El Catatumbo está localizado en el nororiente de Colombia, principalmente en el departamento de Norte de Santander, y limita al norte y al este con Venezuela. Se caracteriza por su relieve montañoso y selvático, atravesado por el río Catatumbo y sus afluentes, que desembocan en el lago de Maracaibo. Con al menos 43.000 hectáreas de coca sembradas, es una de las regiones más impactadas por las economías ilícitas. Su historia combina conflicto armado persistente y abandono por parte de las políticas oficiales.
La última ola de violencia comenzó a inicios de 2025 con una masacre en el municipio de Tibú. En el último día del año, un hospital del corregimiento de Filo Gringo fue blanco de un ataque con drones que dejó cinco personas heridas, dos de ellas menores de edad. En la región se han registrado ataques a hospitales, civiles heridos en medio de los enfrentamientos, más de 78.000 desplazados forzosamente, cerca de 300 casos de violencia sexual y medio centenar de reclutamientos forzados, muchos de ellos de menores de edad.
Juan Carlos Quintero, de la Asociación Campesina del Catatumbo, fue uno de los dirigentes sociales que alertaron al Gobierno colombiano y a la ONU sobre el agravamiento de la situación en el último trimestre del año.
RFI: Usted advirtió que la situación iba a recrudecer. ¿Ha sido así?
Estamos a puertas de cumplir un año desde que se agudizó la crisis humanitaria en el Catatumbo, con el inicio de los enfrentamientos entre el Frente 33 y el Ejército de Liberación Nacional. Nos vuelve a pasar lo mismo que hace un año: se advirtió, pero el Gobierno y el Estado en su conjunto no tomaron las medidas necesarias para proteger a la población civil.
Desde el pasado 25 de diciembre se ha intensificado la contraofensiva del Frente 33 en los municipios de Tibú y El Tarra. Esto ha dejado miles de familias confinadas, un fin de año muy negro, con muchos combatientes muertos de lado y lado, sobre todo jóvenes de nuestra comunidad. También se ha registrado destrucción de bienes civiles, como casas, iglesias y puestos de salud, especialmente en Tibú.
RFI: Además de la presencia militar y del Puesto de Mando Unificado anunciado por el Ministerio de Defensa al comenzar el año, ¿qué otras medidas ha tomado el Gobierno?
Nos sorprenden mucho esos anuncios porque no coinciden con lo que ocurre en el terreno. El Catatumbo es una de las zonas más militarizadas del país, pero pareciera que hubiera una operación de brazos caídos por parte de las Fuerzas Armadas. Primero, porque no están cumpliendo su deber constitucional de proteger a la población civil y, segundo, porque no están interviniendo de manera eficaz en la confrontación.
En cuanto a las medidas del Gobierno, hubo una declaratoria de conmoción interior con un propósito distinto al represivo. Este Gobierno acudió a esa herramienta con una causa noble. Se trataba de 18 decretos reglamentarios que buscaban recaudar recursos y poner en marcha políticas públicas para superar la crisis. Pero, desafortunadamente, la Corte Constitucional tumbó la mayoría de esos decretos, lo que impidió que la crisis se atendiera de manera oportuna.
Por ejemplo, había un decreto orientado a fortalecer los procesos de sustitución de cultivos de uso ilícito, con mayor respaldo financiero a los programas, algo clave para el Catatumbo, donde las economías ilícitas son uno de los principales factores del conflicto.
RFI: ¿Era necesario acudir a un decreto de conmoción interior o se podían tomar medidas desde otros organismos del Estado?
Claro que se podían tomar otras medidas. Lo que pasa es que los decretos de conmoción interior potenciaban la acción institucional, y esa era la buena intención que luego fue frenada por la Corte Constitucional.
Pero también existen deberes constitucionales y otras herramientas que el Ejecutivo puede usar, y nosotros consideramos que lo que se ha hecho sigue siendo insuficiente. Por ejemplo, no es lógico que el Gobierno haya extendido por decreto, el 23 de diciembre, la zona de ubicación temporal para el Frente 33 y, al mismo tiempo, se haya lanzado una contraofensiva en el territorio. Eso no genera confianza en la paz.
Otro ejemplo: hace un mes, el Frente 33 del Estado Mayor Central, una de las disidencias de las extintas FARC, firmó un protocolo de protección a la población civil. Sin embargo, hace apenas cuatro días, el corregimiento de Filo Gringo fue atacado y no hubo una exigencia contundente del Gobierno nacional.
Nuestras críticas apuntan a la falta de rigor y seriedad en estos procesos de paz. Si no sirven para lo más importante, que es proteger a la población civil, entonces están fallando en su objetivo central.
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