Dirigentes del Partido de la Liberación Dominicana (PLD) condenaron este domingo la muerte de Darlin Enmanuel Mercado Reyes, el joven que falleció tras recibir un disparo de un cabo de la Policía Nacional durante un operativo en el sector La Cañada de Guajimía, en Herrera, Santo Domingo Oeste, y reclamaron que el caso no quede impune.
El secretario general del PLD, Johnny Pujols, calificó el hecho como una muestra de la gravedad de la violencia policial y sostuvo que resulta inaceptable que un ciudadano pierda la vida a manos de quienes tienen la responsabilidad de protegerla.
“La Policía existe para proteger al ciudadano de la violencia y la delincuencia, pero fue un policía quien le disparó. Es la inversión más grave que puede sufrir una sociedad. La mano que debe cuidar es la que hiere”, escribió el dirigente en sus redes sociales.
Pujols pidió que el agente implicado reciba la máxima sanción prevista por la ley y advirtió que el homicidio no debe sumarse a otros casos de presuntos abusos policiales que, según afirmó, aún esperan una respuesta de la justicia.
Por su parte, la vicepresidenta del PLD, Zoraima Cuello, expresó su solidaridad con los familiares de la víctima y calificó el crimen como un hecho incompatible con un Estado de derecho.
“La justicia debe actuar con firmeza. Y no podemos conformarnos con que este sea un caso que conmociona por unos días y luego cae en el olvido”, manifestó.
Cuello sostuvo además que el caso reabre el debate sobre la reforma policial y afirmó que el país continúa en deuda con una transformación institucional que garantice el respeto a los derechos humanos y prevenga los abusos de autoridad.
“Una reforma de verdad, que forme mejores agentes, prevenga los abusos y tenga como principio sagrado el respeto a la vida”, expresó.
Las declaraciones de ambos dirigentes se producen mientras el Ministerio Público solicita prisión preventiva contra el cabo José Francisco Moreta Heredia, imputado por la muerte de Darlin Mercado. La audiencia para conocer la medida de coerción fue fijada para este lunes en la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente de Santo Domingo Oeste.
El caso también reavivó el debate sobre las denuncias de ejecuciones extrajudiciales atribuidas durante años a actuaciones policiales presentadas oficialmente como "intercambios de disparos", una práctica que los diferentes gobiernos dominicanos (PRD, PLD y PRM) no han logrado erradicar, la cual ha sido cuestionada por organizaciones de derechos humanos y que figura entre los principales desafíos que busca corregir el proceso de reforma policial.
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