El presidente Luis Abinader se limitó responder a las acusaciones del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), que sostiene que el Ministerio Público aplica una “justicia selectiva” con criterios políticos sobre el caso de corrupción en el Servicio Nacional de Salud (Senasa), y reiteró que su gobierno mantiene un órgano persecutor independiente y comprometido con la impunidad cero.
Durante LA Semanal con la prensa, el mandatario manifestó que no se refiere a temas que competen a la justicia, indicando que corresponde al Ministerio Público responder a ese tipo de señalamientos.
“Desde el principio hemos mantenido un Ministerio Público independiente y con cero impunidad”, subrayó.
En cuanto, su ordenanza de que Senasa se constituya en actor civil para reclamar más de 21 mil millones de pesos presuntamente involucrados en el fraude investigado, Abinader indicó que los aspectos jurídicos ya fueron explicados en un comunicado emitido por el Gobierno.
El jefe de Estado no ofreció detalles sobre si el proceso pudiera prolongarse o en qué podrían ser invertidos esos recursos en caso de recuperarse, reiterando que se trata de un tema legal en manos del sistema de justicia.
Sobre las declaraciones del abogado del exdirector de Senasa, Santiago Hazim, quien lo acusó de interferencia judicial por sus mensajes previos sobre el caso, Abinader dijo que fijó la posición oficial y que no ofrecerá más comentarios.
“Es un tema que está en la justicia. Nosotros nos expresamos ayer de acuerdo a lo que debíamos decir. Toda la información saldrá a la luz pública, especialmente por el Ministerio Público”, puntualizó.
Sobre el caso
El pasado 13 de septiembre, por instrucciones directas del presidente Abinader, el superintendente de Salud y Riesgos Laborales (Sisalril), Miguel Ceara Hatton, y el actual director ejecutivo del Senasa, Edward Guzmán, entregaron a la procuradora general de la República, Yeni Berenice Reynoso, un informe con “graves hallazgos” de irregularidades detectadas en el Senasa.
La investigación, en la que también participan la Contraloría General de la República y la Cámara de Cuentas, se originó a raíz de denuncias del programa de televisión Reporte Especial con Julissa Céspedes, que expuso un supuesto esquema de corrupción que involucraría a funcionarios, exfuncionarios y médicos.
El sábado 6 de diciembre, el Ministerio Público puso en marcha la Operación Cobra, en la cual figuran personas físicas y jurídicas acusadas de integrar una red que habría defraudado al Seguro Nacional de Salud (Senasa) por miles de millones de pesos. Un total de 25 fiscales, auxiliados por más de 200 agentes de la Policía Nacional, practicaron 12 allanamientos como parte de la Operación Cobra, proceso de judicialización para obtener sanciones penales y el decomiso del dinero sustraído al patrimonio público a través de Senasa.
Durante los allanamientos fueron detenidos Santiago Marcelo F. Hazim Albainy, Gustavo Enrique Messina Cruz, Germán Rafael Robles Quiñones, Francisco Iván Minaya Pérez, Eduardo Read Estrella, Cinty Acosta Sención, Ramón Alan Speakler Mateo y Ada Ledesma Ubiera, por coalición de funcionarios, prevaricación, asociación de malhechores, cobro de soborno, estafa contra el Estado dominicano, desfalco, falsificación, uso de documentos falsos y lavado de activos.
En ese orden, la procuradora general de la República, Yeni Berenice Reynoso, explicó que el Ministerio Público realiza “grandes esfuerzos” para que los que han atentado contra la salud de la población, afectando especialmente a los más necesitados, paguen por sus hechos y retornen al Estado dominicano cada peso sustraído del patrimonio público.
Señaló que Senasa pertenece a todos, por lo que se trata de una afectación a un bien colectivo que impacta el derecho constitucional a la salud.
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