Con Santi Carneri, nuestro corresponsal en Asunción, y la AFP

La semana pasada, casi la mitad del país, tres millones de trabajadores y jubilados, amanecieron sin poder acceder a su dinero en Paraguay. El mayor banco digital, Ueno Bank, había quebrado y con nocturnidad y alevosía el Banco Central lo intervino, provocando un corralito bancario.

Desde entonces, la gente en la calle no ha parado de protestar y ha provocado la destitución y detención del expresidente Santiago Peña, economista graduado en la Universidad de Columbia de Estados Unidos.

“Son todos cómplices”

Tras la detención de Peña, su vicepresidente Pedro Alliana asumió el poder. Un cambio de maquillaje superficial, mientras la gente sigue sin poder recuperar su dinero. "Nosotros no le reconocemos a Alliana como presidente, porque ellos son todos cómplices. Es parte de la misma rosca. El esquema sigue. Más de un año va a estar él en el poder", comentaba Patricia Jara en una manifestación.

Peña era inspiración y ejemplo de otros gobiernos derechistas de la región como el de Javier Milei en Argentina, cuando no era más que la continuación del Partido Colorado, que lleva gobernando este país desde 1954 con una sola excepción de cuatro años.

"Es una vergüenza, indignación, se llevaron la plata de la caja de jubilaciones, de Itaipú, Fiscal, que tan mezclado está el Ministerio de Economía y Finanzas, el Banco Central, todos están en esa línea. Hoy se rasgan las vestiduras los funcionarios del Banco Central, ellos estuvieron tapando casi ocho meses esa situación", cuenta a RFI Carlos Zarza.

Hacia un nuevo gobierno

"Santi Peña se fue, quedó Alliana, tenemos confianza de que tome cartas en el asunto y saque a todos los delincuentes que robaron nuestros aportes jubilatorios", dijo por lo contrario a la AFP María Fernandez, de 62 años, durante una protesta de docentes en Asunción. Aunque el nuevo presidente fue denunciado en la misma causa que Peña por supuestos vínculos con Ueno, no fue imputado y el Congreso desistió de realizarle un juicio político.

Pedro Alliana pidió este lunes la dimisión de todos sus ministros. El nuevo mandatario ya había iniciado una renovación del gobierno. Este lunes tomó juramento a Ariel Martínez como ministro del Interior, Juan Carlos Baruja en Obras Públicas y Rolando de Barros como jefe de gabinete.

También designó nuevos titulares en áreas de Ambiente y Tecnología, y al frente de la empresa estatal de electricidad ANDE.  Asimismo, propuso al economista Jorge Schreiner para presidir el Banco Central (BCP), cuyo nombramiento requiere aprobación del Senado.

Ola de allanamientos

Este lunes, la vivienda en Asunción del presidente destituido Santiago Peña fue allanada durante casi cinco horas. La Fiscalía allanó también el lunes una sede de Ueno Bank e incautó documentos sobre inversiones de Peña con base en los cuales solicitó la cooperación para el congelamiento de criptoactivos en Luxemburgo, informó el ministerio público.

Más temprano, la Fiscalía señaló que "se trabaja para ubicar y asegurar bienes en el exterior, con el fin de repatriarlos e indemnizar a las víctimas", de la caída de Ueno Ban. "Para ello se mantiene contacto con autoridades de Luxemburgo y Argentina, y el Departamento de Justicia de los Estados Unidos de América ofreció su colaboración", añadió.

La Fiscalía también allanó el lunes la residencia del expresidente del Banco Central Carlos Carvallo, en prisión preventiva e imputado en la causa. En otro operativo incautó autos de lujo presuntamente pertenecientes a directivos de Ueno. La Justicia lleva dos causas en paralelo: la que investiga a Peña y Carvallo por sus vínculos con el banco y la que avanza sobre sus directivos, ocho de los cuales están detenidos.

La Fiscalía tiene pendiente abrir una bóveda descubierta el domingo durante un allanamiento a otra residencia de Peña, a unos 50 km de Asunción. La mansión fue financiada parcialmente con préstamos de Ueno, cuyas cuotas mensuales, según la investigación, equivalían a seis veces el salario presidencial de Peña.

Desde el jueves, cerca de 1,7 millones de personas recuperaron un total de 340 millones de dólares, según datos del lunes del Banco Central. Se trata de una primera fase de restitución, no de la devolución de la totalidad del dinero depositado en el banco. La incertidumbre sigue sobre los aproximadamente 800 millones de dólares de fondos públicos gestionados por el banco, como los del Instituto de Previsión Social (IPS), que gestiona las pensiones.

RFI

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