La justicia de Ecuador ha declarado culpables este lunes a 16 militares por la desaparición forzada de cuatro niños en el sur de Guayaquil.El fallo condena, por una parte, a 11 militares a la pena máxima solicitada por la Fiscalía —34 años y ocho meses de prisión— como responsables directos del delito. Y por otra, a cinco soldados que se acogieron a la cooperación eficaz del caso y vieron sus penas reducidas a 30 meses. Sus testimonios permitieron reconstruir, pieza a pieza, lo ocurrido, en un contexto marcado por la desinformación.
Tras el fallo, el gobierno expresó su compromiso con la no repetición de este tipo de hechos y de respetar los derechos humanos. La sentencia "es un paso definitivo para la verdad y la justicia", dijo en X la ministra de Gobierno, Nataly Morillo, quien agregó que "nadie está por encima de la ley y todo funcionario público, de cualquier nivel, que violente normas o derechos, debe ser sancionado".
El caso estremeció a Ecuador en medio de denuncias de organizaciones de derechos humanos sobre crecientes abusos de las Fuerzas Armadas, que desde 2024 están desplegadas en las calles como parte de una política oficial de mano dura contra el narcotráfico.
Nehemías (15 años), Steven (11), Ismael (15) y Josué (14) fueron detenidos por los militares el 8 de diciembre de 2024. Las cámaras de videovigilancia de la ciudad registraron con crudeza la captura: los adolescentes fueron golpeados y arrastrados hasta camionetas militares antes de ser trasladados a Taura, una remota zona rural ubicada a más de una hora del lugar donde fueron vistos por última vez. Durante el juicio se divulgó un video en el que se observa a uno de los militares golpear con su fusil a uno de los menores. También se reveló que otro agente disparó a unos 80 centímetros de la cabeza de uno de los detenidos. Los cuerpos de las víctimas aparecieron calcinados el 24 de diciembre del año pasado, 16 días después de su detención.
A lo largo del juicio, Amnistía Internacional señaló que "las Fuerzas Armadas se han resistido a reconocer su responsabilidad".
El tribunal determinó que la patrulla incumplió el debido proceso al no entregar a los menores a la policía especializada en delitos de adolescentes, como exige la ley, y al acusarlos injustamente de robo. . Además, estableció que los cuatro jóvenes fueron sometidos a torturas y tratos inhumanos y crueles.
A lo largo del proceso, el fiscal presentó pruebas que expusieron la crueldad del crimen y que incluyen, por ejemplo, un chat creado por los militares para coordinar un relato común, y audios y un video que documentaron las torturas.
Por pedido de la justicia, el ministro de Defensa, Gian Carlo Loffredo, ofreció en enero disculpas públicas.
En los exteriores de la sede judicial, familiares y vecinos aguardaban la resolución con fotografías de los cuatro niños y carteles con el lema “¡Ni perdón ni olvido!” como relata para RFI el corresponsal en Ecuador, Eric Samson.
De acuerdo con Amnistía Internacional, la Fiscalía ecuatoriana ha recibido denuncias por la posible desaparición forzada de una cincuentena de personas desde 2023, cuando empezó el mandato del presidente del país, Daniel Noboa.
(Con AFP y nuestro corresponsal en Ecuador, Eric Samson)
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