La Cámara de Cuentas de la República Dominicana (CCRD) viene publicando informes de auditoría de gestión y financiera que abarcan periodos fiscales con una antigüedad superior a los 10 y 12 años. Esta demora que, en la mayoría de los casos, la acción penal para perseguir posibles delitos de corrupción administrativa ya ha prescrito.
Conforme al Código Penal vigente, la prescripción de los delitos relativos al manejo ilícito de recursos públicos se establece en un máximo de diez años. Esta limitación legal impide que el Ministerio Público inicie procesos judiciales efectivos, incluso ante hallazgos de irregularidades significativas, como las encontradas en más de 50 auditorías publicadas recientemente, desp
Las auditorías sobre periodos que van desde el 2012 hasta el 2016 en diferentes instituciones documentan irregularidades financieras con indicios de responsabilidad penal, de acuerdo a los dispositivos legales de los informes. Sin embargo, el procesamiento judicial de estos hallazgos se ve comprometido por la prescripción de las acciones legales, un obstáculo jurídico determinante derivado del tiempo transcurrido desde la comisión de los hechos.
“La acción penal prescribe al vencimiento de un plazo igual al máximo de la pena. Sin embargo, este plazo no puede exceder de diez años ni ser inferior a tres”, de conformidad con el Artículo 45 del Código Procesal Penal Dominicano.
El órgano de control externo del Estado agiliza el despacho de más de 150 auditorías acumuladas de gestiones anteriores. Los hallazgos con indicios de corrupción son remitidos a la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA) para su respectivo análisis forense; no obstante, la antigüedad de los periodos fiscalizados compromete la viabilidad de los procesos legales, al superar los plazos de prescripción establecidos.
En este contexto, la procuradora general de la República, Yeni Berenice Reynoso, ha reiterado que el nuevo Código Penal endurece las sanciones contra la corrupción y el cohecho, estableciendo penas de hasta 20 años de prisión y extendiendo el plazo de prescripción a 30 años. El nuevo código entra
La Cámara de Cuentas es el órgano rector del Sistema Nacional de Control y Auditoría. Facultada por la Ley 28-26, tiene la autoridad de auditar y efectuar investigaciones especiales en todas las instituciones y entidades no gubernamentales que perciben fondos del Presupuesto Nacional.
Cabe destacar, que la CCRD colabora con la Procuraduría General de la República mediante la entrega de informes de auditoría, evidencias y hallazgos técnicos derivados de sus investigaciones de control externo. No obstante, la potestad para calificar los hechos, ejercer la acción penal e iniciar procesos judiciales corresponde exclusivamente al Ministerio Público, de acuerdo al Código Procesal Penal vigente y la Constitución.
La Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa ha precisado que las auditorías emitidas por la Cámara de Cuentas poseen una naturaleza estrictamente financiera y de gestión, diferenciándose de las auditorías forenses diseñadas específicamente para identificar fraudes o delitos. Al centrarse en la razonabilidad de los estados financieros y el cumplimiento de procesos administrativos, estos informes no conllevan consecuencias penales automáticas.
Asimismo, el órgano persecutor ha subrayado que tales documentos, por sí solos, no constituyen elementos probatorios suficientes para sustentar una acusación en un tribunal penal, funcionando únicamente como indicios que requieren de una investigación complementaria y técnica por parte del Ministerio Público para establecer responsabilidades penales.
Entre los informes de auditoría publicados recientemente por el ente regulador, los cuales analizan gestiones administrativas con un rezago de más de una década, se destacan las siguientes auditorías:
- Oficina de Ingenieros Supervisores de Obras del Estado (2015)
- Centro de Desarrollo y Competitividad Industrial (2011 a 2015)
- Instituto Dominicano Instituto Dominicano de Investigaciones Agropecuarias y Forestales (2010-2014)
- Instituto de Auxilios y Viviendas (2011-2015)
- Instituto Agrario Dominicano (2012 a 2013)
- Dirección Dirección General de Bellas Artes (2012 a 2015)
- Partido de Partido de Unidad Nacional (2016)
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