En el Cuerpo Especializado de Control de Combustibles (CECCOM) se detectaron irregularidades financieras que ascienden a RD$ 407,488,896. Estas presuntas anomalías ocurrieron durante la gestión del general de brigada (activo) de la Fuerza Aérea, Huascal Gonzales Payán, según documenta una auditoría realizada por la Cámara de Cuentas de la República durante el período 2015-2019.
La revisión de los estados financieros del CECCOM mostró pagos no justificados, manejo irregular de fondos y falta de documentación en los gastos del personal de inteligencia, así como en la compra y distribución de alimentos y bebidas.
La información proviene de una auditoría externa que examina las ejecuciones presupuestarias y los estados financieros del Ministerio de Industria y Comercio durante el período 2015-2019. Esta auditoría evalúa el uso de fondos públicos en la adquisición de bienes y servicios, el pago de nóminas y otros gastos relacionados.
Durante ese período, el Ministerio de Industria y Comercio desembolsó RD$ 270,000,000 al Cuerpo Especializado de Control de Combustibles, que fueron recibidos por Alcibíades Pérez Reinoso y Juan Vicente Pérez para supuestos salarios del personal de "inteligencia militar". El informe indica que estos pagos se realizaron sin la documentación requerida que justificara su erogación, lo cual sugiere posibles irregularidades en la gestión de los fondos en cuestión.
Los investigadores confirmaron que Alcibíades Pérez Reinoso recibió cuatro cheques de RD$ 54,000 cada uno. En cambio, Juan Vicente Pérez obtuvo un único cheque por la misma cantidad, todos durante el período de 2015 a 2019, en la gestión del general de brigada Huascal Gonzales Payán al frente del CECCOM.
La Cámara señala en su informe que los desembolsos y la modalidad de pagos utilizados por la entidad no se ajustan al Decreto 526-09, del Reglamento de aplicación de la Ley 126-01, que establece la Dirección General de Contabilidad Gubernamental (Digecog).
El artículo 64 de esta normativa establece lo siguiente:
"Toda entidad, funcionario o persona que recaude, reciba, pague o custodie fondos, valores o bienes del Estado tiene la obligación de rendir cuenta de la administración a su cargo, especificando la documentación de soporte de los registros realizados y las condiciones de su archivo".
De su lado, el teniente coronel Bienvenido Otaño, quien asumió el cargo de director administrativo y financiero del CECCOM después del período auditado, comunico a la Cámara de Cuentas lo siguiente:
"Por este medio hacemos de conocimiento que esta institución, de acuerdo con el reglamento de contabilidad de las Fuerzas Armadas, en el capítulo XIII, artículo 37, inciso (e), expresa lo siguiente: (…) Velar por el cumplimiento de que los fondos presupuestarios para su uso específico sean aplicados para los fines que fueron aprobados, tales como raciones, sueldos, dietas, viáticos, ayudas y otros".
Pagos por alimentos sin soporte
La Cámara de Cuentas dice en su informe que entre 2015 y 2019 se gastaron RD$ 137,488,896 en alimentos y bebidas para el personal del CECCOM sin presentar facturas ni pruebas de recepción. Aunque los pagos fueron solicitados por oficiales y directores regionales, no se encontró evidencia de distribución de raciones, añade.
El órgano cuestiona en el documento la confirmación de transferencias bancarias a cuentas personales de 25 jefes de mesa, con montos que varían entre RD$ 105,840 y RD$ 1,933,344, sin evidencia de entrega a los beneficiarios. Estas transacciones violan el artículo 62 de la normativa 126-01, que dice lo siguiente:
"Mantener un adecuado resguardo y ordenamiento de la documentación original comprobatoria que respalde o soporte los registros contables que haya realizado".
En relación con las operaciones financieras vinculadas a los pagos por inteligencia militar y alimentos y bebidas, el informe legal de la auditoría señala que dichos motivos hacen que los principales funcionarios de la entidad sean responsables administrativamente, conforme a lo establecido en los artículos 47 y 54 de la Ley 10-04 de la Cámara de Cuentas.
El órgano superior ha remitido el informe de la auditoría a la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA) para que continúe con las investigaciones pertinentes.
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