El derecho a saber cuándo una institución pública utiliza inteligencia artificial, solicitar una revisión humana de las decisiones y exigir la corrección de posibles errores son algunos de los aspectos contemplados en el nuevo Código de Ética de la Inteligencia Artificial para los Servicios Públicos, aprobado por el presidente Luis Abinader mediante el Decreto núm. 787-26.
La normativa busca garantizar la transparencia, la responsabilidad y la protección de los derechos de los ciudadanos frente al uso de estas tecnologías en las instituciones del Estado dominicano.
Estos son cinco aspectos que deben conocer los ciudadanos:
1. Derecho a saber cuándo se utiliza inteligencia artificial
Las instituciones públicas deberán informar claramente cuando un trámite, servicio o decisión administrativa que afecte a una persona haya sido apoyado por un sistema de inteligencia artificial. También deberán explicar su finalidad y los factores relevantes considerados.
2. Derecho a solicitar revisión humana
Los ciudadanos podrán solicitar que una persona revise las decisiones apoyadas por inteligencia artificial, presentar los recursos administrativos correspondientes y requerir la corrección de posibles errores.
3. Evaluaciones antes de implementar sistemas de alto impacto
Las instituciones deberán realizar Evaluaciones de Impacto Ético y de Derechos (EIED) antes de poner en funcionamiento sistemas que puedan afectar derechos fundamentales, beneficios sociales o decisiones sancionadoras.
4. Registro y supervisión de los sistemas
Cada organismo estatal deberá mantener un registro actualizado de las herramientas de inteligencia artificial que utilice, identificar a los funcionarios responsables y garantizar mecanismos de supervisión humana y auditoría.
5. Prevención de errores y vigilancia institucional
Las entidades deberán adoptar medidas para prevenir sesgos, fallos de seguridad y afectaciones a los derechos ciudadanos. También tendrán que comunicar los incidentes relevantes a la Dirección General de Ética e Integridad Gubernamental (DIGEIG) y a la Oficina Gubernamental de Tecnologías de la Información y Comunicación (OGTIC).
El decreto también establece que las instituciones deberán adecuar sus políticas y procedimientos internos a las nuevas disposiciones, así como garantizar la capacitación de los servidores públicos que participen en el diseño, contratación, implementación y supervisión de estos sistemas.
La DIGEIG tendrá un papel importante en la supervisión del cumplimiento de las disposiciones éticas y en la recepción de denuncias relacionadas con posibles incumplimientos.
Con esta medida, el Gobierno establece un marco de actuación para el uso de la inteligencia artificial en los servicios públicos, con mecanismos de transparencia, control y protección de los ciudadanos.
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