La Contraloría General de la República (CGR) mantiene los hallazgos examinados tras evaluar los alegatos de la Oficina Nacional de la Propiedad Industrial (ONAPI) en una auditoría que abarca del 1 de agosto de 2020 al 31 de diciembre de 2024. Su respuesta recoge explicaciones de la entidad auditada, medidas correctivas anunciadas y observaciones que deberán verificarse durante el seguimiento.
La comunicación, dirigida al director ejecutivo de la entidad, Salvador Ramos, solicita a ONAPI un plan de acción para las incidencias o hallazgos que no hayan sufrido cambios. El plazo establecido es de un máximo de 15 días laborables a partir de la recepción de la carta.
Según la comunicación, el plan debe incluir actividades, fechas clave de remediación, responsables, medidas de mitigación, indicadores o evidencias y una fecha tentativa para una visita de comprobación.
Control interno y diferencias financieras
En control interno, ONAPI acepta las recomendaciones y presenta un informe del primer trimestre de 2026 que sitúa la implementación de las NOBACI en 71,39 %. La CGR señala que ese informe corresponde a un período posterior al auditado y que el componente de monitoreo y evaluación continúa en 0 %. Por ello, considera que el hallazgo sigue en proceso de subsanación.
Respecto del portal de transparencia, la ONAPI informa que el hallazgo está en revisión. La CGR indica que recibió una hoja de estatus, pero no evidencias que acrediten la corrección, y mantiene la observación.
Sobre los estados financieros no auditados, la entidad oficial explica que durante 2020–2024 no se realizaron auditorías de la Cámara de Cuentas ni de la Contraloría y destaca que remitía sus estados financieros semestralmente a la Dirección General de Contabilidad Gubernamental (DIGECOG). El órgano de control interno mantiene el hallazgo tras analizar esa explicación.
En las diferencias entre los estados financieros y la balanza de comprobación, la institución auditada cuestiona el término «inconsistencia» y atribuye las discrepancias a reclasificaciones de presentación, pérdidas cambiarias y asientos automáticos de cierre. La Contraloría señala que, después de conciliar las partidas y considerar las aclaraciones, subsisten diferencias menores. Mantiene el hallazgo 2.2.2, pero indica que amerita cambios en el informe, sin precisar cuáles serán.
Presupuesto y tesorería
En el hallazgo sobre diferencias entre el presupuesto aprobado y el reportado en la evaluación anual de metas físicas-financieras de 2020–2023, ONAPI invoca el impacto de la pandemia durante 2020–2022, disposiciones del Gobierno Central que limitaron compras y contrataciones y ajustes en los requerimientos institucionales. Sostiene que esas variaciones no afectan la integridad de los registros financieros y anuncia conciliaciones periódicas y mejores controles de validación. La CGR registra la aceptación de las recomendaciones y no dispone de cambios en este apartado.
En tesorería, ONAPI acepta las recomendaciones sobre el manual de políticas y procedimientos desactualizado y sin aprobación de la Máxima Autoridad Ejecutiva, así como sobre gastos de caja chica sin recibos definitivos y sin aprobación. La CGR solicita continuar las acciones correctivas y verificar su efectividad durante el seguimiento, sin modificar estos apartados del informe.
El desacuerdo sobre el registro de cuentas por pagar
El desacuerdo sobre cuentas por pagar, identificado como hallazgo 6.1.1, comprende los expedientes de Laboratorios Orbis, S.A., con la factura B1500003757, y Ahora Televisión Abierta, con la factura B1500000026. ONAPI sostiene que registra las facturas conforme a su procedimiento ADC-29 y a la documentación de respaldo. Para Laboratorios Orbis, explica que reconoce el inventario y el pasivo al recibir los bienes, y el gasto cuando el almacén los despacha.
La ONAPI cuestiona la aplicación de la NICSP 19 a esos casos porque, según su explicación, se conocen el monto y el momento del pago, a diferencia de una provisión sujeta a incertidumbre. En cambio, la CGR mantiene el hallazgo y pide controles para reconocer oportunamente los pasivos bajo el criterio del devengado, sin condicionar el registro a los procesos logísticos.
Inventarios, Bienes y Contrataciones
En inventarios, las observaciones abarcan procedimientos pendientes de aprobación, debilidades de registro, revisión y rotación, falta de segregación de funciones y problemas en los formularios de despacho. La ONAPI acepta las recomendaciones y anuncia ajustes en los controles de salida. También afirma haber corregido diferencias entre el inventario y la contabilidad. El ente fiscalizador mantiene este último hallazgo porque, según su respuesta, no recibió las evidencias que sustentaran la corrección.
La ONAPI describe como antigua la versión de Microsoft Dynamics GP instalada en la institución y señala que no permite generar un reporte directo de los productos disponibles. Reconoce que esta limitación dificulta la gestión del inventario y explica que remitía la información de almacén a contabilidad cada seis meses, aunque anuncia inventarios mensuales.
En otro apartado, la entidad indica que las tomas físicas se realizaban trimestralmente. La remisión de información a contabilidad y el conteo físico son actividades distintas; las frecuencias descritas y el anuncio de un cambio no permiten comprobar que los inventarios mensuales ya se hayan implementado.
Registro y regularización de bienes
En la administración de bienes, la ONAPI afirma que las edificaciones y el terreno de la oficina principal no están registrados en el Sistema de Administración de Bienes (SIAB) porque fueron cedidos por otra institución estatal. Señala que su departamento jurídico gestiona la documentación para regularizarlos. También refiere dificultades de identificación y limitaciones de espacio para los bienes destinados a descargo.
