La Contraloría solo dio por acreditado el depósito de 4 mil 500 pesos en la Cuenta Única del Tesoro. Sobre los 191 mil 380 pesos restantes que Cultura afirmó haber ingresado a esa cuenta, indicó que no se podía visualizar la fecha del depósito. Sumados a los 700 pesos depositados en la cuenta operativa, mantuvo bajo observación 192 mil 80 pesos, sujetos a verificación mediante el plan de acción.
El anexo presenta una contradicción en este punto: la respuesta anuncia una modificación del monto y de la redacción, pero el apartado de cambios al informe indica que no corresponde hacer ajustes. Pese a esa discrepancia, la conclusión de los auditores mantiene el señalamiento con el monto reducido.
Avances en control interno
La observación sobre control interno situó la implementación de las Normas Básicas de Control Interno en un 83.32 % durante el período auditado, con un 16.68 % pendiente. Cultura señaló que ese resultado correspondía a un nivel satisfactorio alto y que, a la fecha de la réplica, el indicador había subido a un 92.09 %, calificación que describió como excelente.
La institución atribuyó ese avance a los planes de acción, la actualización de procedimientos y el seguimiento de indicadores.
La Contraloría mantuvo la observación al precisar que la implementación del control interno era de un 83.32 % al cierre del cuarto trimestre de 2024. Señaló que el punto permanecería hasta alcanzar el 100 % y que su cumplimiento se verificaría mediante el plan de acción requerido. No dispuso cambios al informe en este apartado.
Inventarios sin un programa especializado
En cuanto a los inventarios, Cultura reconoció que no contaba con un programa especializado, pero afirmó que registraba las entradas, las salidas y las existencias en Excel. Sostuvo que las normas citadas por los auditores no exigían expresamente ese tipo de programa y permitían mecanismos de revisión automatizados o manuales.
Por ello, pidió que el señalamiento se considerara una oportunidad de mejora y no un incumplimiento. También informó que desarrollaba un Sistema Integrado de Administración Financiera que incluiría la gestión de inventarios y tenía un avance aproximado del 70 % al momento de la respuesta.
El órgano auditor mantuvo el señalamiento hasta que el ministerio complete la implementación del sistema. Indicó que verificaría ese avance durante el seguimiento del plan de acción y no dispuso cambios al informe.
Registros de bienes en regularización
En los registros de bienes muebles e inmuebles, los auditores señalaron, según la réplica, una diferencia de 176.30 millones de pesos entre los estados financieros y el Sistema de Administración de Bienes (SIAB), así como otra de 4.09 millones de pesos en la cuenta de depreciación acumulada.
Cultura explicó que las diferencias se debían principalmente a bienes registrados en la contabilidad institucional que no se habían incorporado al SIAB al cierre de 2024. Indicó que revisaba los saldos y sus documentos de respaldo y comparaba ambos registros para realizar los ajustes correspondientes.
Según la institución, los movimientos de 2025 y 2026 estaban conciliados, mientras que los de períodos anteriores seguían en proceso de regularización. Como respaldo, el anexo enumera reportes del SIAB de ambos años y estados de situación financiera de diciembre de 2025 y mayo de 2026. Estos documentos no acreditan una conciliación de todo el ejercicio de 2026.
Tras revisar la documentación, la Contraloría mantuvo la observación hasta que la institución registre los bienes muebles e inmuebles en el SIAB. La comprobación quedó pendiente del seguimiento al plan de acción.
Diferencias en cuentas por pagar
La réplica también abordó una diferencia de 761 mil 16 pesos entre los 79.32 millones de pesos del registro auxiliar de cuentas por pagar y los 78.56 millones de pesos consignados en el estado de situación financiera al 31 de diciembre de 2024. Aunque el ministerio describe este último importe como saldo de cuentas por pagar, el cuadro financiero reproducido en el anexo lo identifica como total de pasivos.
Ese total de pasivos se distribuye en 60.22 millones de pesos de pasivos corrientes y 18.34 millones de pesos de pasivos no corrientes. El cuadro incluye, dentro de los primeros, 2.01 millones de pesos en retenciones y acumulaciones por pagar. Por tanto, los 78.56 millones de pesos no corresponden únicamente a deudas con proveedores ni excluyen todas las retenciones.
