La sentencia del Tribunal Constitucional TC/1774/25 recibió hoy el rechazo del Frente Amplio (FA) que la considera inconstitucional y contraria al principio de transparencia, al excluir a las Administradoras de Riesgos de Salud (ARS) privadas de la aplicación de la Ley General de Libre Acceso a la Información Pública (Ley 200-04).
La organización política afirmó que dicha decisión "debilita gravemente el derecho fundamental de acceso a la información, consagrado en la Constitución, y favorece la opacidad en un sector que gestiona un servicio público esencial como es la salud, financiado mediante cotizaciones obligatorias establecidas por ley".
Solo recursos consignados en el Presupuesto General
“El Tribunal Constitucional -añade el Frente Amplio en un comunicado- adopta una interpretación formalista y restrictiva, reduciendo el concepto de fondos públicos exclusivamente a los recursos consignados en el Presupuesto General del Estado, ignorando que las ARS administran recursos de la seguridad social de carácter obligatorio, destinados a garantizar el derecho fundamental a la salud de millones de dominicanos y dominicanas”.
El FA advirtió que, aunque las ARS tengan naturaleza privada, ejercen funciones de interés general, operan bajo autorización estatal previa y están sometidas a una regulación intensa, por lo que no pueden ser equiparadas a simples empresas privadas ordinarias, ni quedar exentas del escrutinio ciudadano.
Asimismo, cuestionó que el Tribunal pretenda sustituir el derecho directo de la ciudadanía a la información por un control indirecto a través de la SISALRIL, señalando que la supervisión administrativa no reemplaza el derecho constitucional a la transparencia, ni garantiza el control social efectivo sobre entidades que manejan recursos de alto impacto público.
Contradictorio que SeNaSa sí está sujeto a la Ley 200-04
Destacó como contradictorio que el propio Tribunal reconozca que el SeNaSa sí está sujeto a la Ley 200-04 por administrar fondos públicos, mientras excluye a las ARS privadas, "creando una peligrosa asimetría de transparencia dentro del mismo sistema de salud", denunció.
Finalmente, el partido verde y amarillo hizo un llamado a los sectores sociales, académicos y políticos a impulsar una reforma legal y constitucional que garantice la transparencia plena en el sistema de seguridad social, y advirtió que decisiones como esta erosionan la confianza pública, favorecen la impunidad administrativa y debilitan el control democrático sobre servicios esenciales.
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