Para este miércoles, fecha en que se celebra el Día de Ceuta, han sido convocadas manifestaciones en diversos municipios de España. Las movilizaciones tienen lugar después de una serie de protestas en la propia ciudad autónoma de Ceuta, en vísperas de que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, comparezca ante el Congreso de los Diputados para dar explicaciones y en medio de la aprobación de un plan de 309 millones de euros para hacer frente a las consecuencias de la crisis.
Muchas de las concentraciones previstas han sido convocadas por la Federación Española de Municipios y Provincias, que presenta estos actos como una muestra de solidaridad con la población de Ceuta.
Las manifestaciones se han convertido en motivo de disputa política. El Partido Popular (PP), de derecha y principal fuerza de oposición al Gobierno, apoya las movilizaciones y acusa a Sánchez de evitar responsabilizar a Marruecos de la crisis. El partido de extrema derecha Vox va aún más lejos y acusa a Marruecos de utilizar la migración como instrumento de una “guerra híbrida” contra España, además de criticar duramente a Sánchez por la forma en que el Gobierno gestionó la crisis.
Las movilizaciones dividen a la izquierda
En la izquierda hay consenso sobre estas protestas. La dirección nacional del Partido Socialista Obrero Español (PSOE), de Sánchez, acusó al PP de instrumentalizar políticamente las manifestaciones. Sin embargo, más de 30 ayuntamientos gobernados por el propio PSOE decidieron sumarse a las movilizaciones. Otros municipios dirigidos por partidos de izquierda optaron por organizar actos alternativos de solidaridad con Ceuta.
En Madrid, el partido de izquierda Podemos promueve una manifestación contra el racismo. La líder de la formación, Ione Belarra, acusa a la derecha de alimentar discursos racistas y xenófobos, aunque también critica al Gobierno de Sánchez por su actuación ante la crisis.
Las movilizaciones de este miércoles se suman a varios días de protestas en la propia ciudad de Ceuta. Mientras tanto, el Ejecutivo español aprobó un plan de 309 millones de euros hasta finales de 2026. Los recursos se destinarán a la acogida humanitaria, incluido el refuerzo de la atención a los menores migrantes, la seguridad, los servicios esenciales y medidas de apoyo a empresas y trabajadores.
¿Qué sabía el gobierno?
El jueves Pedro Sánchez comparecerá ante el Congreso de los Diputados para dar explicaciones sobre la gestión del Gobierno desde el inicio de la crisis y sobre las medidas adoptadas para reforzar el control de las fronteras españolas y europeas y garantizar la soberanía nacional.
También está en debate qué información tenía el Gobierno antes de la entrada masiva de migrantes en el enclave. La ministra de Defensa, Margarita Robles, reconoció que los servicios de inteligencia contaban con información previa sobre movimientos relacionados con la frontera. Sin embargo, otros integrantes del Ejecutivo afirmaron que no existían datos que permitieran prever la magnitud de la entrada registrada el 30 de julio.
En las últimas horas ha surgido un nuevo elemento en esta ecuación. Según el diario El Español, un informe preliminar del Centro Nacional de Inmigración y Fronteras (CENIF) señala que agentes de seguridad marroquíes habrían dado instrucciones a migrantes y gestionado el flujo de personas durante la entrada de extranjeros en Ceuta.
Según la prensa española, el documento fue entregado a la jueza María Tardón, de la Audiencia Nacional, en el marco de la investigación sobre los acontecimientos. Cuando la información fue publicada, la noche del martes, la Fiscalía aún no había analizado el informe.
La publicación de este informe provocó una reacción inmediata del Ministerio del Interior. Durante la madrugada de este miércoles, Fernando Grande-Marlaska pidió al director general de la Policía que aclarara con urgencia si las informaciones difundidas son ciertas y, en caso afirmativo, desde cuándo la Policía Nacional tenía conocimiento de los hechos.
El contenido adquiere un peso político especial porque el lunes Sánchez afirmó que no existían informaciones de las fuerzas de seguridad ni de los servicios de inteligencia que suscitaran dudas sobre una eventual participación de las autoridades marroquíes, y destacó la cooperación de Marruecos durante la crisis.
Repercusión internacional
En una entrevista reciente con la cadena SER, Sánchez afirmó que rumores sobre Ceuta se difundieron a través de redes sociales que vinculó con Rusia, Israel y una red internacional de extrema derecha que, según él, explota la cuestión migratoria para atacar a España y a Europa.
El presidente del Gobierno subrayó que eso no implica necesariamente la actuación de actores estatales extranjeros y reconoció que las autoridades siguen investigando lo ocurrido.
Israel rechazó la acusación. El ministro israelí de Exteriores, Gideon Saar, acusó a Sánchez de "mentir descaradamente" sobre el papel de Israel en la crisis. Por su parte, Rusia exigió que el presidente del Gobierno español presente pruebas concretas para respaldar sus declaraciones.
Ante las reacciones internacionales, el Gobierno español afirmó basarse en un informe de la Comisión Europea que, según el Ejecutivo, apuntaba a una red internacional de extrema derecha, con focos digitales en Rusia e Israel, que habría amplificado lo ocurrido en Ceuta para aumentar la polarización en Europa.
El Servicio Europeo de Acción Exterior sostiene que se detectaron intentos de Rusia de explotar la crisis de Ceuta en internet. No obstante, el organismo también afirma que no existen pruebas concluyentes de que la propia crisis haya sido desencadenada por una campaña de desinformación promovida por agentes estatales de otros países. Israel no aparece mencionado en esa evaluación.
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