El sistema de salud pública dominicano está en crisis y el ministro Víctor Atallah mira para otro lado. Esa es la conclusión contundente de las 57 organizaciones agrupadas en la Alianza por el Derecho a la Salud (ADESA), cuyos cientos de dirigentes caminaron este martes hasta el Ministerio de Salud Pública para entregar un documento que es, en esencia, un acta de acusación contra la gestión sanitaria del Gobierno.
La marcha, que partió desde el parque Simón Alfonso en la calle Pepillo Salcedo esquina Héctor Homero Hernández, no fue un reclamo menor: es el grito de millones de dominicanos que dependen del Estado para acceder a servicios de salud y se encuentran con hospitales sin insumos, sin medicamentos, sin personal, sin camas y sin equipos de diagnóstico. Un sistema que, en la práctica, les cierra la puerta.
"Un ministro que preside todo y no responde por nada"
El documento entregado no se anda con rodeos. ADESA le recuerda al ministro Atallah que, por ley, es presidente de oficio del Consejo Nacional de Salud, del Servicio Nacional de Salud, del Seguro Nacional de Salud y vicepresidente del Consejo Dominicano de la Seguridad Social. "Por tanto, no puede ignorar ni eludir responsabilidades de lo que en ellas ocurra", sentencia la comunicación.
La acusación es directa: descuido de funciones de rectoría e indiferencia frente al caos. Y no se limita al sector público. "La rectoría también debe extenderse al ejercicio privado de la salud, que anda como chivo sin ley", advierte el texto, en una frase que retrata con crudeza la desregulación que impera en el negocio sanitario dominicano.
El Seguro Familiar de Salud: caro, excluyente y sin control
Uno de los señalamientos más duros apunta al Seguro Familiar de Salud (SFS), al que ADESA califica sin ambigüedades como "caro, excluyente, discriminatorio y estimulante de la privatización". El diagnóstico es alarmante: los copagos operan sin ningún tipo de control y ya superan el 50% del presupuesto familiar destinado a salud. Es decir, las familias dominicanas pagan un seguro obligatorio y luego deben poner de su bolsillo más de la mitad de lo que gastan en atenderse.
La paradoja es brutal: la afiliación al régimen contributivo es obligatoria para los trabajadores, pero los prestadores de servicios pueden aceptar o rechazar libremente un carné de seguro. El sistema obliga al ciudadano a pagar, pero no garantiza que alguien lo atienda. "Necesita una revisión urgente y una posición firme de parte del Estado para garantizar universalidad", exige ADESA.
Un plan abandonado, una atención primaria en ruinas
La coalición también denuncia que el Gobierno abandonó el Plan Estratégico Nacional de Salud 2030, un instrumento diseñado con la participación de partidos políticos, organizaciones sociales y amplios sectores de la sociedad. Un plan que representaba una hoja de ruta consensuada y que hoy junta polvo en algún cajón del Ministerio.
Mientras tanto, la estrategia integral de atención primaria —la primera línea de contacto entre el ciudadano y el sistema de salud— está en ruinas. "Esto se traduce en la falta de inversión y de personal en los centros del primer nivel de atención donde las precariedades son extremas", denuncia ADESA. Sin atención primaria funcional, los hospitales se saturan, los costos se disparan y los más pobres quedan afuera.
Salud como negocio versus salud como derecho
El fondo del reclamo es ideológico y estructural: en República Dominicana predomina un enfoque que trata la salud como negocio en vez de entenderla como un derecho universal. ADESA reconoce que el comercio de la salud puede ser lícito, pero exige que sea regulado por el Estado "para evitar explotación, inequidades y privilegios".
La coalición insiste en que urge cambiar el rumbo con un enfoque centrado en la prevención de enfermedades y la promoción de la vida sana, mayor inversión pública, mejor calidad del gasto y una rectoría estatal que deje de ser decorativa. "Urge incrementar la inversión pública y el gasto en salud, condición imprescindible para superar la crisis de los centros sanitarios, la inmensa mayoría de los cuales operan con déficit de personal, de insumos, de medicamentos y de equipos", concluye el documento.
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