Andrii Portnov, exjefe adjunto de la administración presidencial ucraniana durante el mandato de Viktor Yanukovich, próximo a Rusia, fue asesinado a tiros este miércoles cerca de Madrid. Portnov estaba sancionado por Estados Unidos desde 2021 por 'corrupción', acusado de 'usar su influencia para comprar acceso a los tribunales ucranianos e influir en sus decisiones'.
"La víctima ha recibido varios disparos cuando se disponía a subir a un vehículo. Varias personas le han disparado en la espalda y en la cabeza y posteriormente han huido del lugar hacia una zona boscosa", precisó una fuente de la policía.
Cuando fue abatido, el exdiputado ucraniano, sancionado por Estados Unidos por corrupción, se encontraba frente al colegio norteamericano de Pozuelo de Alarcón, una zona muy acomodada cerca de Madrid.
Por el momento, las autoridades ucranianas no hicieron ningún comentario oficial al respecto.
Preguntado por la AFP, un responsable del servicio de inteligencia militar ucraniano (GUR) se limitó a confirmar la muerte de Portnov.
"Según la información disponible, Portnov fue asesinado a tiros", indicó este responsable bajo anonimato, sin dar más detalles.
Jurista y exalto funcionario en Ucrania, Portnov, de 51 años, fue diputado en la década de 2000, antes de ser jefe adjunto de la administración presidencial de Yanukovich, el jefe de Estado prorruso que huyó de Ucrania a Rusia tras la represión violenta en 2014 de las manifestaciones proeuropeas conocidas como la Revolución del Maidán.
Huída de Ucrania
Tras la caída de Yanukovich, Portnov huyó también del país y se instaló en Rusia y después en Austria, antes de regresar a Ucrania tras la elección presidencial de Volodímir Zelenski en 2019.
Según medios ucranianos, Portnov logró, gracias a sus conexiones en las altas esferas, huir de Ucrania en junio de 2022, después del comienzo de la invasión rusa, a pesar de que los hombres de 18 a 60 años tenían prohibido salir del país, salvo algunas excepciones.
Portnov estaba, además, sancionado por "corrupción" por Estados Unidos desde diciembre de 2021.
Según el Departamento del Tesoro estadounidense, Portnov cultivó "profundas conexiones con el aparato judicial y los cuerpos de seguridad de Ucrania a través del soborno".
Estados Unidos lo acusa de "usar su influencia para comprar acceso a los tribunales ucranianos e influir en sus decisiones, así como de sabotear los esfuerzos de reforma".
Consideran que "en 2019, Portnov tomó medidas para controlar el poder judicial ucraniano, influir en la legislación correspondiente, tratar de colocar a funcionarios leales en altos cargos dentro del sistema judicial y comprar decisiones judiciales".
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