Los desplazados del conflicto en el Catatumbo, la otra cara de la frontera con Venezuela

María amamanta a su bebita enferma en el Centro Regional de Atención a Víctimas en la ciudad de Cúcuta. No tiene cómo darle tetero. Su familia huyó sin pertenencias del municipio de Tibú, ubicado en el departamento de Norte de Santander: el corazón del Catatumbo. Los niños están atemorizados.

Han visto actuar a los grupos armados que utilizan uniformes militares. “Ella mira a alguien uniformado y le da miedo. Los niños de 14 y de 8 años también han visto muertos allá. El día que nos fuimos también había”, dice María a RFI. 800 familias del Catatumbo han sido desplazadas a Cúcuta en estas dos semanas, al menos las que logran extraerse.

“El niño de 8 años tenía una fiebre que no se le quitaba. Y ella, con esa tos que no se le quita. Nos tocó salir con mi marido en una moto. No nos querían dejar pasar. Miraron al niño enfermo y los dos grupos que se estaban enfrentando nos dejaron pasar”, recuerda del pasado 25 de diciembre.

“Me da cosa decir sus nombres”, responde María a la pregunta: “¿Qué grupos?”.

Aquí no hay que hablar más de la cuenta. Incluso en la ciudad, hay informantes por todas partes, ya sea del ELN o de las disidencias de las FARC, las dos guerrillas que se enfrentan por el control territorial en el Catatumbo, y ahora con drones. La guerra empezó hace un año con miles de desplazados. Los civiles se vuelven carne de cañón; los líderes de las comunidades, un blanco.

"Que me tienen que matar"

Los líderes sociales desplazados se reúnen a escondidas. Comandantes de una u otra guerrilla los tienen amenazados. En el celular tienen videos en los que aparecen guerrilleros citando nombres de presidentes de asociaciones de Juntas de Acción Comunal, las organizaciones comunitarias locales, acusándolos de ser “instigadores”.

“Richard Suárez, del Frente 33 de las disidencias de las FARC, me expone, me visibiliza. Directamente tengo amenazas. Él está pagando para saber dónde está mi ubicación. Porque dice que yo soy del ELN y que me tienen que matar”, asegura uno de ellos.

Las autoridades eclesiásticas gozan de mayor respeto en el Catatumbo, en cierta medida. Negocian con los grupos armados para ayudar a la población. No es sencillo, explica Israel Bravo Cortés, obispo de la diócesis de Tibú desde hace cuatro años.

“Se activó con la ayuda de la Defensoría del Pueblo, de la ONU y de la Iglesia, una comisión humanitaria en estos casos de retención de personas, de situaciones muy concretas de firmantes de paz, de dificultades que se han presentado para las comunidades”, explica a RFI.

“Los dos grupos dicen que ellos no reclutan menores, pero uno sí ve muchas caras jóvenes, de 14 años”, dice. “Después, también cuando estos jóvenes desean salirse, hay que hacer todo un proceso para que los puedan dejar salir de las filas”. Hace parte de su misión.

Presencia militar

La ausencia del Estado está en boca de todos. “Cuando uno dice estas cosas, pues todo el mundo piensa que mayor presencia del Estado significa llenar de militares el territorio”, rechaza monseñor Bravo.

Educación, salud, infraestructuras y proyectos para la sustitución de cultivos es lo que reclama. “El Catatumbo tiene más o menos 50.000 hectáreas de coca. Que el que esté mostrando deseos de cambiarse de cultivo, pues tenga unas mejoras de condición de su casa, de su batería sanitaria, de sus aguas residuales; cosas que en el contexto uno no ve que se estén haciendo”, deplora el obispo.

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Tras la extracción de Maduro, muchos temen que el Estado descuide el Catatumbo, distraído por Estados Unidos y Venezuela. El gobierno anunció 30.000 soldados en la frontera colombo-venezolana, pero desde la región constatan poca presencia militar en las veredas atacadas.