La Cámara de Cuentas observó más de RD$16,600 millones en operaciones del Ministerio de Educación correspondientes al período 2019-2020, debido a la falta total o parcial de documentos que respaldaran gastos, deudas, activos, remuneraciones y otros registros contables. La auditoría financiera advierte sobre fallas en la organización, custodia y disponibilidad de expedientes esenciales para verificar el uso de recursos públicos.
Los hallazgos se concentran principalmente en la gestión del exministro Antonio de Jesús Peña Mirabal, quien dirigió la cartera desde el 25 de febrero de 2019 hasta el 16 de agosto de 2020. La auditoría, contenida en un informe de 618 páginas, registra 97 observaciones financieras y administrativas en distintas áreas del manejo institucional.
De acuerdo con el órgano fiscalizador, la entidad no presentó documentación suficiente para respaldar registros contables por RD$2,062,263,074. A esa cifra se suman operaciones por RD$14,590,164,739 cuyos expedientes fueron localizados solo de manera parcial y permanecían incompletos al momento de la revisión.
La falta de soportes afecta partidas vinculadas a cuentas por pagar, retenciones, acumulaciones por pagar, otros pasivos corrientes y capital. En esas áreas, la documentación comprobatoria es esencial para verificar el origen de las obligaciones, la legitimidad de los compromisos asumidos y la correcta presentación de los estados financieros.
En el detalle de los registros sin respaldo, las cuentas por pagar alcanzaron RD$491,044,657; las retenciones y acumulaciones por pagar sumaron RD$162,514,263, y otros pasivos corrientes fueron observados por RD$286,153,860. Según la auditoría, esos montos no contaban con los documentos requeridos para su validación.
El renglón de capital acumuló RD$1,122,550,294 sin la documentación justificativa correspondiente. Para los auditores, esa situación limitó la posibilidad de comprobar de manera objetiva la consistencia de los registros y reforzó la necesidad de mantener archivos completos, ordenados y disponibles para los procesos de fiscalización.
La revisión también alcanzó los activos fijos, donde la Cámara de Cuentas identificó soportes incompletos por RD$897,723,665. Entre los documentos faltantes o no localizados figuran facturas, certificaciones de la Tesorería de la Seguridad Social, órdenes de compra y certificaciones de existencia de fondos, piezas clave para comprobar la regularidad de las adquisiciones.
El mayor volumen observado corresponde a remuneraciones y contribuciones, con RD$12,865,206, en soportes incompletos. En ese renglón faltaban nóminas, boletos aéreos, facturas, listados de participantes y otros documentos necesarios para establecer con precisión la naturaleza de los pagos y sus beneficiarios.
Otros pasivos corrientes presentaron observaciones por RD$113,932,316. La Cámara de Cuentas indicó que los expedientes examinados no incluían convenios, contratos u otros documentos que permitieran justificar las transferencias registradas por la institución.
En materiales y suministros, el órgano auditor observó RD$152,132 por expedientes que carecían de registros de proveedores del Estado, certificaciones de impuestos, solicitudes de pago, autorizaciones y constancias de recepción. La ausencia de esos documentos impidió reconstruir con claridad el ciclo de contratación, entrega y pago.
La auditoría también reportó RD$134,845,464 en transferencias de capital relacionadas con la compra de un terreno. En ese caso, el expediente no contenía copia del título de propiedad, documento imprescindible para comprobar la legalidad de la operación y la titularidad del inmueble adquirido.
El informe sustenta sus señalamientos en el Decreto 526-09, reglamento de aplicación de la Ley 126-01, que crea la Dirección General de Contabilidad Gubernamental. Esa normativa obliga a las instituciones públicas a conservar la documentación comprobatoria de sus registros contables y a garantizar su presentación cuando sea requerida por los órganos de control.
Para la Cámara de Cuentas, la conservación de esos archivos no constituye un simple requisito formal. Los titulares de las instituciones públicas y los responsables de las áreas contables deben proteger expedientes auténticos, íntegros y verificables, debido a que respaldan el uso de fondos, valores, bienes y derechos del Estado.
Durante el proceso de auditoría, funcionarios y exfuncionarios del Ministerio de Educación ofrecieron explicaciones sobre las inconsistencias detectadas. En mayo de 2022, el entonces director general financiero, Cástulo Manuel Vidal Sánchez, atribuyó algunas partidas a entradas automáticas generadas por errores de configuración en el sistema Dynamics.
La exdirectora de Contabilidad, Elba Luisa Ramírez, explicó que algunos balances estaban asociados a retenciones de impuestos no liquidadas, libramientos anulados y saldos arrastrados desde años anteriores. Sus explicaciones apuntaron a problemas de registro y depuración contable que, según la auditoría, no eliminaban la obligación de presentar los soportes correspondientes.
De su lado, Nilson Daniel Moya Maceo, funcionario del ministerio, informó que, al buscar los expedientes en los archivos institucionales y en el almacén de Haina, solo fue posible localizar una parte de los soportes solicitados por los auditores. Según su explicación, el personal continuó realizando gestiones para ubicar los documentos restantes, que no habían sido hallados en su totalidad.
Ante ese panorama, la Cámara de Cuentas recomendó al ministro de Educación garantizar, por medio de la Dirección Financiera, la adopción de acciones concretas para disponer de un archivo completo, organizado y respaldado con documentación suficiente y auténtica. La recomendación busca fortalecer los controles internos y evitar que situaciones similares se repitan en futuros procesos de revisión.
La administración auditada respondió en junio de 2026 por medio del exministro Antonio Peña Mirabal. En su comunicación, sostuvo que durante su gestión se dejaron conformados y tramitados los expedientes administrativos y financieros correspondientes, y que los pagos observados fueron procesados mediante los controles internos del Ministerio de Educación.
Peña Mirabal agregó que esos procesos contaron con la intervención de los órganos rectores del sistema financiero gubernamental. No obstante, señaló que la ausencia física o parcial de documentos podía responder a problemas de archivo, custodia, traslado o reorganización documental posteriores a la tramitación de los expedientes.
El exministro Andrés Navarro García también remitió una comunicación en la que explicó que su gestión concluyó el 17 de febrero de 2019, antes del inicio del período auditado, por lo que tenía acceso limitado a los archivos institucionales. Navarro indicó que, de los 256 soportes incompletos señalados en el informe, solo cuatro correspondían a su administración.
Entre esos documentos, según su respuesta, figuraban un contrato de convenio, soportes de viajes y relaciones de beneficiarios de combustible. Sin embargo, los auditores mantuvieron la observación al considerar que las explicaciones recibidas no aportaron evidencias suficientes para subsanar la condición detectada durante el examen.
Para la Cámara de Cuentas, la ausencia de expedientes completos impidió verificar plenamente la razonabilidad de los registros y limitó la rendición transparente de cuentas sobre el destino de los recursos públicos.
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