Los partidos políticos dominicanos han recibido más de RD$10,000 millones del Estado en la última década, mientras la fiscalización sobre el uso de esos recursos sigue llegando tarde. La JCE distribuye los fondos y recibe informes; la Cámara de Cuentas debe auditarlos, pero entre ambas instituciones persiste una brecha que impide conocer a tiempo el destino final del dinero, la forma en que se gasta y las sanciones aplicadas cuando se detectan irregularidades.
El financiamiento combina recursos públicos y aportes privados para gastos ordinarios y de campaña. La Ley 20-23 de Régimen Electoral dispone que en años de elecciones generales se consigne el equivalente al 0,5 % de los ingresos nacionales y, en años no electorales, el 0,25 %. La Ley 33-18, a su vez, establece los criterios de distribución entre partidos mayoritarios, intermedios y minoritarios.
Según analistas, el punto central no es solo el monto que reciben las organizaciones políticas, sino la posibilidad real de verificar su uso. Para que exista rendición de cuentas, debe quedar claro quién cobra, qué servicio presta, qué contrato respalda el pago, qué aportes privados ingresan y qué consecuencias se aplican cuando se detectan incumplimientos.
La ruta del dinero
La Resolución 8-2025 de la Junta Central Electoral confirmó el peso de esos recursos en la vida partidaria. La distribución benefició a las organizaciones reconocidas y concentró los mayores montos en los partidos Revolucionario Moderno, Fuerza del Pueblo y de la Liberación Dominicana.
Los montos suben en años electorales o preelectorales y bajan en años ordinarios. También reflejan decisiones presupuestarias puntuales, como partidas extraordinarias, reglas legales de distribución y ajustes vinculados al calendario electoral.
La evolución del financiamiento público muestra saltos importantes en los años cercanos a las elecciones. En 2017, los partidos recibieron RD$805,043,462; en 2018, la asignación subió a RD$1,260,400,000; en 2019 llegó a RD$1,506,933,594; y en 2020, año electoral, alcanzó RD$4,013,903,594.
Luego, entre 2021 y 2023, la asignación se estabilizó en RD$1,260,000,000 por año. Pero en 2024, otro año electoral, volvió a crecer hasta RD$5,041,600,000; para 2025 bajó a RD$1,500,000,000; y en 2026 la Resolución 01-2026 aprobó RD$1,620,000,000, aunque un recorte de 50 % la reduciría a unos RD$810,000,000.
El debate sobre el monto de esos recursos volvió en 2026. Este año, el presidente Luis Abinader propuso reducir en un 50 % la partida destinada a los partidos políticos, como parte de medidas de austeridad y de revisión del gasto público.
Para especialistas en transparencia, la medida colocó sobre la mesa una tensión recurrente: reducir el gasto público sin debilitar la pluralidad partidaria ni aumentar la dependencia de aportes privados difíciles de rastrear.
La diferencia de funciones es importante. La JCE organiza elecciones, reconoce partidos, distribuye fondos públicos y recibe informes. La Cámara de Cuentas debe auditar el uso del dinero público. Cuando una entrega de fondos no va acompañada de auditoría oportuna, el control queda incompleto.
El reparto sigue
El tema también llegó al Tribunal Superior Electoral. El 10 de agosto de 2026, el TSE rechazó una solicitud que buscaba detener la Resolución 01-2026 de la JCE, pero dejó abierto el conocimiento del fondo del caso.
En términos prácticos, el tribunal permitió que el reparto continuara porque entendió que no había razones suficientes para suspenderlo de inmediato. Eso significa que todavía no ha decidido si la resolución de la JCE es correcta o incorrecta.
El volumen del financiamiento confirma la dimensión del problema. Las elecciones de 2016, 2020 y 2024 muestran un aumento sostenido del gasto público destinado a la competencia partidaria.
El gasto electoral público crece con rapidez, pero la fiscalización sigue rezagada. El Estado aumenta el costo de la competencia partidaria sin exigir, con la misma fuerza, controles oportunos sobre proveedores, cuentas bancarias, beneficiarios finales, aportes privados y sanciones efectivas, juicio de analistas consultado
El rastro se vuelve más difícil cuando los desembolsos aparecen bajo nombres generales como propaganda, movilización, comunicación, servicios profesionales u operaciones internas. Esas categorías no son ilegales, pero dicen poco si no vienen acompañadas de contratos, facturas, proveedores, beneficiarios finales y soportes bancarios. Para cualquier ciudadano, el dato importante no es solo cuánto se gastó, sino quién recibió el dinero, por cuál servicio y con qué soporte.
Fiscalización tardía
Expertos electorales advierten que la JCE no puede limitarse a ser una ventanilla que entrega dinero y recibe carpetas. Si distribuye fondos públicos a los partidos, también debe exigir información clara, completa y verificable antes, durante y después del gasto. Recibir informes no basta cuando esos informes no permiten saber quién cobró, qué servicio prestó y si el pago fue real.
