La Junta Central Electoral (JCE) enfrenta un proceso de ejecución de una sentencia en Estados Unidos que podría terminar el próximo 1 de octubre con la subasta de equipos, mobiliario y otros bienes de su oficina en Manhattan, en un litigio con la empresa Latin Events, LLC.
El conflicto tiene su origen en servicios contratados o reclamados por la empresa alrededor de una actividad realizada en Nueva York en noviembre de 2023. La disputa pasó de un reclamo comercial a los tribunales y actualmente involucra una sentencia emitida en Estados Unidos, un proceso de homologación en República Dominicana, recursos de apelación y medidas de embargo.
Para entender qué está ocurriendo, estas son las principales claves del caso.
¿Cuánto dinero reclama Latin Events?
La sentencia emitida por la Corte de Distrito de Estados Unidos para el Distrito Sur de Nueva York ordenó a la JCE pagar US$838,337.50 a Latin Events.
Con recargos y gastos acumulados, el monto de la ejecución asciende actualmente a US$982,261.88, según informó el abogado Julio Cury, representante legal de Latin Events en República Dominicana. Sobre esa suma continúan calculándose intereses.
La empresa sostiene que originalmente había un acuerdo por US$1 millón y que la JCE solo pagó US$ 230,000, por lo que quedó pendiente un balance de US$ 770,000, además de los intereses correspondientes.
La JCE, sin embargo, mantiene una posición diferente sobre una parte de esos servicios.
¿Por qué comenzó el conflicto?
El origen está relacionado con una actividad desarrollada en noviembre de 2023 en el Citi Field de Nueva York, en el marco de la serie entre los Tigres del Licey y las Águilas Cibaeñas.
De acuerdo con los documentos del caso, la JCE habría suscrito el 30 de octubre de 2023 un acuerdo con Latin Events por US$1 millón para servicios vinculados con una campaña de registro de votantes dirigida a dominicanos residentes en Nueva York y estados cercanos.
Entre los servicios contemplados figuraban la impresión de 15,000 boletos para el partido, el suministro de 20,000 almuerzos y una campaña publicitaria. La empresa sostiene que esos servicios formaban parte del monto reclamado.
La versión de la JCE es que sí acordó con Latin Events determinados servicios de publicidad y logística, por los cuales pagó US$230,000 mediante una transferencia bancaria internacional realizada el 21 de mayo de 2024.
El organismo sostiene que posteriormente Latin Events presentó otras facturas por servicios que la JCE no había contratado, entre ellas una por US$600,000 más US$53,250 de impuestos por 15,000 boletos impresos.
Por eso, uno de los puntos centrales de la controversia es determinar qué servicios fueron efectivamente contratados por la JCE y cuáles son reclamados por Latin Events como obligaciones pendientes.
¿Qué decidió el tribunal de Nueva York?
La Corte de Distrito de Estados Unidos para el Distrito Sur de Nueva York emitió el 26 de noviembre de 2025 una sentencia que condenó a la JCE al pago de US$838,337.50.
La sentencia corresponde al caso 1:25-cv-02830-PKC.
Posteriormente, el fallo fue registrado ante la Secretaría del Condado de Nueva York el 20 de agosto de 2026, paso que permitió avanzar con el proceso de ejecución sobre bienes de la institución ubicados en ese estado.
La JCE sostiene que no pudo ejercer adecuadamente su defensa en el proceso estadounidense porque, según su versión, no fue válidamente notificada en su sede de República Dominicana. La institución también ha alegado que no existe evidencia de autorización del Pleno ni de su presidente para contratar los servicios adicionales reclamados por Latin Events.
¿Qué significa el embargo de los bienes de la JCE?
El embargo es una medida de ejecución mediante la cual se identifican bienes del deudor que pueden ser utilizados para satisfacer una obligación reconocida judicialmente.
En este caso, un alguacil de la ciudad de Nueva York, Martin A. Bienstock, notificó el 6 de septiembre de 2026 un Aviso de Embargo y Venta correspondiente al expediente M 373516.
La medida alcanza bienes ubicados en la oficina de la JCE en 1501 Broadway, suite 410, Manhattan. Entre ellos aparecen computadoras, impresoras, equipos electrónicos, mesas, sillas, televisores, mobiliario, obras de arte y otros enseres.
Es decir, no se trata de un embargo sobre las instalaciones físicas de la JCE ni de una orden para cerrar la oficina. Lo que está sujeto al procedimiento son bienes muebles localizados en esa oficina.
¿Cuándo sería la subasta?
El aviso establece como fecha para la venta pública el 1 de octubre de 2026, a las 9:00 de la mañana.
La subasta no necesariamente ocurriría si la obligación es pagada antes. De acuerdo con el aviso, la venta puede evitarse si la deuda es saldada completamente al menos 72 horas antes de la fecha fijada.
