La Cámara de Cuentas de la República Dominicana (CCRD) ha publicado esta semana una auditoría del Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes (MICM), en la cual se identificaron irregularidades financieras que superan los 2,400,000,000, en gestiones de varios funcionarios del anterior Gobierno de Danilo Medina.
La investigación, que fue remitida a la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA), fiscalizó los estados financieros y el ejercicio presupuestal de la entidad entre enero de 2015 y diciembre de 2019, detectando presuntos usos indebidos de fondos públicos.
Las irregularidades documentadas por el órgano superior de control externo señalan a las administraciones de José Manuel Del Castillo Saviñón (15/3/2011 -31/8/2016), Juan Temístocles Montas (16/8/2016 -8/6/2017) y Nelson Cesar Antonio Toca Simó (9/6/2017 -16/8/2020). Las mayores anomalías se registraron durante el periodo de este último.
En la fiscalización a los estados financieros de la entidad, se encontraron discrepancias de RD$ 44,472,214 entre la nómina física y la ejecución presupuestaria, así como RD$ 18,575,212 en compensaciones no justificadas por vehículos y RD$ 17,607,235 debidos cálculos incorrectos del impuesto sobre la renta a los asalariados.
Los auditores encontraron gastos por RD$ 228.7 millones en asesores contratados sin la autorización del Ministerio de Administración Pública. También descubrieron pagos de salarios a familiares de funcionarios por un total de RD$ 4.9 millones, y gastos en "servicios de inteligencia" que suman RD$ 270 millones sin justificación documentada.
En ese contexto, entre 2015 y 2019 la entidad desembolsó RD$ 228,700,448 en salarios a setenta y un asesores. Sin embargo, los investigadores no encontraron pruebas de que el Ministerio de Administración Pública (MAP) hubiera autorizado tales nombramientos, lo que plantea dudas sobre su legalidad y justificación, según lo ha planteado la Cámara de Cuentas.
El informe revela irregularidades en compras por RD$ 56,232,111 sin seguir los procedimientos de la Ley 340-06. También se pagaron RD$ 174,994,744 sin certificaciones presupuestarias ni constancia de fondos, violando normas de control interno; además, se efectuaron pagos por raciones alimenticias de programas sociales por RD$ 137,488,896 sin documentación justificativa.
Asimismo, la Cámara de Cuentas, en su rol de supervisión del gasto público, ha identificado un arrendamiento financiero que aparentemente no cumple con la normativa de Compra y Contrataciones del Estado (340-06), por un monto de treinta y un millones de dólares estadounidenses (US$ 31,000,000), equivalente a RD$ 1,464,750,000.
El órgano superior cuestionó en su informe la legalidad del contrato de arrendamiento entre el Ministerio de Industria y Comercia y el Banco de Reservas, que abarca desde 2017 hasta 2036. La auditoría reveló que el ministerio eligió un inmueble de compañía Diseño Integral SRL y autorizó al Banco de Reservas a adquirirlo para arrendarlo posteriormente al ministerio.
Los documentos indican que la operación financiera no cumplió con la normativa de Compras y Contrataciones del Estado, la cual exige eficiencia, igualdad, competencia libre, transparencia, publicidad y economía en las contrataciones públicas.
Según el informe de auditoría, la revisión de las cuentas de contratación reveló un gasto de RD$ 174,994,744 que carece de la documentación adecuada como certificaciones presupuestarias y constancias financieras, lo cual genera dudas sobre su legitimidad.
Asimismo, en el análisis de las cuentas relacionadas con la contratación de servicios y los activos no financieros, los auditores determinaron que el Ministerio de Industria y Comercio desembolsó RD$ 174,994,744 para la adquisición de diversos bienes y servicios, sin contar con apropiaciones presupuestarias ni la existencia de fondos que justificaran dichos gastos, lo cual constituye una violación al Decreto 543-12, que establece el Reglamento de la Ley sobre Compras y Contrataciones.
En 2019, de acuerdo con la auditoría, se realizaron pagos a dos empresas por un monto total de RD$ 12,295,027 destinados al alquiler de salones para actividades y la conferencia "Centro Mipymes 2019″. Estos pagos se efectuaron mediante un procedimiento excepcional, lo cual incumplió la normativa que exige una licitación pública para este tipo de contrataciones.
Según el documento, la entidad contrató a la compañía Re-Rollo Manufacturing, SRL por RD$ 27,457,322 para trasladar mobiliario, equipos y documentos del edificio Juan Pablo Duarte (Huacal) a la torre del Ministerio de Industria y Comercio. Este proceso se realizó bajo el procedimiento de urgencia MIC-MAE-PEUR-2018-001, en lugar de una licitación pública, como exige la normativa en cuestión.
La investigación descubrió pagos irregulares por un monto de RD$ 18,575,212 desde la cuenta de Hidrocarburos 010-242518-3 a funcionarios y empleados del ministerio, sin documentación justificativa, por concepto de horas extras y uso de vehículos.
La Cámara cuestiona, en su informe, los pagos irregulares que suman RD$ 5,258,612 por concepto de horas extras durante el año 2015, y los desembolsos por RD$ 13,316,600 para cubrir compensaciones de usos vehículos de funcionarios durante el año 2016. Según el órgano, estos pagos no cumplen con las normas del Sistema Nacional de Control Interno.
En 2019, la investigación identificó una diferencia de RD$ 44,472,214 entre los libramientos aprobados y la ejecución presupuestaria en remuneraciones y contribuciones del personal, particularmente en enero, junio y diciembre de ese año.
En este contexto, los investigadores han identificado discrepancias significativas en varios conceptos de remuneración, entre ellos: sueldos fijos (RD$ 53,838,569), personal igualado (RD$ 719,623), sueldo anual No. 13 (RD$ 370,743), compensación extraordinaria anual (RD$ 105,592,013), contribuciones a seguros de salud (RD$ 43,396,373), pensiones (RD$ 3,192,091) y riesgo laboral (RD$ 343,886). Estas inconsistencias financieras constituyen una infracción a la Ley Orgánica de Presupuesto para el Sector Público, según lo establece el informe legal de la auditoría.
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