Una nueva auditoría de la Contraloría al Ministerio de Cultura detectó fallas administrativas y de control en 2024 en tesorería, inventarios, registros de bienes, cuentas por pagar y expedientes de personal. El informe examinó el registro, la supervisión y la documentación de las operaciones, e identificó debilidades que dificultan rastrear los recursos y verificar los controles aplicados.
La auditoría abarcó del 1 de enero al 31 de diciembre de 2024, durante la gestión de Milagros Germán al frente del ministerio. Su objetivo fue evaluar la eficiencia y eficacia de los controles internos de la institución.
La fiscalización de 2024 recoge observaciones ya incluidas en la experticia de 2021-2023, lo que sugiere que algunas fallas persistían al cierre del año. Sin embargo, el Ministerio de Cultura comunicó avances y medidas correctivas en febrero y abril de 2025. Por ello, la revisión de 2024 no basta para determinar si se cumplieron esos compromisos posteriores.
Control interno aún incompleto
El sistema de control interno del ministerio obtuvo una calificación integral de 83,32 %, considerada satisfactoria, aunque su implementación seguía incompleta. Según la auditoría, el 16,68 % de los requerimientos permanecía pendiente, con debilidades en actividades de control, administración de bienes e inventarios.
Presupuesto y ejecución
Durante 2024, el Ministerio de Cultura contó con un presupuesto vigente de 4.128,3 millones de pesos y devengó 4.057,4 millones de pesos. La mayor parte del gasto correspondió a remuneraciones y contribuciones, con 2.144,3 millones de pesos, y a transferencias corrientes, con 1.157,9 millones de pesos. En la sede central, la Contraloría registró una subejecución de 44,2 millones de pesos. La observación fue ajustada tras la respuesta del ministerio y quedó subsanada después de la socialización del informe.
La Contraloría precisó que esa subejecución correspondía a presupuesto disponible que no se utilizó, no a dinero transferido a la Cuenta Única del Tesoro.
Tesorería e ingresos
En tesorería, el informe señala que la institución recibió 16,8 millones de pesos en anticipos financieros para actividades como el Desfile de Carnaval 2024 y la XXVI Feria Internacional del Libro. También reporta 15 cuentas bancarias activas al 31 de diciembre de 2024, con un balance conciliado de 68,3 millones de pesos, además de cinco fondos de caja chica por un total de 100.000 pesos distribuidos entre la sede central, centros culturales, el Panteón de la Patria y dependencias provinciales.
La Contraloría consignó ingresos propios y extrapresupuestarios por 10,7 millones de pesos, provenientes del arrendamiento de espacios, la venta de libros, otras actividades no lucrativas y recursos de la Tesorería Nacional para gastos operativos. También señaló que 192.000 pesos por ventas de libros y boletería del Festival Nacional de Teatro 2024 no fueron depositados en la Cuenta Única del Tesoro, como establecen las normas citadas en el informe.
Inventarios en hojas de cálculo
En el área de almacén y suministros de oficina, la Contraloría observó que el ministerio gestionaba el inventario mediante hojas de cálculo de Excel, sin un sistema automatizado de gestión y control. Al cierre de diciembre de 2024, el inventario de materiales, suministros y bienes de consumo ascendía a 8,8 millones de pesos.
La auditoría recomendó automatizar la gestión del inventario y reforzar los controles de los almacenes.
Diferencias en los registros de bienes
La auditoría también detectó diferencias en los registros de bienes. Los estados financieros presentaban muebles e inmuebles por 239,2 millones de pesos, mientras que el SIAB reflejaba 62,9 millones de pesos. El informe situó la diferencia en 176,2 millones de pesos y señaló otra de 4 millones de pesos en la depreciación acumulada.
Estas discrepancias corresponden a diferencias entre registros y no demuestran, por sí solas, que falten bienes.
Deudas antiguas y diferencias contables
En las cuentas por pagar, la auditoría reportó obligaciones pendientes por 78,5 millones de pesos al 31 de diciembre de 2024. También identificó una diferencia de 761.000 pesos entre el balance de los estados financieros y el registro auxiliar contable.
De esas obligaciones, 18,4 millones de pesos correspondían a cuentas con más de dos años pendientes de pago. La relación incluía facturas de 2007 a 2022, cuya antigüedad plantea la necesidad de revisar y depurar los registros.
Expedientes de personal incompletos
En recursos humanos, el informe indica que durante 2024 el ministerio pagó 902,8 millones de pesos en distintas modalidades de nómina y compensaciones. Estas incluían empleados fijos, suplencias, personal temporal y eventual, interinatos, personal en trámite de pensión, prima de transporte y servicios de seguridad.
A diciembre de ese año, la nómina de empleados fijos registraba 892 servidores, mientras que los empleados temporales sumaban 269 y las compensaciones por servicios de seguridad alcanzaban a 312 personas.
La Contraloría revisó una muestra de 127 expedientes físicos de empleados y encontró que todos estaban incompletos. En ninguno figuraban certificaciones de conocimiento del código de ética, cartas de aceptación del puesto ni evidencias de capacitación del último año. Además, faltaban pruebas psicométricas en 125 expedientes, informes de entrevista en 123, evidencias de inducción a la administración pública en 116 y certificaciones de no antecedentes penales en 105.
Compras y contrataciones
Durante el período auditado se realizaron 283 procesos de compras y contrataciones, con montos adjudicados por 418 millones de pesos y contratados por 251,8 millones de pesos. Se distribuyeron en 151 compras por debajo del umbral, 96 compras menores, 20 procesos de excepción, 15 comparaciones de precios y una licitación pública nacional.
Alcance de los hallazgos
Las observaciones descritas documentan deficiencias de control, registros inconsistentes y expedientes incompletos. Estos hallazgos no deben confundirse con una determinación de responsabilidad penal ni, por sí solos, con pruebas de desvío de fondos.
El informe recoge respuestas institucionales que permitieron ajustar observaciones, como la subejecución presupuestaria de la sede central. También señala áreas que requieren corrección: completar los controles internos, automatizar inventarios, depurar cuentas antiguas, conciliar los registros de bienes, reforzar el control de ingresos y completar los expedientes de personal.
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