A partir del 1 de enero de 2026, el recorrido de los extranjeros no europeos que desean establecerse de forma permanente en Francia se volverá sensiblemente más complejo. La ley del 26 de enero de 2024, "para controlar la inmigración y mejorar la integración", endureció los requisitos en materia de dominio del francés y de "integración republicana" para los recién llegados. En particular, crea un examen cívico y eleva el nivel de idioma exigido —que además será certificado mediante una prueba— para obtener un permiso de residencia de larga duración o la nacionalidad francesa.
Estas medidas se están aplicando de manera progresiva desde 2025, pero será el 1 de enero de 2026 cuando el dispositivo esté plenamente operativo.
Un examen cívico obligatorio
Un nuevo documento se suma al expediente que debe presentarse ante la prefectura: el certificado de aprobación de un examen cívico. Bruno Retailleau firmó el 10 de octubre de 2025, poco antes de dejar el Ministerio del Interior, un decreto que establece el programa, las pruebas y las modalidades de organización de este examen. A partir del 1 de enero, el certificado será obligatorio tanto para una solicitud de naturalización como para la obtención de una primera tarjeta de residencia plurianual —que autoriza una estadía estable de varios años— o de una primera tarjeta de residente (válida por 10 años).
La prueba adopta la forma de un cuestionario de opción múltiple "centrado principalmente en los principios y valores de la República, los derechos y deberes vinculados a la vida en Francia, la historia, la geografía, la cultura y el sistema institucional y político francés", según indica el Código de Entrada y Residencia de Extranjeros y del Derecho de Asilo. Los candidatos disponen de 45 minutos para responder 40 preguntas, y deberán alcanzar un 80 % de respuestas correctas (al menos 32) para aprobar.
El examen deberá rendirse en centros habilitados antes de presentar la solicitud de residencia o de naturalización. Podrá repetirse "tantas veces como sea necesario" y solo será exigido en la primera emisión del permiso de residencia. La entrevista de asimilación en la prefectura, que ya existía, se mantiene, aunque ahora estará centrada en la adhesión a los valores de la República.
Un examen de francés y cursos virtuales
La otra gran novedad concierne al nivel de dominio del francés. Con la ley del 26 de enero de 2024, se pasa de una lógica de obligación de medios —seguir un número determinado de horas de formación— a una obligación de resultados. A partir de ahora, será necesario aprobar un examen oficial para acreditar las competencias lingüísticas. Además, los niveles exigidos se elevan: para una solicitud de naturalización, se exige el nivel B2 (uno de los más altos), frente al B1 anterior; para una tarjeta de residencia plurianual, será necesario acreditar el nivel A2; para una tarjeta de residente, se exigirá el nivel B1, cuando antes bastaba con el A2.
"Esta evolución es una catástrofe", comenta Marianne Bel, responsable de los programas de aprendizaje del francés en la ONG La Cimade, que da cuenta de un fuerte aumento de la demanda de talleres de idioma antes de fines de 2025. "El idioma es un criterio muy discriminatorio. Para la tarjeta plurianual, exigir ahora la aprobación de un examen —y además escrito— será claramente una barrera para muchísima gente, en particular para las personas que no han sido escolarizadas". La responsable subraya también que "el nivel B2 que se exigirá para la naturalización es el mismo que se pide a los estudiantes extranjeros para ingresar a la universidad".
Para acreditar el nivel de francés, será necesario presentar un diploma francés o un certificado de prueba lingüística (como TCF, TEF o DELF) reconocido a nivel internacional. La Cimade advierte sobre posibles estafas vinculadas a pruebas no autorizadas.
"El gobierno aumenta las exigencias de integración con pruebas que podrían resultar difíciles incluso para franceses, mientras reduce los medios para alcanzarlas", señalaba en septiembre Vincent Beaugrand, director de France Terre d’Asile. Desde el 1 de julio de 2025, los cursos de francés prescritos por la Oficina Francesa de Inmigración e Integración (OFII) a los titulares de un primer permiso de residencia son, en su inmensa mayoría, virtuales, a través de la plataforma Frello. Las clases presenciales solo subsisten para un público muy reducido: personas alófonas con muy poca o ninguna escolarización. A fines de agosto, La Cimade, Secours Catholique-Caritas France y la Federación de Centros Sociales y Socioculturales acudieron a la justicia para impugnar la decisión de digitalizar la oferta de formación.
Tanto para el examen cívico como para el test de francés, se prevén adaptaciones (tiempo adicional, modalidades específicas) para las personas con discapacidad o con enfermedades crónicas, previa presentación de un certificado médico. Las personas mayores de 65 años que soliciten una tarjeta de residencia plurianual o una tarjeta de residente están exentas de estas obligaciones. En el caso de la naturalización, la administración menciona la posibilidad de adaptaciones o dispensas caso por caso para la evaluación lingüística cuando el estado de salud lo justifique, pero por el momento no contempla una exención general por edad en los textos de procedimiento.
Endurecimiento de la naturalización
Más allá del nivel B2 y del examen cívico, la circular del 2 de mayo de 2025, firmada por Bruno Retailleau, endurece de forma significativa los criterios de acceso a la nacionalidad francesa por naturalización. A partir de ahora, el solicitante debe justificar un empleo estable: un contrato de duración indefinida (CDI) de al menos un año, o un contrato de duración determinada (CDD) que cubra dos años continuos en la fecha de análisis del expediente. También debe percibir ingresos "estables y suficientes", al menos equivalentes al salario mínimo (Smic) y mayoritariamente de origen francés. Las personas cuyos ingresos provienen en gran medida de prestaciones sociales —o del extranjero— son consideradas como no conformes a los criterios de inserción profesional.
En la práctica, estas condiciones pueden excluir a numerosos perfiles precarios: trabajadores a tiempo parcial, empleados temporales, personas con contratos cortos y, en particular, mujeres cuyos ingresos se complementan con ayudas sociales.
Otro "filtro" es la denominada "ejemplaridad del recorrido". Las prefecturas son invitadas a descartar ampliamente a personas que hayan atravesado períodos de irregularidad migratoria, que no hayan cumplido una orden de salida del territorio francés (OQTF) o que hayan ayudado a un tercero a permanecer de forma irregular. La circular recuerda que la naturalización "no es un derecho", sino una decisión soberana del Estado, y asume una línea claramente más restrictiva que la de circulares anteriores.
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