Fernández, entusiasta de la estrategia de seguridad de Bukele, inauguró el miércoles el Centro de Alta Contención contra el Crimen Organizado, una prisión de máxima seguridad basada en el modelo de la megacárcel salvadoreña.
La gobernante, tras llegar a El Salvador para una visita, realizó un recorrido por el Centro de Confinamiento del Terrorismo (Cecot), el símbolo de la guerra de Bukele contra las pandillas y al que Fernández describió como un "monumento a la justicia".
La mandataria afirmó que combatir el crimen con "mano dura" no implica "renunciar a los derechos humanos que nuestro país históricamente ha defendido y lo seguiremos haciendo".
Durante una conferencia de prensa junto a Bukele en San Salvador, la mandataria dijo que su estrategia contempla mayor coordinación policial, inteligencia contra el narcotráfico, vigilancia de puertos y aeropuertos y cooperación con Estados Unidos y El Salvador.
Fernández elogió las reformas legales implementadas por Bukele para castigar la pertenencia a esas estructuras criminales y añadió que una iniciativa similar en Costa Rica está "cerca" de convertirse en ley.
Por su parte, Bukele aludió a las dificultades políticas que enfrenta su homóloga para impulsar esos cambios y dijo que existe "mucha oposición" a sus propuestas de reformas legales y de colaboración entre los órganos del Estado.
La mandataria acusó al Poder Judicial costarricense de permitir la liberación de delincuentes, una problemática que describió como "un elefante metido en una cristalería".
Sin embargo, opositores y activistas costarricenses cuestionan que el país, reconocido internacionalmente por su tradición de respeto a los derechos humanos, adopte políticas similares a las de El Salvador.
Expertos de Naciones Unidas han advertido que los abusos cometidos durante la ofensiva antipandillas en El Salvador podrían constituir crímenes de lesa humanidad.
La organización salvadoreña Socorro Jurídico sostiene que una tercera parte de los 93.000 detenidos bajo el régimen de excepción vigente desde 2022 son inocentes y ha denunciado más de 500 muertes bajo custodia estatal.
La visita de Fernández incluyó la firma de un acuerdo bilateral para combatir el crimen transnacional.
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