El viernes 18 de septiembre, dos días después de un Consejo de Defensa, Emmanuel Macron alertó sobre la intensificación de las amenazas híbridas rusas y pidió que se reforzara la protección de las infraestructuras críticas y los emplazamientos sensibles. Sin embargo, hace apenas un mes, Francia se dotó, con motivo de la actualización de la ley de programación militar, de una nueva herramienta concebida precisamente para esta zona gris: el “estado de alerta de seguridad nacional”.
Aunque el jefe de Estado no mencionó su posible activación durante el examen del texto en mayo, el ponente de la Asamblea Nacional, Yannick Chenevard, resumió así su razón de ser: entre “la paz y el estado de guerra” existe ahora “un espacio difuso”, el del conflicto híbrido. El nuevo estado de alerta debía, explicaba, permitir actuar con mayor rapidez en ese limbo.
“Amenaza grave y actual”
Presentado por el Senado como situado “por debajo del umbral de los regímenes de excepción vigentes”, el dispositivo puede activarse mediante decreto del Consejo de Ministros, en la totalidad o en parte del territorio, en caso de “amenaza grave y actual”. Esta puede afectar directamente a la seguridad nacional o a la continuidad de las actividades esenciales, requerir la puesta en marcha de los compromisos de defensa de Francia o justificar el despliegue rápido de fuerzas francesas o aliadas en el territorio.
Este escenario se contempla directamente en la Revue Nationale Stratégique 2025: el de una Francia comprometida a apoyar a un país europeo atacado, al tiempo que sufre en su propio territorio ataques híbridos destinados a perturbar la sociedad y el esfuerzo de defensa. Sin embargo, tal y como subraya el informe del Senado, los regímenes de excepción existentes no se adaptaban a tal situación.
Los ejercicios militares Orion llevados a cabo en 2023 y posteriormente en 2026 también habían puesto de manifiesto esta necesidad. El secretario general de Defensa y Seguridad Nacional, Nicolas Roche, compareció ante el Senado el pasado mes de mayo y explicó que dichos ejercicios habían mostrado la necesidad de disponer de instrumentos distintos del derecho común ante una situación “deteriorada, o en vías de deterioro rápido”, que podría llegar hasta los “primeros indicios de materialización de una amenaza híbrida en el territorio nacional”. El nuevo estado de alerta debía permitir así esta “escalada progresiva hacia la crisis”, sin esperar a que se dieran las condiciones para el estado de emergencia.
Refuerzo de las infraestructuras estratégicas y excepciones
En la práctica, ¿qué permitiría su activación? En primer lugar, reforzar la protección de las infraestructuras vitales. Francia cuenta con más de 300 “operadores de importancia vital” en los sectores de la energía, el transporte, el agua, la sanidad, la alimentación, las telecomunicaciones o incluso las finanzas, que gestionan unas 1.500 instalaciones sensibles cuya lista no es pública.
Alrededor de algunas de estas instalaciones, el Gobierno podría establecer “perímetros de protección”: acceso y circulación regulados, control de personas, equipajes o vehículos. Otros operadores cuya paralización comprometería gravemente el funcionamiento de la economía, la sociedad o la seguridad del país también podrían estar sujetos a obligaciones reforzadas, como el control del acceso a determinados locales o sistemas sensibles y la notificación inmediata de incidentes que amenacen su actividad.
El segundo objetivo es actuar con mayor rapidez. El secretario general de Defensa y Seguridad Nacional expuso ante el Senado el caso más concreto: ante una amenaza híbrida, podría ser necesario ampliar rápidamente el perímetro de seguridad en torno a una instalación sensible, incluso invadiendo en mayor medida la vía pública, allí donde los procedimientos ordinarios llevan tiempo.
El dispositivo también permite establecer excepciones temporales a determinadas normas reglamentarias relativas al transporte, las telecomunicaciones, el abastecimiento de productos estratégicos, el urbanismo o el medio ambiente.