El propio reclamo de la JCE a las organizaciones políticas confirma esa debilidad: los partidos deben presentar cada año una relación detallada de ingresos y gastos, y la entrega de fondos puede quedar condicionada a que depositen su presupuesto general y sus informes financieros dentro de los plazos legales.
Además de rendir cuentas ante la JCE, las organizaciones que reciben recursos públicos deben remitir información financiera a la Cámara de Cuentas para fines de auditoría. Esa documentación debe permitir reconstruir el origen y destino del dinero, no solo cumplir con una entrega formal.
La documentación exigida debe incluir estados financieros anuales, ingresos, gastos, fondos públicos recibidos, aportes privados, donaciones, presupuesto general y ejecución de los recursos. También debe registrar la identidad de contribuyentes y donantes, junto con el origen del dinero aportado.
La fiscalización requiere soportes concretos de cada gasto: contratos, facturas, comprobantes, pagos a proveedores, registros contables y conciliaciones bancarias. En campaña, los partidos también deben presentar informes con los ingresos y gastos usados durante la competencia electoral.
En 2024, el presidente de la JCE, Román Jáquez, recordó que las organizaciones que no habían reportado sus gastos de campaña podían hacerlo hasta mediados de 2025, debido a la prórroga de seis meses prevista en la ley. Ese margen muestra que el sistema permite regularizar tarde información que debería estar disponible antes de que el dinero pierda trazabilidad pública.
Analistas en control público también colocan a la Cámara de Cuentas bajo cuestionamiento. Su papel no debe ser revisar documentos años después, cuando el dinero ya se gastó, la campaña terminó y los cargos fueron ocupados. Una auditoría tardía puede describir una irregularidad, pero no impide que esa irregularidad haya influido en una elección.
Añade que entre una institución que recibe informes y otra que audita tarde se abre un espacio de impunidad administrativa. En ese espacio, la ciudadanía queda sin una respuesta rápida sobre proveedores, contratos, donantes, gastos en efectivo y sanciones.
Fiscalizar no es archivar reportes. Fiscalizar es comprobar. Es cruzar datos bancarios, verificar facturas, identificar beneficiarios finales, revisar si los precios tienen sentido, detectar donaciones sospechosas y aplicar sanciones cuando corresponde. Si ese trabajo no se hace a tiempo, el control se convierte en una formalidad, precisa.
Los reportes disponibles sobre auditorías partidarias muestran fallas que se repiten y que no pueden tratarse como simples errores de archivo: pagos sin soporte suficiente, diferencias contables, cheques sin documentación completa, comprobantes incompletos y debilidades en conciliaciones bancarias.
Cuando la JCE entrega recursos sin una verificación profunda y la Cámara de Cuentas audita tarde, el ciudadano queda obligado a confiar en declaraciones incompletas. Una auditoría posterior puede señalar una falta, pero rara vez repara la ventaja política que produjo un gasto irregular.
Dinero fuera del radar
Para los expertos consultados, el financiamiento privado agrava la falla fiscalizadora. Los aportes pueden entrar por donaciones, préstamos, apoyos empresariales, gastos pagados por terceros o estructuras territoriales que no siempre aparecen con claridad en los reportes oficiales. Una contribución puede parecer legal en un formulario, pero seguir siendo opaca si se fracciona, se canaliza por intermediarios o se cubre con efectivo.
La sospecha no equivale a prueba ni a responsabilidad penal; sin embargo, la falta de trazabilidad abre una puerta que ningún sistema democrático serio debería dejar abierta: la posibilidad de que contratistas, prestanombres, intereses económicos ocultos o fondos ilícitos compren influencia política antes de que alguien pueda detectarlo.
Las campañas paralelas concentran ese riesgo: publicidad contratada por aliados, eventos pagados fuera de la contabilidad partidaria, estructuras de movilización financiadas localmente, influenciadores sin reporte transparente y gastos asumidos por grupos de apoyo. Cuando ese circuito queda fuera de auditoría, el informe oficial muestra solo una parte de la campaña real.
Filtros rotos
Para especialistas en transparencia electoral, los expedientes de narcotráfico y lavado no prueban por sí solos responsabilidad partidaria, pero sí exponen fallas de filtro. Cuando dirigentes, legisladores, regidores o aspirantes llegan a la competencia política con riesgos financieros relevantes, el problema ya no es solo penal: también es fiscalizador. El sistema debe detectar señales antes de que esas personas financien estructuras, ganen influencia territorial o alcancen cargos públicos.