Sobre los vehículos dados de baja que permanecen registrados en la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), la réplica menciona un autobús Nissan de 2007 subastado por Bienes Nacionales. La ONAPI explica que no se emite la descarga hasta contar con el traspaso. La Contraloría no dispone cambios en estos hallazgos y remite la comprobación de su subsanación al seguimiento.
En compras y contrataciones, la institución sostiene que, durante los períodos evaluados, el Plan Anual de Compras y Contrataciones (PACC) contaba con la validación de las áreas Financiera y de Planificación. Añade que la firma de la Máxima Autoridad Ejecutiva no era entonces un requisito formalmente exigido; esa afirmación constituye la posición de la entidad y no una conclusión jurídica verificada.
La ONAPI informa que desde 2026 incorpora la firma del director general junto con las de Planificación, Financiera y Compras y Contrataciones. La CGR registra la aceptación de las recomendaciones y no dispone de cambios en el apartado.
El hallazgo de fraccionamiento se refiere a dos procesos de compra publicados el 28 de febrero y el 22 de mayo de 2024, respectivamente. La ONAPI argumenta que estaban programados en trimestres distintos y que faltaban seis días para completar el intervalo de 90 días que invoca en su explicación.
ONAPI añade que el segundo proceso atendía a un evento internacional cuya fecha dependía de la confirmación de los países invitados. La CGR mantiene el hallazgo y solicita una planificación que contemple las necesidades reales, permita mejores costos y evite compras urgentes. Su respuesta no desarrolla un análisis específico del intervalo alegado por la entidad.
En las compras menores cuestionadas por la invitación de menos de tres oferentes, la ONAPI afirma que invitó al menos a tres participantes por proceso. La CGR señala que no obtuvo evidencia de esa afirmación y mantiene el hallazgo.
En consultorías y asesorías, la entidad I acepta las recomendaciones sobre resultados que, según el hallazgo, no se ajustaban a las fichas técnicas. La réplica no detalla entregables ni medidas correctivas específicas; la CGR no dispone cambios en este apartado y prevé verificar la subsanación durante el seguimiento.
Recursos humanos y registros de remuneraciones
En recursos humanos, las observaciones abarcan aprobaciones de instrumentos de gestión, cargos no contemplados en el manual, documentación de expedientes, asistencia, escala salarial y registro de nóminas en el Sistema de Administración de Servidores Públicos (SASP). La ONAPI describe procesos de adecuación de cargos y salarios y futuras capacitaciones para implementar el SASP.
Sobre el teletrabajo, ONAPI sostiene que el control de parte del personal se mide mediante resultados. La CGR mantiene el hallazgo al considerar necesarios controles para validar las asignaciones y el horario laboral.
En los expedientes de personal, la institución señala que documentos como las cartas de no objeción del Ministerio de Administración Pública (MAP) y los reportes de evaluación del desempeño se conservan digitalmente. Atribuye la ausencia de pruebas psicométricas y certificaciones de conocimiento del Código de Ética en determinados expedientes a que los nombramientos interinos precedieron a la Resolución 379-2021.
La ONAPI también informa de coordinaciones con el Instituto Nacional de Administración Pública (INAP) para impartir el curso de inducción a quienes no cuentan con su certificado y de un proceso para completar los expedientes físicos. La CGR mantiene las recomendaciones y remite la verificación de la subsanación al seguimiento.
En el hallazgo registrado como 8.1.6, la ONAPI invoca un Programa de Reconocimientos e Incentivos a Colaboradores firmado por la Máxima Autoridad y el Directorio. La CGR señala que no obtuvo evidencia de la matriz de beneficios del personal y mantiene el hallazgo. El documento no permite comprobar si el programa presentado satisface el requerimiento de esa matriz.
Sobre la renovación de personal temporal, la entidad auditada invoca la continuidad de los servicios. Para las remuneraciones especiales a quienes desempeñan funciones de asesoría, argumenta que ejercen funciones directivas y que los pagos cuentan con autorizaciones del MAP. La CGR mantiene ambas observaciones y solicita acciones en coordinación con los órganos rectores.
La réplica relaciona las diferencias de nóminas de 2021 y 2022 con incorporaciones de personal cuyos pagos se acumularon mientras se obtenían las aprobaciones. Para 2023 y 2024, menciona compensaciones de interinato que, según la ONAPI, sobrepasaban el tope de cotización del Seguro de Riesgos Laborales.
En las diferencias con la ejecución presupuestaria de 2022 y 2024, la institución explica que hubo devoluciones de pagos por cuentas bancarias erróneas o cerradas y que solicitó nuevos preventivos para pagar a quienes no habían cobrado. La CGR mantiene los hallazgos; el texto no incluye conciliaciones detalladas que permitan comprobar esas explicaciones.
El hallazgo sobre combustible se refiere a asignaciones que exceden el 10 % de la remuneración mensual. En ese punto la ONAPI explica que parte del combustible se utiliza para inspecciones y notificaciones institucionales. En un caso con una asignación del 11 %, señala que esta se había igualado a la de encargados del mismo rango y que el salario se reajustó a RD$100,000.00 en julio de 2025.
Ese reajuste es posterior al período auditado y el texto no demuestra que, por sí solo, haya subsanado la observación. La CGR mantiene el hallazgo y pide fortalecer los controles documentados de distribución y uso del combustible.
Qué establece el documento y qué queda por comprobar
La respuesta de la CGR distingue entre aceptar recomendaciones, presentar explicaciones y acreditar una subsanación efectiva. La aceptación de una recomendación o el anuncio de una medida no implican el cierre del hallazgo: su remediación y la efectividad de las acciones deberán comprobarse durante el seguimiento.
La carta fundamenta su requerimiento en la Ley 10-07 y el Reglamento 491-07, relativos al acatamiento de las recomendaciones de control interno. Esta referencia recoge la base invocada en la comunicación, no una valoración jurídica independiente.
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