Por último, en el caso de una crisis militar grave en Europa, las necesidades se vuelven aún más concretas: el traslado de fuerzas aliadas en pocos días puede requerir capacidades adicionales de transporte, energía, alojamiento o logística. El estado de alerta permitiría entonces acelerar determinados contratos y obras necesarios para su despliegue.
La Asamblea Nacional y el Senado deben ser informados “sin demora” de la declaración del estado de alerta y de las medidas adoptadas. Sin embargo, si se prolonga más de dos meses, su prórroga debe ser autorizada obligatoriamente mediante una ley. El control parlamentario obligatorio se produce, por tanto, más tarde que en el caso del estado de emergencia, que no puede prorrogarse más allá de 12 días sin una ley.
Pero, sobre todo, la naturaleza de las facultades concedidas no es la misma. El estado de emergencia otorga a la Administración facultades mucho más directamente restrictivas para las personas: arrestos domiciliarios, restricciones de circulación o, en determinadas condiciones, registros administrativos. El estado de alerta incide, en primer lugar, en la protección de las actividades esenciales y en la capacidad de la Administración para acelerar o simplificar determinados procedimientos.
La cuestión del umbral
Queda por resolver la cuestión central: ¿a partir de cuándo se considera que la amenaza es lo suficientemente “grave” como para activar este nuevo estado de alerta?
Este lunes, el ministro del Interior, Laurent Nuñez, calificó la amenaza de una guerra híbrida rusa de “real” y “documentada”. Pero también precisó que Francia no había constatado ni sobrevuelos de drones ni “sabotajes importantes” en su territorio. En cambio, sí ha sido objeto de “ataques cibernéticos”. Una distinción que aclara directamente la cuestión del umbral.
Para Cédric Perrin, presidente de la Comisión de Asuntos Exteriores y Defensa del Senado y ponente del texto, las declaraciones del jefe de Estado ya ponen de manifiesto “un cambio de escala en la agresividad rusa y en las amenazas en Europa”. Pero aún no se ha alcanzado el umbral que permite activar el estado de alerta.
“En esta fase, nos habíamos centrado en la lucha contra los ciberataques y la manipulación de la información”, afirma en una respuesta por escrito a RFI. Cédric Perrin hace sin embargo especial hincapié en la amenaza de los drones: “La comisión lleva años alertando sobre la amenaza de los drones”, subraya, y considera que habría que poder “reaccionar con rapidez”, sobre todo para reforzar y ampliar los perímetros de protección en torno a los operadores de importancia vital.
“Si llegáramos a sufrir ataques con drones y actos de sabotaje como los ocurridos en Alemania o Polonia, entonces, efectivamente, podríamos plantearnos cuál es el umbral a partir del cual habría que considerar la activación de este nuevo régimen”, dice.
Por el momento —concluye—, no se dan las condiciones de una “amenaza grave y actual” que afecte, en particular, a la continuidad de las actividades esenciales o a la protección de la población: “No es así, o al menos no todavía”. Por lo tanto, en su opinión, corresponde al Ejecutivo poner en marcha los medios de protección disponibles “antes de llegar a ese extremo”.
Durante los debates en la Asamblea Nacional, Yannick Chenevard también había intentado concretar ese umbral: los ciberataques cotidianos no serían suficientes. Mencionó una amenaza capaz, por ejemplo, de “paralizar la red ferroviaria” o parte de las estructuras hospitalarias.
Precisamente este concepto de “amenaza grave y actual” había suscitado críticas. El diputado de LFI Bastien Lachaud había denunciado que los criterios para su activación eran “demasiado vagos”, mientras que en el Senado el ecologista Guillaume Gontard había expresado su preocupación por el riesgo de que se instaurara un régimen excepcional a largo plazo.
El Consejo Constitucional ha validado finalmente la medida, aunque ha precisado que la amenaza debe demostrarse a partir de “indicios materiales suficientemente fundamentados”. Además, el decreto podrá ser impugnado ante el Consejo de Estado, encargado de verificar que se cumplan efectivamente dichas condiciones.
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