El caso de Miguel Gutiérrez Díaz ilustra esa grieta. Según reportes basados en la sentencia federal del Distrito Sur de Florida, el exdiputado del PRM por Santiago fue condenado el 3 de abril de 2024 a 192 meses de prisión por conspiración para distribuir cocaína hacia Estados Unidos y conspiración para cometer lavado de dinero. También se informó que aceptó haber movido drogas entre 2014 y 2020, tanto antes como durante su ascenso político.
El expediente de Rosa Amalia Pilarte plantea otra arista. El Pleno de la Suprema Corte de Justicia ratificó el 29 de agosto de 2025 la condena de cinco años de prisión contra la exdiputada por lavado de activos y confirmó el decomiso de 13 bienes inmuebles. La decisión señaló que movilizó más de RD$4,400 millones en cuentas bancarias, pese a declarar ingresos por alrededor de RD$16 millones entre 2003 y 2021.
En el nivel municipal también aparecen señales de alerta. Según documentos del proceso y reportes públicos, Edickson Herrera Silvestre, regidor del Distrito Nacional por el PRM para el período 2024-2028, se entregó voluntariamente el 14 de mayo de 2025 a autoridades de Estados Unidos tras ser acusado en una corte federal del Distrito Sur de Florida de conspirar para distribuir, importar y traficar más de cinco kilogramos de cocaína. Luego se declaró no culpable, por lo que mantiene la presunción de inocencia.
No todos los expedientes tienen el mismo peso jurídico: una condena no es igual a una acusación, una investigación no equivale a culpabilidad y un señalamiento público no sustituye una prueba judicial. La línea de fiscalización pendiente es concreta: el sistema debe demostrar capacidad real para detectar dinero ilícito que pudiera entrar mediante efectivo, testaferros, empresas pantalla, aportes indirectos o gastos asumidos por terceros antes de que influya en una elección.
Recursos oficiales en campaña
En una campaña oficialista, el uso de recursos públicos exige un escrutinio aún mayor, porque la frontera entre gestión de gobierno, propaganda institucional y promoción partidaria puede volverse difusa. Vehículos, nóminas, publicidad estatal, actos oficiales, programas sociales y estructuras territoriales financiadas por el Estado no deben convertirse en ventajas electorales encubiertas.
Cuando esos recursos se usan directa o indirectamente para favorecer al partido en el poder, la competencia deja de ser equitativa y el dinero público termina financiando una maquinaria política sin control oportuno, algo que ha sido cuestionado por sectores de la sociaedad civil en diferentes procesos electorales.
Gastos encubiertos
El examen regresa entonces a los gastos cotidianos de la política: comunicación, pagos a activistas, alquileres, transporte, combustible, encuestas, publicidad digital, servicios profesionales y nóminas internas. Todos pueden ser rubros legítimos. Pero si no se identifica con precisión al proveedor, el servicio prestado, el beneficiario final y el soporte de pago, el gasto se convierte en una zona de sombra.
Una auditoría útil debe reconstruir la operación completa: origen del recurso, autorización interna, canal de pago, proveedor, beneficiario final, soporte documental y compatibilidad con la ley. También debe activar alertas frente a donaciones divididas, pagos en efectivo no registrados, préstamos sin condiciones verificables, aportes de suplidores del Estado o recursos canalizados por terceros.
Expertos electorales consideran que el uso de recursos públicos en campaña es otra zona gris. El problema aparece cuando la gestión del gobierno, la publicidad oficial, los programas sociales o los actos públicos se mezclan con la promoción de un partido o candidato. Esa crítica no debe depender del color partidario: en distintos momentos se han señalado prácticas parecidas en gobiernos encabezados por Leonel Fernández, Danilo Medina y Luis Abinader.
Por eso, el control debe ser igual para todos. La JCE, la Cámara de Cuentas, la Contraloría y los órganos de compras públicas deberían vigilar en tiempo real la publicidad oficial, los programas sociales y los contratos del Estado durante los procesos electorales. Sin ese control, el dinero público puede terminar funcionando como una ventaja para el partido gobernante.
La deuda pendiente
Los vacíos pendientes recaen directamente sobre la JCE y la Cámara de Cuentas. El país todavía no sabe con claridad qué parte del dinero público termina en nóminas partidarias, qué empresas concentran contratos de propaganda, cuántos pagos se hacen en efectivo, quiénes son los mayores donantes privados, qué aportes vienen de terceros y cuántas observaciones terminan en sanciones reales.
Analistas coinciden en que el país no enfrenta solo una discusión sobre cuánto dinero deben recibir los partidos. Enfrenta una pregunta más seria: si la JCE y la Cámara de Cuentas van a fiscalizar de verdad o si el control seguirá siendo una simulación burocrática. Mientras las auditorías lleguen tarde, los datos no estén abiertos y las sanciones no se sientan, la política seguirá moviendo dinero que todos pagan, pero que casi nadie puede seguir.
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