El Ministerio Público informó que ha reunido elementos que evidencian que el director ejecutivo del Seguro Nacional de Salud (Senasa), Santiago Marcelo Hazim Albainy, se enlazó de manera “deliberada y consciente” con los gerentes de la institución y el consultor jurídico, con la finalidad de desviar el proceso institucional de contrataciones y utilizarlo como un mecanismo ilícito para beneficiar únicamente a prestadores de servicios de salud vinculados a sus intereses personales, políticos y económicos.
Según el documento de Solicitud de Medida de Coerción Operación Cobra, los gerentes de Salud, Francisco Iván Minaya; de Atención al Usuario, Roberto Canaán y de Afiliación, Carmen José Velázquez, así como el consultor jurídico, Germán Robles, actuaron como un bloque articulado, sometido a las instrucciones directas Hazim Albainy, para aprobar contratos a prestadores que no cumplían con los requisitos mínimos legales ni técnicos, pero que eran promovidos por el director ejecutivo por pertenecer a su círculo político, por mantener relaciones de amistad, o por haber aportado recursos a campañas electorales, según las declaraciones de la analista de contrataciones Nidia Esmeralda Valdez.
En ese orden, la analista de contrataciones afirmó que el imputado Hazim Albainy justificaba esas decisiones bajo expresiones como "aportó en la campaña” o “hay que ayudarlo".
También se aprobaban prestadores que pagaban sobornos para ser incluidos dentro de la red de servicios del Senasa, configurándose así un esquema ilícito sostenido y operado desde la cúpula directiva, indicó el Ministerio Público.
El sábado 6 de diciembre, el Ministerio Público puso en marcha la Operación Cobra, en la cual figuran personas físicas y jurídicas acusadas de integrar una red que habría defraudado al Seguro Nacional de Salud (Senasa) por miles de millones de pesos.
Un total de 25 fiscales, auxiliados por más de 200 agentes de la Policía Nacional, practicaron 12 allanamientos como parte de la Operación Cobra, proceso de judicialización para obtener sanciones penales y el decomiso del dinero sustraído al patrimonio público a través de Senasa.
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