Por tanto, la fecha anunciada constituye el próximo punto crítico del proceso, pero no significa que la subasta necesariamente vaya a realizarse.
¿La JCE puede perder todos sus bienes?
La medida actualmente identificada alcanza los bienes incluidos en el aviso de embargo de la oficina de Manhattan.
La eventual venta dependerá del desarrollo del proceso de ejecución y de las actuaciones que puedan producirse antes de la fecha fijada.
Yván Lorenzo, vicepresidente del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), pidió este martes que la JCE busque una conciliación con Latin Events antes de llegar a la subasta. Advirtió además que, si el mobiliario embargado no cubriera el monto reclamado, la ejecución podría alcanzar otros equipos de la institución. Esa posibilidad forma parte de su planteamiento político, no de una nueva orden de embargo informada hasta el momento.
¿Qué ha ocurrido en República Dominicana?
El conflicto también llegó a los tribunales dominicanos. Latin Events solicitó que la sentencia dictada en Estados Unidos fuera reconocida y ejecutada en República Dominicana. La Tercera Sala de la Cámara Civil y Comercial del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional acogió esa solicitud mediante el Auto núm. 036-2026-SAUT-00294, de fecha 29 de junio de 2026.
La JCE apeló esa decisión el 16 de julio de 2026 y emplazó a Latin Events para que comparezca ante la Cámara de lo Civil y Comercial de la Corte de Apelación del Distrito Nacional.
Esto significa que, aunque existe una sentencia estadounidense y una decisión de primera instancia en República Dominicana que reconoció esa sentencia, la JCE mantiene abierto un recurso de apelación en el país.
¿Intentaron embargar dinero de la JCE en República Dominicana?
Latin Events solicitó a Banreservas la retención de RD$108.72 millones de fondos de la JCE para ejecutar en el país la sentencia obtenida en Estados Unidos.
Sin embargo, el Banco de Reservas rechazó la solicitud.
La entidad bancaria fundamentó su decisión en la Ley 86-11 y en la sentencia 0048-2015 del Tribunal Constitucional, que establecen restricciones para la inmovilización de fondos públicos, salvo determinadas condiciones vinculadas con una sentencia definitiva.
La JCE también utiliza este punto dentro de su estrategia judicial para cuestionar la ejecución en República Dominicana.
¿Cuál es la posición de la JCE?
La Junta sostiene que no contrató algunos de los servicios por los cuales Latin Events reclama el pago y que no existe evidencia de que esos compromisos hayan sido aprobados o autorizados por el Pleno o por el presidente de la institución.
La JCE también cuestiona la forma en que fue notificada del proceso en Estados Unidos y sostiene que esa situación le impidió ejercer su derecho de defensa. Por esa razón anunció que recurriría la sentencia por las vías judiciales disponibles.
Al mismo tiempo, la institución reconoce que sí mantuvo una relación contractual con Latin Events para determinados servicios de publicidad y logística y que esos compromisos fueron pagados por US$ 230,000. Su controversia se concentra en los servicios adicionales que la empresa posteriormente facturó y que la JCE afirma no haber contratado.
¿Qué sostiene Latin Events?
Latin Events sostiene que existe una deuda derivada del acuerdo suscrito con la JCE y que el pago realizado por US$230,000 no cubrió la totalidad de los servicios contratados.
Su abogado en República Dominicana, Julio Cury, ha defendido la ejecución de la sentencia y señalado que la empresa agotó gestiones para conseguir un pago voluntario antes de recurrir a medidas compulsivas en Estados Unidos y República Dominicana.
La empresa, por tanto, actúa sobre la base de una sentencia que le reconoció judicialmente un crédito frente a la JCE.
¿En qué punto está el caso ahora?
El caso tiene dos frentes abiertos: en Estados Unidos, el proceso se encuentra en fase de ejecución de la sentencia y ya existe un aviso de embargo y venta sobre bienes de la oficina de la JCE en Manhattan. La subasta está pautada para el 1 de octubre, salvo que la obligación sea saldada o que alguna actuación judicial modifique el procedimiento.
En República Dominicana, la JCE apeló la decisión que homologó la sentencia estadounidense. Además, el intento de retener RD$108.72 millones de sus fondos en Banreservas fue rechazado por el banco.
Mientras esos procesos avanzan, la controversia de fondo sigue siendo la misma: Latin Events sostiene que la JCE debe pagar por servicios incluidos en el acuerdo y posteriormente facturados, mientras que la Junta afirma que ya pagó los servicios que contrató y niega haber autorizado parte de los servicios por los que se le reclama el dinero.
La fecha más inmediata del proceso es el 1 de octubre, cuando está prevista la subasta de los bienes identificados en la oficina de la JCE en Manhattan, si antes no se produce el pago total de la obligación o una actuación que detenga el procedimiento.
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