La Comisión para la Igualdad de Género del Poder Judicial expresó su respaldo al anteproyecto de Ley de Respuesta Integral a las Violencias contra las Mujeres en la República Dominicana, conocido como Ley Mirabal, y destacó la importancia de su aprobación para fortalecer la prevención, protección y sanción de la violencia de género.
La propuesta fue presentada ante el Congreso Nacional por el Gabinete de Mujeres, Adolescentes y Niñas, que preside la ministra de la Mujer, Gloria Reyes.
El presidente de la Suprema Corte de Justicia (SCJ) y del Consejo del Poder Judicial, Henry Molina, resaltó la necesidad de fortalecer el marco jurídico para responder a las distintas manifestaciones de violencia contra las mujeres.
De su lado, la coordinadora de la Comisión para la Igualdad de Género del Poder Judicial, jueza Nancy Salcedo Fernández, manifestó su preocupación por el aumento de la violencia de género y los feminicidios en el país, al considerar necesario contar con herramientas legales que permitan ofrecer respuestas más efectivas e integrales.
Salcedo Fernández también destacó la inclusión de nuevas figuras delictivas, como la violencia vicaria, que ocurre cuando un agresor utiliza a los hijos u otras personas cercanas a una mujer para causarle daño y sufrimiento, incluso mediante acciones como el rapto o el asesinato.
La magistrada sostuvo que la actualización de la legislación permitiría reforzar los mecanismos de prevención y protección, así como la respuesta de las instituciones responsables de atender estos casos.
En tanto, la jueza Vanessa Acosta, subcoordinadora de la comisión, señaló la importancia de modernizar la legislación vigente y manifestó la disposición del Poder Judicial de acompañar al Ministerio de la Mujer en el impulso y la socialización de la propuesta.
Acosta abogó por una mayor coordinación entre las instituciones del Estado para garantizar una respuesta oportuna y efectiva que contribuya a que las mujeres puedan vivir libres de violencia.
Asimismo, la jueza Miguelina Ureña planteó la necesidad de establecer alianzas interinstitucionales para ampliar el conocimiento sobre el contenido y alcance de la iniciativa, especialmente entre los actores del sistema de justicia y los profesionales vinculados a la prevención y atención de las violencias.
En ese sentido, propuso realizar seminarios, talleres y jornadas de formación conjuntas entre la Suprema Corte de Justicia, la Escuela Nacional de la Judicatura y la Escuela de Igualdad Magaly Pineda del Ministerio de la Mujer.
La Comisión para la Igualdad de Género consideró que el respaldo a la Ley Mirabal representa una oportunidad para fortalecer la colaboración entre las instituciones responsables de prevenir, atender y sancionar la violencia contra las mujeres.
La iniciativa busca promover una respuesta integral que priorice la prevención, la protección de las víctimas, el acceso a la justicia y la capacitación de los actores involucrados en la atención de estos casos.
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