El Gobierno dominicano aprobó, mediante el decreto 787-26, el Código de Ética de la Inteligencia Artificial para los Servicios Públicos, que establece reglas obligatorias para el uso de esta tecnología en las instituciones estatales, con el propósito de proteger los derechos de los ciudadanos y garantizar la transparencia en las decisiones administrativas.
La normativa dispone que los sistemas de inteligencia artificial (IA) utilizados por entidades públicas deberán cumplir requisitos de seguridad, transparencia y supervisión humana, especialmente cuando sus decisiones puedan afectar el acceso a servicios, beneficios sociales o derechos fundamentales.
Uno de los principales cambios es que los ciudadanos tendrán derecho a saber cuándo una decisión administrativa ha sido apoyada por inteligencia artificial, así como a solicitar explicaciones comprensibles y mecanismos de revisión humana.
El código será de cumplimiento obligatorio para las instituciones de la administración pública centralizada y descentralizada.
¿Qué prácticas prohíbe el nuevo código?
La normativa establece restricciones para evitar que la inteligencia artificial sea utilizada de manera discriminatoria o que vulnere los derechos de las personas.
Entre las prácticas prohibidas figuran la clasificación social generalizada de ciudadanos, la identificación biométrica masiva en espacios públicos sin orden judicial y el perfilamiento criminal predictivo basado en prejuicios territoriales o socioeconómicos.
También prohíbe la automatización de sentencias penales y el uso de armas autónomas, de acuerdo con las disposiciones anunciadas por el Gobierno.
En cuanto a la protección de la infancia, el código establece controles reforzados sobre los sistemas dirigidos a niños, niñas y adolescentes, y prohíbe el uso de inteligencia artificial para generar o distribuir contenidos abusivos, lesivos o discriminatorios contra menores de edad.
Evaluaciones obligatorias antes de utilizar inteligencia artificial
Otra de las medidas contempladas es la implementación de Evaluaciones de Impacto Ético y de Derechos (EIED) para los sistemas de inteligencia artificial considerados de alto impacto.
Esto significa que las instituciones deberán evaluar previamente los riesgos de aquellas herramientas que puedan influir en el reconocimiento de derechos, la asignación de beneficios sociales o la aplicación de sanciones administrativas.
Los sistemas clasificados en esta categoría necesitarán la aprobación del órgano de supervisión correspondiente antes de entrar en funcionamiento.
La normativa también establece obligaciones para las instituciones al contratar servicios tecnológicos. Los proveedores deberán garantizar la trazabilidad, ciberseguridad y protección de los datos, además de permitir que los sistemas puedan ser auditados por el Estado.
De esta manera, se busca evitar la contratación de tecnologías cuyo funcionamiento no pueda ser examinado o supervisado por las autoridades competentes.
Instituciones tendrán 180 días para adaptarse
El decreto dispone la creación del Consejo Nacional de Ética de la Inteligencia Artificial, un organismo consultivo y de coordinación que estará integrado por representantes de instituciones estatales y sectores no gubernamentales.
En este espacio participarán representantes vinculados con la academia y la sociedad civil, a través de los mecanismos de participación de Gobierno Abierto.
Asimismo, el Gobierno establece un plazo de 180 días calendario para que las instituciones públicas adecuen sus procedimientos internos, registren los sistemas de inteligencia artificial que utilizan y designen a los funcionarios responsables de su supervisión.
La elaboración del código fue coordinada por la Oficina Gubernamental de Tecnologías de la Información y Comunicación (OGTIC) y la Dirección General de Ética e Integridad Gubernamental (DIGEIG), con el acompañamiento técnico de la Alianza para el Gobierno Abierto (OGP).
Según la Presidencia, el instrumento fue desarrollado mediante un proceso participativo y multisectorial, tomando como referencia estándares internacionales de la UNESCO y la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE).
Con estas disposiciones, el Gobierno busca establecer mecanismos de control para que la incorporación de inteligencia artificial en los servicios públicos se desarrolle bajo criterios de responsabilidad, transparencia, protección de datos y respeto a los derechos humanos.
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