El Ministerio Público solicitó 30 años de prisión contra Yokeiry Coronado De La Cruz y Jeider Montero Medina, imputados por la muerte de una niña de siete años en el sector Los Guandules, del Distrito Nacional.
Durante el proceso ante el Segundo Tribunal Colegiado del Distrito Nacional, la fiscal litigante Yelianny Polanco sostuvo que las pruebas presentadas permiten establecer la responsabilidad penal de ambos acusados por los hechos atribuidos, que incluyen homicidio, tortura y barbarie, y maltrato infantil.
Polanco señaló como agravantes la alevosía, la vulnerabilidad de la víctima y el vínculo entre los imputados y la niña. Según expuso, Jeider Montero Medina tuvo dominio funcional en los hechos, mientras que Yokeiry Coronado De La Cruz tuvo una participación que, de acuerdo con la representante del Ministerio Público, quedó admitida durante el proceso.
La acusación incluye presuntas violaciones a los artículos 295, 304, 303 y 303-4, numerales 1, 2, 3 y 4, del Código Penal dominicano, así como al artículo 331 del mismo código y al artículo 396, literales A y B, de la Ley 136-03, que establece el Código para la Protección de los Niños, Niñas y Adolescentes.
Circunstancias de la muerte
Según la investigación del Ministerio Público, la niña estaba bajo el cuidado de los imputados, quienes tenían el deber de garantizar su protección.
La acusación sitúa los hechos entre julio y agosto de 2025. De acuerdo con el expediente, Coronado De La Cruz incurrió en actos de maltrato contra la menor, mientras que Montero Medina, pese a tener conocimiento de la situación, no la denunció.
El 16 de agosto de 2025, alrededor de las 6:30 de la tarde, Coronado De La Cruz solicitó la presencia de familiares en su residencia, ubicada en la calle Respaldo Eugenio Perdomo, en Los Guandules, debido a que la niña presentaba convulsiones.
Al llegar al lugar, Alejandrina Rodríguez Polanco llamó al Sistema Nacional de Emergencias 9-1-1 para informar que la menor se encontraba inconsciente.
Posteriormente, una médica forense del Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif) certificó el fallecimiento. Según el Ministerio Público, el informe estableció que la causa de muerte estaba relacionada con un cuadro de maltrato reiterado, conforme al acta de levantamiento de cadáver número 0100959.
El órgano acusador indicó que la versión ofrecida por Coronado De La Cruz sobre las circunstancias de la muerte no coincidía con los hallazgos forenses. Tras esa discrepancia, fue arrestada. Posteriormente, agentes de la Policía Nacional arrestaron a Montero Medina por su vinculación con el deber de cuidado y protección de la víctima.
El Ministerio Público también sustentó la acusación en las disposiciones de la Ley 136-03 relativas a la protección de los derechos fundamentales de los niños, niñas y adolescentes.
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