La Cámara de Cuentas ha divulgado un informe definitivo sobre la auditoría al Instituto Nacional de Atención Integral a la Primera Infancia (INAIPI). El documento revela que 18 empresas, que recibieron más de RD$ 61,000,000 para proveer insumos médicos durante la pandemia de Covid-19, incumplieron con los contratos y no entregaron los productos acordados.
El estudio correspondiente al período 2016-2020 revela que, al finalizar el año 2020, solo dos de las empresas contratadas entregaron una parte de los productos estipulados (25% y 31%), mientras que trece empresas no realizaron ninguna entrega a la entidad oficial ni devolvieron los desembolsos recibidos.
Este proceso consistió en la compra de urgencia de insumos médicos, entre ellos pañales y materiales de desinfección, destinados a prevenir el COVID-19 en los centros CAIPI y CAFI. Los contratos, por un monto de RD$ 61,608,923, no fueron avalados por la Contraloría General de la República (CGR), según la experticia.
Asimismo, el informe indica que otros dos proveedores recibieron RD$ 1,776,950 como adelanto del 20 % del contrato sin haber entregado los insumos correspondientes al cierre de la fiscalización.
La auditoría a los procesos de contrataciones estableció que el Departamento de Compras y Contrataciones excedió sus atribuciones al solicitar pagos por RD$ 28,549,949 a ocho proveedores, contraviniendo los procedimientos internos. Al menos siete de estos cheques fueron solicitados entre agosto y octubre de 2020 por Samuel Ramírez, jefe de compras de INAIPI.
En este contexto, el órgano superior de fiscalización subraya que no se encontró evidencia de que la entidad hubiera enviado un informe detallado sobre la compra urgente de insumos médicos a la Contraloría General de la República y a la Cámara de Cuentas, los cual contraviene la normativa 340-06.
El Reglamento de la Ley sobre Compras y Contrataciones de Bienes, Servicios, Obras y Concesiones establece:
"(Quince (15) días calendarios después de satisfecha la necesidad provocada por la situación de emergencia o de urgencia, la Entidad Contratante deberá rendir un informe detallado a la Contraloría General de la República y a la Cámara de Cuentas para los fines correspondientes y difundirlo a través del portal administrado por el Órgano Rector y en el portal de la institución", lo cual representa un incumplimiento por parte de la entidad, dice el documento de la CCRD.
El informe pericial indicó que en el proceso de urgencia INAlPI-MAE-PEUR-2020-0004, los contratos con diez compañías por RD$ 56,689,438 excedieron el límite de tres meses. Hasta el 31 de diciembre de 2020, los proveedores no entregaron los insumos acordados.
El Procedimiento de Urgencia de junio de 2020, numeral 12, Condiciones específicas del contrato, establece:
"La vigencia del Contrato será por tres (3) meses contados a partir de la fecha de la suscripción de este y hasta su fiel cumplimiento, de conformidad a los requerimientos de Entrega de Cantidades Adjudicadas."
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