El Colectivo HaitianosRD (HRD) puso en circulación un libro que contiene su investigación sobre la situación de los derechos humanos de las personas de origen haitiano en el período 2021-2025, bajo el Gobierno del presidente Luis Abinader.
Bajo el título Deportaciones masivas y Estado de excepción en la República Dominicana, la publicación "evidencia la suspensión de hecho de la Constitución dominicana en el contexto de las deportaciones masivas, que han implicado miles de detenciones arbitrarias y allanamientos sin orden judicial, entre otras prácticas inconstitucionales sistemáticas", revela una nota de prensa de la organización.
El lanzamiento del libro, realizado el 28 de agosto último en el Instituto Superior Pedro Francisco Bonó, contó con la presencia de destacadas personalidades académicas y de los movimientos sociales.
La publicación contiene "contundentes denuncias sobre la grave situación de violación sistemática de los derechos humanos en el contexto de una campaña de deportaciones masivas que viola la Constitución y las leyes dominicanas, así como numerosos pactos y convenciones internacionales en materia de derechos humanos suscritos por el Estado dominicano, también con rango constitucional".
La investigación contabiliza 54 muertes de personas de origen haitiano entre el año 2021 y mediados de 2025, en el marco de la campaña de deportaciones masivas.
"Estas muertes se han producido en el marco de persecuciones migratorias, bajo custodia de las autoridades y por disparos efectuados por policías y militares", denuncia.
La investigación, destaca la nota de prensda, "pone en evidencia las inconsistencias en las estadísticas oficiales y la violación sistemática de la Ley General de Migración y su reglamento, así como buena parte del articulado de la Constitución dominicana, de facto suspendida, como consecuencia de la decisión del gobierno de realizar deportaciones masivas fundamentadas únicamente en el perfil racial".
Esta situación configura lo que los autores consideran "un Estado de excepción de facto, basándose en la caracterización del Comité de Aplicación de las Normas de Derechos Humanos de la Asociación del Derecho Internacional, que ha contemplado situaciones análogas a la que se presenta en la República Dominicana, donde se aplica una represión por fuera del marco legal y constitucional pese a que no existe una emergencia real ni se ha declarado formalmente un Estado de excepción".
La publicación contiene duras revelaciones sobre "informaciones falsas ofrecidas por las autoridades".
Entre los casos denunciados está la muerte del trabajador haitiano Constant Laventure, fallecido el 10 de abril de 2024 en Verón-Punta Cana.
"Mientras que la DGM afirmó en un comunicado que Laventure había saltado desde un tercer piso hacia una edificación cercana, el Colectivo HaitianosRD pudo demostrar que no había otra edificación alguna en decenas de metros a la redonda. Se recogió un testimonio que indica que Laventure fue arrojado al vacío por agentes de la DGM", destaca.
Otra información falsa que es desmontada en la investigación se refiere, añade, "al caso de la madre detenida que tuvo que cargar a su bebé a través de la reja de un camión de la DGM, el 31 de mayo de 2023 en Santo Domingo".
Luego de que un video de los hechos se viralizara, el entonces director de la DGM, Venancio Alcántara, anunció que un agente de esa institución había sido cancelado y que la madre había sido liberada con su bebé poco después por razones humanitarias.
Sin embargo, agrega la publicación, "se pudo constatar a través de la página web de la Contraloría que el agente supuestamente despedido continúa actualmente devengando un salario de 30 mil pesos mensuales en la DGM. La madre fue entrevistada y desmintió la supuesta liberación, indicando que fue deportada ilegalmente junto a su bebé".
El libro contiene veintiocho entrevistas a víctimas, tanto dominicanas como haitianas, de la "violencia racista estatal".
Las entrevistas dejan al descubierto "patrones como la extorsión, el perfilamiento racial, el uso de lenguaje racista, la violación de las garantías constitucionales del debido proceso, y la inexistencia de un proceso individualizado y con derecho a la defensa".
Está institucionalizado el procedimiento ilegal de la "depuración" documental, en otras palabras, la detención arbitraria de personas con su documentación en regla y su envío a centros de detención migratoria para la revisión de sus documentos, violando la presunción de inocencia y el derecho al libre tránsito.
El Colectivo HaitianosRD realiza una serie de recomendaciones y demandas al gobierno dominicano, al gobierno haitiano y a las organizaciones de derechos humanos, en base a los hallazgos de esta investigación.
La principal exigencia es que el gobierno dominicano restituya la vigencia de la Constitución y las leyes, poniendo fin a las deportaciones masivas de carácter racista y al Estado de excepción de facto, sin el cual no podría llevarlas a cabo.
A juicio de la organización, la necesidad de una política migratoria que brinde el mismo trato a las personas migrantes haitianas que el brindado a migrantes venezolanos y de otras nacionalidades "es sin duda el principal desafío en la República Dominicana para hacer efectivo el respeto a las libertades democráticas", remata.
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