El encargado de Relaciones Interinstitucionales del Consejo Nacional para la Niñez y la Adolescencia (Conani), Rafael Jiménez, afirmó que la garantía de los derechos de niños, niñas y adolescentes depende del trabajo articulado de múltiples instituciones del Estado y de la sociedad.
Durante una presentación sobre la actualización de la Ley 136-03, que crea el Código para el Sistema de Protección y los Derechos Fundamentales de Niños, Niñas y Adolescentes, Jiménez explicó que el sistema está compuesto por diversas entidades que deben coordinar acciones para prevenir, proteger y restituir derechos cuando estos son vulnerados.
“Todas las instituciones deben trabajar articuladas para lograr la razón de ser del sistema, que es la garantía y la protección de los niños, niñas y adolescentes”, expresó.
Indicó que el sistema cuenta con dos grandes componentes: un subsistema administrativo y un subsistema judicial.
El subsistema administrativo está integrado por instituciones del Estado responsables de garantizar derechos fundamentales, como el Ministerio de Educación, el Ministerio de Salud Pública y el Ministerio de Trabajo, este último especialmente vinculado a la prevención del trabajo infantil.
Jiménez reconoció que en la República Dominicana se han logrado avances en la reducción del trabajo infantil, aunque advirtió que continúa siendo un desafío importante.
Por otro lado, explicó que el subsistema judicial está compuesto por los tribunales de niños, niñas y adolescentes y el Ministerio Público especializado en esta materia, que intervienen en los casos en que se producen vulneraciones de derechos o conflictos con la ley.
Señaló que ambos subsistemas buscan no solo sancionar o intervenir ante situaciones de vulneración, sino también desarrollar mecanismos para prevenirlas y garantizar la restitución de derechos.
En ese sentido, destacó el papel de la sociedad civil y de las entidades públicas y privadas como aliados en la protección de la niñez.
Jiménez explicó que el Conani actúa como órgano rector del subsistema administrativo, encargado de formular, coordinar, evaluar y dar seguimiento a las políticas públicas relacionadas con la niñez y la adolescencia.
Aclaró que la institución no es responsable directa de garantizar todos los derechos, sino que impulsa y articula a las entidades que tienen esa función.
“El derecho a la educación no lo garantiza Conani, lo garantiza el Ministerio de Educación; el derecho a la salud corresponde al Ministerio de Salud Pública y al Servicio Nacional de Salud”, explicó.
Agregó que otras entidades también participan en la garantía de derechos, como el Instituto Nacional de Atención Integral a la Primera Infancia (INAIPI), encargado del desarrollo infantil temprano, así como los ministerios de Deportes, Cultura, Trabajo, la Mujer y la Juventud.
Jiménez indicó que el directorio nacional es el máximo órgano del subsistema administrativo y está integrado por representantes de siete instituciones del Estado y seis organizaciones de la sociedad civil, incluyendo sectores empresariales, sindicales, iglesias y organizaciones que trabajan con la niñez.
Además, destacó el papel del Gabinete de Niñez, Adolescencia y Familia, presidido de manera honorífica por la primera dama Raquel Arbaje, el cual impulsa políticas y acciones para fortalecer el sistema de protección.
Explicó que el Conani cuenta con una estructura de gobernanza compuesta por una presidencia ejecutiva, designada mediante decreto, y una dirección ejecutiva designada por el directorio nacional.
Asimismo, la institución opera a nivel territorial mediante una red de oficinas regionales y municipales que permiten atender casos y dar respuesta ante situaciones de vulneración de derechos en todo el país.
Actualmente, el Conani dispone de unas 40 oficinas distribuidas en el territorio nacional, incluyendo 10 regionales y 30 municipales.
Jiménez asevero que estas estructuras permiten adaptar las respuestas institucionales a las realidades de cada territorio, ya que las problemáticas que afectan a la niñez pueden variar entre distintas provincias y municipios.
Reiteró que la protección de los derechos de niños, niñas y adolescentes requiere la participación coordinada de todas las instituciones del Estado y de la sociedad.
“Conani no es la entidad responsable de todo el sistema; es parte del sistema y lo motoriza junto a las demás instituciones que tienen la responsabilidad de garantizar derechos”, concluyó.
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