El Gobierno dominicano dispuso que las compras vinculadas con determinados programas sociales sean exclusivamente a micro, pequeñas y medianas industrias (mipymes industriales) de producción nacional.
La condición es que estas puedan cumplir con las cantidades, especificaciones y estándares de calidad requeridos.
La medida está contenida en el Decreto 672-26 y alcanza adquisiciones relacionadas con alimentos, vestimenta, útiles escolares y otros bienes destinados a programas de atención a población vulnerable.
Una reserva condicionada a la capacidad de los proveedores
Las empresas interesadas deberán demostrar que pueden responder a las necesidades de las instituciones públicas, tales como Supérate, la Dirección de Asistencia Social y Alimentación Comunitaria (Dasac), el Instituto Nacional de Bienestar Estudiantil (Inabie), la Policía Nacional, el Servicio Nacional de Salud (SNS) y el Ministerio de Educación.
Asimismo, el Ministerio de Defensa, Inaipi, Conani, Conape, Promese/CAL y la Dirección General de Servicios Penitenciarios y Correccionales.
El decreto aclara que no todas las compras de esas instituciones estarán sujetas a la medida, sino únicamente las relacionadas con los programas y productos contemplados.
La competencia sigue siendo obligatoria
Aunque las compras se reservan a mipymes industriales nacionales cuando exista oferta suficiente, los procesos deberán desarrollarse mediante procedimientos competitivos y de acuerdo con la Ley 47-25 de Contrataciones Públicas y su reglamento.
Las instituciones deberán consultar el Registro de Proveedores del Estado a través del Sistema Electrónico de Contrataciones Públicas para determinar si existen empresas capaces de suministrar los bienes requeridos.
Si no encuentran proveedores que cumplan las condiciones, deberán abrir un llamado a manifestación de interés. La falta de ofertas o de capacidad para satisfacer los requerimientos puede llevar a declarar desierto el procedimiento.
La medida se incorpora, además, a un marco de contratación pública que durante 2026 ha ampliado la participación de las mipymes.
Los contratos adjudicados a estas empresas alcanzaron RD$12,151 millones durante el primer trimestre del año, frente a RD$3,561 millones en igual período de 2025.
Registro industrial y certificación
Las empresas interesadas deberán disponer de un registro industrial expedido por Proindustria y de la certificación MIPYMES del Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes (MICM).
Las lideradas por mujeres deberán contar, además, con la certificación MIPYMES Mujer.
El decreto también crea una mesa de coordinación entre el MICM y la Dirección General de Contrataciones Públicas (DGCP), que deberá dar seguimiento a la aplicación de la medida, identificar sectores estratégicos y actualizar la información sobre la oferta productiva nacional.
Un esquema que ya tenía antecedentes
La nueva disposición retoma una política que el Gobierno había establecido mediante el Decreto 31-22, que reservó compras de varias instituciones sociales a mipymes industriales.
El Decreto 672-26 añade mecanismos de seguimiento, registro y coordinación institucional, además de exigir que los productos adquiridos cumplan las normas técnicas nacionales aplicables.
Cuando no exista una norma específica, el decreto encarga al Instituto Dominicano para la Calidad (Indocal) priorizar su elaboración, dentro de sus competencias y disponibilidad presupuestaria.
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