La audiencia para conocer la solicitud de medida de coerción contra los principales imputados en el caso del Patronato Cibaeño Contra el Cáncer fue aplazada a solicitud de la defensa, que pidió más tiempo para estudiar el expediente depositado por el Ministerio Público.
El director general de Persecución del Ministerio Público, Wilson Manuel Camacho, explicó que el tribunal acogió el pedimento de los abogados debido al volumen del proceso y a la cantidad de pruebas aportadas por el órgano acusador para sustentar su solicitud de 18 meses de prisión preventiva.
“La audiencia se aplazó a solicitud de la defensa, que textualmente ha dicho al tribunal que necesita tiempo para estudiar el voluminoso proceso que ha depositado el Ministerio Público, lo cual es real, sobre todo con la amplia cantidad de pruebas que ha depositado el Ministerio Público”, expresó Camacho al salir del tribunal.
El conocimiento de la medida de coerción fue fijado para el próximo viernes 19 de junio, a las 4:30 de la tarde.
Camacho: “Estaremos aquí al pie del cañón”
Camacho, quien encabeza el equipo de fiscales en este proceso, aseguró que el Ministerio Público se mantendrá firme en su solicitud de prisión preventiva contra los imputados.
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“Estaremos aquí al pie del cañón”, afirmó el procurador adjunto, al insistir en que el expediente contiene elementos suficientes para que el tribunal acoja la medida de coerción solicitada.
El caso forma parte de la denominada Operación Onco14, mediante la cual el Ministerio Público investiga a exdirectivos vinculados al Patronato Cibaeño Contra el Cáncer y al Instituto Oncológico Regional del Cibao, por presuntas maniobras fraudulentas relacionadas con fondos públicos destinados a la atención de pacientes con cáncer.
El monto bajo investigación
Al ser preguntado sobre el alcance económico del caso, Camacho indicó que el centro oncológico manejó aproximadamente RD$3,700 millones provenientes del Seguro Nacional de Salud, SENASA, monto que, según dijo, está bajo investigación del Ministerio Público.
“El oncológico manejó solamente del Seguro Nacional de Salud, SENASA, aproximadamente tres mil setecientos millones de pesos, que es lo que está investigando el Ministerio Público”, sostuvo.
La precisión del funcionario resulta clave, debido a que el monto mencionado corresponde a recursos manejados por la entidad y que ahora son objeto de investigación, no necesariamente a una suma definitivamente establecida como desviada por sentencia, ya que el proceso se encuentra en fase inicial.
Los delitos atribuidos
Sobre la calificación jurídica, Camacho señaló que el expediente incluye varios tipos penales, entre ellos estafa contra el Estado dominicano, chantaje y lavado de activos, además de otras infracciones que, según explicó, forman parte de la investigación en curso.
“La calificación jurídica es amplia, tiene estafa contra el Estado dominicano, tiene chantaje, tiene lavado de activos, entre otros tipos penales que son parte de este proceso y que el Ministerio Público desarrolla en su investigación”, indicó.
De acuerdo con las informaciones divulgadas sobre el caso, el órgano persecutor también ha señalado presuntas maniobras asociadas a fraude clínico y farmacéutico, uso de documentos, operaciones financieras y mecanismos que habrían afectado recursos destinados a la atención de pacientes oncológicos afiliados al régimen subsidiado.
Los principales imputados
Entre los principales imputados figuran Héctor Antonio Lora Cruceta, expresidente del Consejo del Patronato Cibaeño Contra el Cáncer y miembro de la junta directiva del Instituto Oncológico Regional del Cibao; Luisa Yasiris Guzmán, actual esposa de Lora Cruceta y presidenta de la Fundación Tócate RD-Casa de Acogida; y Dilcia Isabel Vargas Sánchez, exesposa del imputado, quien habría ocupado funciones directivas y de auditoría dentro de la institución.
Según la tesis del Ministerio Público, los imputados se habrían aprovechado de sus posiciones dentro del patronato y de entidades vinculadas para sustraer fondos millonarios del SENASA, mediante distintas maniobras fraudulentas.
El órgano acusador sostiene que esos hechos habrían perjudicado al Estado dominicano y a pacientes con cáncer que recibían servicios en el Instituto Oncológico Regional del Cibao.
Un caso sensible por las víctimas
La investigación tiene un componente especialmente sensible por la naturaleza de los fondos bajo investigación, destinados a tratamientos y servicios médicos para pacientes oncológicos.
El Instituto Oncológico Regional del Cibao es una de las principales entidades de atención contra el cáncer en la región Norte del país y funciona bajo la administración del Patronato Cibaeño Contra el Cáncer.
El Ministerio Público sostiene que la presunta estructura habría operado en perjuicio de pacientes del régimen subsidiado, mediante esquemas vinculados a servicios médicos, facturación, tratamientos y recursos públicos canalizados a través del SENASA.
La audiencia del próximo viernes será clave para determinar si el tribunal acoge la solicitud de 18 meses de prisión preventiva, si declara el caso de tramitación compleja y qué medidas impone contra los principales imputados mientras avanza la investigación.
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