El juez Rigoberto Sena, de la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente del Distrito Nacional, aplazó por segunda ocasión el conocimiento de la medida de coerción contra varios imputados acusados de integrar una presunta red que habría estafado a una entidad financiera con más de RD$ 200 millones.
La audiencia fue reprogramada para el próximo miércoles 20 de mayo, a las 9:00 de la mañana.
El pasado 15 de mayo también fue suspendido el proceso, luego de que las defensas solicitaran más tiempo para estudiar el expediente y preparar sus argumentos.
A la salida de la sala de audiencias, Lewina Tavárez Gil explicó que el nuevo aplazamiento fue pedido nuevamente por los abogados de los imputados para continuar recopilando presupuestos y documentos de arraigo.
“La audiencia en el día de hoy se acaba de suspender para el miércoles 20, a petición de las defensas, para continuar buscando presupuestos de sus defendidos. Ya el miércoles, en el momento procesal oportuno, solicitaremos la fusión de ambos procesos”, expresó.
Uno de los abogados de la defensa indicó que requerían más tiempo para estructurar una defensa efectiva y adelantó que solicitarán el desglose procesal del expediente para conocer con mayor profundidad los detalles del caso.
El jurista evitó inicialmente revelar el nombre de su cliente alegando razones procesales y de seguridad familiar, aunque posteriormente identificó al imputado como Franklin Montero. Según explicó, su defendido enfrenta cargos por presunta estafa electrónica y sostuvo que también habría sido víctima dentro de la supuesta trama.
“Supuestamente él era una persona que tomó un préstamo y se vio involucrado en el hecho”, afirmó.
De acuerdo con la investigación, los imputados formarían parte de una estructura dedicada a captar terceros para obtener fondos de manera fraudulenta en perjuicio de una entidad financiera.
Durante allanamientos realizados en el Distrito Nacional y en municipios de Santo Domingo Este y Norte, las autoridades decomisaron vehículos de alta gama, relojes de lujo, dinero en efectivo, computadoras, teléfonos móviles y un arma de fuego sin documentación legal.
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