Al canto de "Peter, Peter, compadre, la concha de tu madre…", un grupo de ciudadanos vestidos de Gandalf protestaba esta semana frente a la casa del magnate tecnológico Peter Thiel en Buenos Aires. Con creatividad, los denominados "Gandalfs del Sur" denunciaban los negocios en Argentina del fundador de la firma de inteligencia artificial y espionaje masivo Palantir y exigían su partida del país.
La ampliación de la presencia de tecnologías de vigilancia masiva es una preocupación creciente en Argentina. Y según denunció el miércoles Amnistía Internacional, su uso se ha expandido desde la llegada al poder de Javier Milei.
En el informe "Estado de vigilancia: La expansión del uso de tecnologías de vigilancia masiva por el Gobierno de Argentina", la organización entrevistó a actores de la sociedad civil y recabó documentación sobre decretos, resoluciones gubernamentales y reformas para ampliar las capacidades de recopilación de información y vigilancia del Estado.
"El gobierno se sirve del reconocimiento facial, el aterrizaje a las redes sociales, el ciberpatrullaje y otras herramientas como drones, adquisición de software y demás que tienen el potencial de vigilar a las personas", explica a RFI Paola García Ray, directora adjunta de Amnistía Internacional Argentina.
"Básicamente, lo que hace es achicar, disminuir o restringir el ejercicio de los derechos", agrega.
Según la responsable, la gente "piensa dos veces" antes de decidir publicar algo o sumarse a una manifestación, por lo que esta situación comienza a tener "repercusiones concretas sobre el ejercicio democrático y la libertad de expresión".
En total, el Estado ha gastado al menos 1,2 millones de dólares en estas herramientas de vigilancia entre 2024 y 2025, pese a la política de austeridad del gobierno. También las autoridades de la ciudad de Buenos Aires invirtieron 48 millones de dólares en dispositivos de videovigilancia para cubrir la urbe, en particular las zonas de protesta.
"Existe una inconsistencia: mientras el Estado hablaba de recortes y de motosierra, y retraía el 41% del gasto público en 2025, en la vereda opuesta el presupuesto en materia de seguridad e inteligencia se ha elevado un 29% y un 6% (…) Es un mensaje muy claro de a dónde está apuntando el gobierno con sus prioridades"
– Paola García Ray, directora adjunta de Amnistía Internacional Argentina.
Esta vigilancia gubernamental afecta principalmente a activistas, migrantes y periodistas. Si bien esta situación se ha dado previamente, nunca habría alcanzado estas dimensiones, según señala a RFI Agustín Lecchi, secretario general del Sindicato de Prensa de Buenos Aires (SipreBa).
"Eran situaciones más puntuales, no una política generalizada, permanente. Es el momento de mayor ataque [a la prensa] desde la vuelta a la democracia", sostiene.
Según precisa, hay una "persecución manifiesta a los periodistas" e incluso a los dueños de medios, que se ejerce a través de la represión en las movilizaciones, la judicialización por opinar o el doxeo.
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Amnistía Internacional pidió al gobierno prohibir el desarrollo, producción, venta y uso de tecnología de reconocimiento biométrico para vigilancia discriminatoria y establecer un marco de regulación específico, pero de momento no ha obtenido respuesta.
"No nos estamos oponiendo al uso de tecnologías para el acompañamiento de políticas sociales, pero este uso tiene que tener límites claros, ser proporcional y necesario, tener un fin legítimo y, por supuesto, estar abiertosa ser auditado constantemente por distintos actores", concluye García Ray.
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