La Operación Cobra suma un nuevo capítulo. El Ministerio Público arrestó la noche del viernes 24 de abril a Ángel Luis Guzmán Vásquez cuando intentaba abordar un vuelo con destino a Boston, Estados Unidos, sin boleto de retorno al país. El imputado, exauxiliar del Departamento de Autorizaciones Médicas del Seguro Nacional de Salud (SeNaSa), enfrenta cargos por su participación en la red de corrupción que sustrajo miles de millones de pesos del Estado dominicano en perjuicio de la institución que brinda cobertura sanitaria a los sectores más vulnerables de la población.
Detenido en la puerta de salida
La detención de Guzmán Vásquez en el aeropuerto no fue casual: el imputado no contaba con boleto de regreso al país, lo que para el Ministerio Público constituye una señal inequívoca de intención de fuga. La Procuraduría Especializada contra la Corrupción Administrativa (PEPCA), que conduce la investigación junto a la Dirección General de Persecución, solicitó 18 meses de prisión preventiva como medida de coerción y pidió que el caso sea declarado de tramitación compleja.
La solicitud fue depositada ante la Oficina Coordinadora de los Juzgados de Instrucción del Distrito Nacional y fue presentada por la procuradora de corte Mirna Ortiz, titular de la PEPCA, junto a los fiscales Héctor Joel García Acevedo, Rosa Alba García, Enmanuel Ramírez, Yudelka Holguín, Ernesto Guzmán Alberto y Alexis Piña Echavarría.
Más de 4,300 autorizaciones irregulares y RD$41 millones en juego
Guzmán Vásquez se desempeñó como auxiliar del Departamento de Autorizaciones Médicas de SeNaSa entre el 8 de marzo de 2021 y el 1 de noviembre de 2022. Según la acusación, durante ese período habría participado en la aprobación irregular de procedimientos médicos y consultas especializadas como parte del entramado fraudulento.
La investigación de la Operación Cobra identificó, en el período comprendido entre el 28 de enero de 2021 y el 20 de febrero de 2025, un total de 4,363 autorizaciones de servicios fraudulentas —entre cirugías menores ambulatorias y consultas especializadas— con un monto acumulado de al menos RD$41,125,551.02.
Los fiscales argumentan que Guzmán Vásquez tiene la capacidad de afectar el curso de la investigación, al poder destruir, modificar, ocultar, suprimir o falsificar elementos de prueba, razón por la cual solicitan la medida más restrictiva.
Los delitos imputados
El imputado enfrenta cargos por violación al:
- Código Penal dominicano
- Constitución de la República
- Ley núm. 53-07 contra Crímenes y Delitos de Alta Tecnología
- Ley 155-17 contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo
El caso mayor: una red que sangró al sistema de salud público
El arresto de Guzmán Vásquez se produce en el marco de la Operación Cobra, lanzada en diciembre de 2025 con 12 allanamientos simultáneos y la participación de 25 fiscales y más de 200 agentes de la Policía Nacional. El operativo apunta a desmantelar una red que, según el expediente del Ministerio Público, provocó un perjuicio al patrimonio del Estado que supera los RD$15,921 millones.
El cabecilla, preso en Las Parras
La figura central del caso es Santiago Marcelo F. Hazim Albainy, exdirector de SeNaSa, quien cumple 18 meses de prisión preventiva en Las Parras. Junto a él, también están en prisión preventiva Gustavo Enrique Messina Cruz, Francisco Iván Minaya Pérez, Germán Rafael Robles Quiñones, Rafael Luis Martínez Hazim, Ada Ledesma Ubiera y Ramón Alan Speakler Mateo.
Otros tres imputados —Cinty Acosta Sención, Heidi Mariela Pineda Perdomo y Eduardo Read Estrella— enfrentan medidas alternativas: arresto domiciliario, garantías económicas e impedimento de salida del país.
Un esquema que cobró a pacientes fallecidos
La investigación reveló que el fraude operó a través de múltiples modalidades: sobrefacturación, tratamientos innecesarios y, en los casos más graves, cobros por servicios a pacientes que ya habían fallecido. Los procedimientos irregulares se concentraron en áreas oncológicas, cardiovasculares y de diálisis, según documentó el Ministerio Público.
La Operación Cobra sigue abierta
El Ministerio Público ha dejado en claro que la investigación continúa activa y que nuevas personas físicas y jurídicas permanecen bajo escrutinio. La declaración de tramitación compleja solicitada para el caso de Guzmán Vásquez anticipa que el proceso judicial será extenso y que el volumen de pruebas es significativo.
La organización Participación Ciudadana calificó el caso SeNaSa como un expediente de "gran corrupción y criminalidad organizada" en su séptimo informe del Observatorio de Casos de Corrupción Administrativa, publicado en enero de 2026, señalando que los fondos desviados sirvieron para adquirir vehículos de lujo, relojes valuados en más de RD$5 millones y botellas de whisky de más de RD$100,000 cada una —mientras los afiliados más pobres del sistema de salud quedaban sin cobertura real.
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