La Cámara de Cuentas de la República (CCRD) validó la gestión administrativa de un programa de la Oficina Nacional de Estadística (ONE), financiado con 200 mil euros para mejorar los registros de nacimientos y defunciones. Sin embargo, la auditoría no determinó si la inversión redujo el subregistro, mientras la fase que concentra la mayor parte del presupuesto permanecía sin avances físicos al cierre de la fiscalización.
El punto crítico se concentra en la segunda fase, financiada por la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID). Esta etapa dispone de 125 mil euros, equivalentes al 62,5 % de los fondos, pero al cierre del examen apenas había utilizado 480 euros y no registraba avance físico. En esas condiciones, todavía no es posible medir su efecto en la calidad de las estadísticas vitales.
Pese a ese rezago, el órgano fiscalizador no lo consideró un incumplimiento porque el proyecto permanece vigente hasta junio de 2027. El dictamen favorable se limita, por tanto, a la gestión documental, los pagos, los entregables y los controles revisados; la prueba principal sigue pendiente: demostrar el beneficio público de la inversión.
Fondos ejecutados y productos validados
En cuanto a la distribución de los recursos, la AECID aportó 200 mil euros, estimados inicialmente en 13 millones 194 mil 451 pesos. De esa suma, 75 mil euros correspondieron a la primera fase y 125 mil euros a la segunda.
Por su parte, la etapa inicial ejecutó 74 mil 525 euros, equivalentes al 99 % de lo aprobado. Al añadir los 480 euros utilizados al inicio de la segunda fase, el gasto acumulado ascendió a 75 mil 5 euros, equivalentes a 4 millones 948 mil 249 pesos.
Sobre esa ejecución, la auditoría validó la integración de bases de datos de nacimientos y defunciones, estudios sobre cobertura y subregistro, talleres técnico-metodológicos y acciones de coordinación entre las instituciones responsables de producir esas estadísticas.
Además, la ONE formalizó vínculos de trabajo con la Junta Central Electoral, el Ministerio de Salud Pública, la Policía Nacional y otras entidades. El programa también guardó correspondencia con los planes estratégicos institucionales de 2021-2024 y 2025-2028 y con los planes operativos de 2024 y 2025.
En términos de cumplimiento, cinco actividades dirigidas a visibilizar las brechas de registro alcanzaron el 100 % de sus metas físicas y ejecutaron el 99,98 % del presupuesto. La mesa técnica interinstitucional utilizó 480 de 878 euros, un 54,67 %, mientras el lanzamiento de la segunda etapa consumió 5.209 de los 5.229 euros previstos, un 99,62 %.
Para sustentar esas conclusiones, la Cámara de Cuentas revisó 34 documentos, realizó 12 entrevistas, examinó diez expedientes de gasto seleccionados por riesgo, validó nueve entregables y evaluó once actividades. Sin embargo, la muestra no fue estadística, por lo que los resultados no pueden extenderse automáticamente a todas las operaciones del programa.
La mayor parte del programa sigue pendiente
Frente al avance de la etapa inicial, la segunda fase comenzó en junio de 2025 y permanecerá vigente hasta junio de 2027. Al momento de la auditoría solo había ejecutado 480 euros de los 125 mil disponibles, un 0,38 %, y conservaba un saldo de 124 mil 520 euros.
A esa baja ejecución financiera se sumaban un 0 % de avance físico y varias actividades pendientes, entre ellas un segundo taller técnico-metodológico y el informe del plan de mejora. Los 480 euros utilizados se destinaron a conformar la mesa técnica.
Aun así, la Cámara de Cuentas explicó que el calendario de ejecución seguía abierto y, por esa razón, no calificó el bajo nivel de avance como incumplimiento. El dictamen favorable se circunscribe, en consecuencia, a lo examinado y no anticipa el resultado final del proyecto.
Por otra parte, el informe no identificó debilidades significativas de control interno, riesgos que comprometieran los objetivos ni violaciones materiales de las normas aplicables. También estableció que las actividades examinadas respondieron a los acuerdos de subvención y a la planificación de la ONE.
Ese resultado administrativo es relevante, pero no despeja la cuestión central. El balance definitivo dependerá de que las bases integradas reduzcan las brechas de registro y produzcan información más oportuna y confiable sobre nacimientos y defunciones.
La ONE asume el seguimiento
En respuesta al informe, la directora general de la ONE, Mildred Gabriela Martínez Mejía, comunicó el 28 de agosto de 2026 su conformidad con las conclusiones y recomendaciones. La institución aseguró que continuará fortaleciendo sus controles y buenas prácticas.
Como parte de ese proceso, la entidad no presentó un plan correctivo porque el informe no produjo hallazgos. La Cámara de Cuentas aceptó esa posición, recibió una matriz corregida de funcionarios y cerró el proceso de réplica.
Aunque no formuló hallazgos, el órgano fiscalizador recomendó mantener y reforzar los controles, la supervisión y el seguimiento. La recomendación cobra mayor relevancia porque la etapa pendiente concentra casi dos tercios del presupuesto total.
De cara a la próxima evaluación, la revisión deberá ir más allá del orden administrativo. La ONE tendrá que demostrar que los 125 mil euros destinados a la segunda fase contribuyeron a disminuir el subregistro y a mejorar estadísticas esenciales para la protección social, el reconocimiento de la ciudadanía y la rendición de cuentas.
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