Cultura atribuyó la diferencia de 761 mil 16 pesos a retenciones pendientes de pago y otras partidas similares incluidas en el auxiliar. Argumentó que esas obligaciones debían clasificarse en cuentas específicas y que su presentación no afectaba el total del pasivo. Aunque la resta de los importes originales coincide con el total de pasivos, aquí redondeado a 78.56 millones de pesos, la explicación del ministerio no debe confundirse con la clasificación del cuadro financiero ni con la evaluación de los auditores.
La Contraloría mantuvo la observación. Según su respuesta, la institución no consideraba las retenciones por pagar registradas en los estados financieros como obligaciones pendientes, lo que impedía presentar su saldo real y generaba una inconsistencia con el auxiliar de cuentas por pagar. El órgano auditor no dispuso cambios al informe y dejó la validación para el seguimiento del plan de acción.
Deudas con más de dos años
Sobre las cuentas por pagar por 18.42 millones de pesos con más de dos años de atraso, Cultura explicó que la mayoría de los expedientes carecía de documentación suficiente para tramitar los pagos conforme a los controles del gasto público.
La institución afirmó que esas obligaciones estaban reconocidas en su contabilidad y que había remitido relaciones de expedientes al Ministerio de Hacienda para su evaluación como deuda administrativa. No obstante, señaló que una parte significativa no reunía todos los requisitos documentales para continuar el trámite.
A la fecha de la réplica, los expedientes seguían en revisión para determinar la procedencia de cada obligación y gestionar los documentos faltantes, cuando fuera posible. El ministerio indicó que, al concluir ese proceso, realizaría las regularizaciones o depuraciones correspondientes. La comunicación no reportó el pago de esas deudas.
El órgano auditor mantuvo la observación hasta que Cultura complete la documentación faltante y la remita al Ministerio de Hacienda para su aprobación y autorización. Indicó que verificaría esas gestiones mediante el plan de acción.
Expedientes de personal incompletos
En recursos humanos, la observación reproducida en la réplica señaló que los 127 expedientes físicos examinados estaban incompletos. Cultura informó que desde 2025 revisaba y actualizaba esos archivos.
La institución explicó que siete personas que no figuraban en la nómina al momento del levantamiento ya no tenían vínculo laboral con el ministerio. Sobre la falta de cartas de aceptación del cargo en los 127 expedientes, sostuvo que utilizaba comunicaciones de designación o incorporación firmadas por los servidores como constancia de recepción. A su juicio, esos documentos constituían evidencia de aceptación.
Como respaldo de las acciones descritas, citó correos de solicitud de actualización de datos, resultados de pruebas psicométricas, certificados de capacitación, formularios de admisión y comunicaciones de incorporación.
La Contraloría mantuvo el hallazgo porque, según su evaluación, el ministerio no presentó evidencias que demostraran la corrección de las deficiencias en los 127 expedientes. La verificación quedó sujeta al plan de acción.
Plan de acción y seguimiento
En el cierre de su réplica, Cultura afirmó que había atendido todas las observaciones mediante aclaraciones o acciones correctivas. La propia comunicación, sin embargo, describió tareas aún en desarrollo: el sistema financiero, la regularización de registros de bienes y la revisión de deudas y expedientes.
En la carta que acompaña su respuesta, la Contraloría requirió un plan de acción para los hallazgos que permanecen sin cambios, en un plazo máximo de 15 días laborables desde la recepción de la comunicación. El plan debe precisar actividades, responsables, fechas de corrección, medidas de mitigación, indicadores o evidencias de cumplimiento y una fecha tentativa para la visita de seguimiento.
El balance de la evaluación fue un punto subsanado y siete sujetos a seguimiento. La Contraloría aceptó la revisión del cálculo presupuestario y redujo el monto observado por los depósitos, pero mantuvo este último hallazgo y los otros seis hasta verificar las correcciones o la documentación correspondiente.
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