Grupos rebeldes y organizaciones yihadistas lanzaron este fin de semana ofensivas simultáneas en al menos siete ciudades. Entre los actores involucrados se encuentran el Frente de Liberación del Azawad (FLA), integrado en su mayoría por combatientes tuareg que buscan la independencia del norte del país, y el Grupo de Apoyo al Islam y los Musulmanes (JNIM), afiliado a Al Qaeda.
Uno de los ataques más impactantes tuvo lugar en Kati, una ciudad estratégica cercana a la capital, Bamako, y considerada bastión del poder militar. Allí, un atentado suicida con un vehículo cargado de explosivos impactó la vivienda del ministro de Defensa. Además de Camara, murieron varios civiles, incluidos familiares y personas en edificios cercanos. El ataque dejó en estado de shock a la población local, donde las actividades económicas permanecen paralizadas y los comercios cerrados por temor a nuevos hechos de violencia.
Aunque las autoridades militares afirmaron haber abatido a unos 200 "terroristas"” y aseguraron aber repelido parte de los ataques, también reconocieron que la situación sigue siendo “muy tensa” y forma parte de un plan de desestabilización más amplio.
Pérdida de control en el norte
Uno de los elementos más preocupantes de esta crisis es la situación en Kidal, una ciudad clave en el norte de Mali. Tras negociaciones, las fuerzas del ejército maliense y los mercenarios rusos del llamado "Africa Corps" se retiraron de la zona hacia Gao, dejando el control en manos de los rebeldes del FLA y combatientes yihadistas del JNIM.
La retirada marca un retroceso significativo para el gobierno militar, que apenas en noviembre de 2023 había retomado Kidal con apoyo del grupo paramilitar ruso Wagner, después de más de una década bajo dominio rebelde. Ahora, la junta militar ha descrito la salida como un "repliegue estratégico", aunque en la práctica implica la pérdida de presencia estatal en esa ciudad.
Además, los grupos rebeldes afirman haber expandido su control a otras áreas del norte, incluida parte de la región de Gao, lo que refuerza la percepción de un debilitamiento del gobierno central frente a actores armados.
Una ofensiva sin precedentes
Analistas consideran que esta ola de ataques representa el desafío más serio para las autoridades militares desde 2012, cuando una ofensiva similar obligó a la intervención de fuerzas internacionales lideradas por Francia. Desde entonces, Mali ha vivido más de una década de violencia persistente, pero los eventos recientes destacan por su escala, coordinación y alcance geográfico.
Desde 2020, el país está gobernado por una junta militar encabezada por el general Assimi Goïta, tras dos golpes de Estado. Sin embargo, la actual crisis ha puesto en duda su capacidad para garantizar la seguridad, uno de los principales argumentos que justificaron la toma del poder por parte de los militares.
En medio de los ataques, no se ha informado públicamente sobre el paradero del líder de la junta durante las primeras horas de la ofensiva, lo que ha generado interrogantes adicionales sobre la conducción de la crisis.
Preocupación social y presión política
Mientras tanto, la población civil enfrenta un clima de incertidumbre y miedo. En ciudades como Kati, los mercados siguen cerrados y la vida cotidiana se encuentra interrumpida. La violencia también ha afectado infraestructuras y espacios públicos, aumentando la sensación de vulnerabilidad.
En el plano político, sectores de la oposición han reaccionado con dureza. La Coalición de Fuerzas para la República, vinculada al influyente líder religioso Mahmoud Dicko, calificó la situación como una prueba del “fracaso de la estrategia de seguridad” del gobierno militar. En un comunicado, el grupo pidió la renuncia de la junta y la apertura de una transición hacia un gobierno civil.
Un conflicto que se profundiza
La actual crisis se inscribe en un conflicto más amplio que combina insurgencias yihadistas, tensiones étnicas y demandas separatistas en el norte del país. La coordinación entre grupos con agendas distintas, como los independentistas tuareg y organizaciones vinculadas al extremismo islamista, añade complejidad al escenario y dificulta una respuesta efectiva por parte del Estado.
Con varias regiones en disputa, una creciente presión política interna y una población cada vez más expuesta a la violencia, Mali enfrenta un panorama incierto en el corto plazo, marcado por el riesgo de una mayor inestabilidad.
Compartir esta nota