Los minoritarios partidos Justicia Social (JS), Partido de Unidad Nacional (PUN) y Opción Democrática (OD) rechazaron hoy una reciente decisión de la Junta Central Electoral (JCE), en respuesta a un fallo del Tribunal Superior Electoral (TSE), que introdujo "cambios significativos" en las condiciones que rigen a las organizaciones políticas, incluyendo la forma en que se determina su orden y el mecanismo de distribución del financiamiento público.
"La confianza ciudadana en las instituciones depende de que los procesos electorales se desarrollen bajo condiciones claras, justas y estables para todos los participantes. Es por ello, que las organizaciones consideran que modificar esas condiciones después de concluido un proceso electoral no sólo es un error: es una amenaza directa a la legitimidad del sistema democrático", aseguraron las organizaciones en un comunicado.
Los partidos Justicia Social (JS), Partido de Unidad Nacional (PUN) y Opción Democrática (OD) hicieron pública su posición con claridad: "las reglas del juego democrático no pueden ni deben reescribirse después de que el juego haya terminado, a menos de que se trate de nuevas reglas para aplicar en un próximo juego", agregó la información.
A su vez, exhortaron a la Junta Central Electoral y al Tribunal Superior Electoral a reconsiderar esta decisión, e invitan a la ciudadanía y a todas las organizaciones políticas a sumarse a la defensa del respeto a las normas que sostienen "nuestra democracia".
A principios de julio, la JCE anunció el nuevo orden que tendrán los partidos políticos en la boleta electoral para las elecciones de 2028, en cumplimiento de una sentencia del Tribunal Superior Electoral (TSE), que también impacta la distribución del financiamiento público a las organizaciones partidarias para este año.
La decisión surge luego de que los partidos Alianza País (AlPaís), País Posible (PP) y Dominicanos por el Cambio (DxC) interpusieran un recurso ante el TSE, argumentando que la anterior distribución violaba principios constitucionales, afectaba derechos adquiridos y aplicaba criterios restrictivos, contrarios al principio de igualdad.
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