Tras la promulgación del nuevo Código Penal, diversas figuras del ámbito político, jurídico y religioso han reaccionado ante su contenido.
Mientras algunos sectores celebran la aprobación de una normativa esperada por más de dos décadas como un avance, otros han manifestado sus preocupaciones sobre artículos que podrían vulnerar derechos constitucionales.
Entre las principales críticas se encuentra las realizadas al artículo 310, que sanciona las ofensas verbales o gestuales contra funcionarios públicos, considerado como inconstitucional y peligroso para la libertad de expresión.
En ese orden, el vicepresidente ejecutivo de la Fundación Institucionalidad y Justicia (Finjus), Servio Tulio Castaños, calificó como inconstitucional el artículo 310 del nuevo Código Penal que versa sobre el ultraje contra funcionarios y servidores públicos, el cual establece penas desde los quince días hasta un año de prisión menor y multa de dos a tres veces el salario que perciba el funcionario al momento de la infracción.
Señaló que esta disposición ya había sido objeto de revisión por parte del Tribunal Constitucional (TC) en el pasado, cuando una norma similar fue incluida en la Ley de Partidos Políticos y posteriormente anulada por violar derechos fundamentales.
“Hay una sentencia del Tribunal Constitucional que declaró una disposición parecida como inconstitucional. No es la primera vez que esto ocurre”, manifestó.
Además, Castaños advirtió que existen otros artículos en el nuevo Código que “atentan contra la dignidad del ser humano” y que requieren ser revisados, como temas relacionados con la discriminación y los derechos de las mujeres, los cuales consideró deben tratarse con mayor responsabilidad jurídica.
Añadió que Finjus ya inició un proceso de análisis con un equipo de expertos y tiene previsto entregar una propuesta concreta de reforma al presidente de la República Luis Abinader, en las próximas semanas.
De su lado, el diputado nacional del Partido Revolucionario Dominicano (PRD), Ramón Raposo dijo que el próximo 17 de agosto introducirá una propuesta de modificación al recién promulgado Código Penal, con el objetivo de corregir artículos que, a su juicio, afectan derechos fundamentales como la libertad de expresión y de manifestación.
El legislador aseguró que el nuevo Código Penal representa un avance esperado por la sociedad dominicana, pero contiene aspectos que deben ser revisados antes de que entre en vigencia en agosto 2026.
“Siempre dijimos que el Código tiene fortalezas, pero también debilidades. Hay artículos que laceran el empoderamiento ciudadano y la libertad de manifestación, y por eso ya nos estamos preparando con un equipo de técnicos y juristas para someter cambios”, señaló.
Mientras que el presidente del Consejo Dominicano de Unidad Evangélica (Codue), Feliciano Lacen Custodio, valoró la aprobación del Código Penal como “un logro esperado tras más de dos décadas de estancamiento legislativo”. Sin embargo, advirtió sobre la falta de consenso y socialización de otras leyes que han sido aprobadas al margen del debate público.
Lacen Custodio reconoció que el nuevo Código Penal no es “perfecto” ni la solución definitiva a todos los problemas del sistema judicial, pero considera que se trata de una herramienta necesaria para el fortalecimiento de la justicia dominicana.
En ese mismo orden, la directora de Ética e Integridad Gubernamental (Digeig), Milagros Ortiz Bosch, valoró como un “avance significativo” la promulgación del nuevo Código Penal, indicando que representa un cambio profundo respecto al marco legal anterior, aunque reconoció que no responde a todas las expectativas sociales.
“Aparecieron muchos delitos nuevos y también nuevas formas de investigación, como la inteligencia digital, que requieren una regulación moderna”, manifestó.
Ortiz Bosch indicó que el nuevo código no ha dejado a todos conformes, pero que “eso” es parte del proceso democrático.
“Nunca se queda todo el mundo contento, pero hay que ser inteligentes y desarrollar nuevas estrategias”, expresó, citando como ejemplo los avances que contempla la normativa en el ámbito de la protección a menores, donde se incluye la participación del sector médico en decisiones terapéuticas.
De su lado, la alcaldesa de Santo Domingo Norte, Betty Gerónimo expresó su respaldo al nuevo Código Penal aprobado recientemente, indicando que representa un paso firme en la protección a la vida, la familia y la niñez.
Gerónimo hizo un llamado a la sociedad a involucrarse más allá del marco legal.
“No se trata solo del Código, se trata de poner cada quien su granito de arena para cambiar y ofrecer lo mejor a las nuevas generaciones”, precisó.
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